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Jurisprudencia

«Revolving»: primera Audiencia Provincial que mantiene su criterio tras el fallo del Supremo

La AP de Oviedo confirma el carácter usurario de una tarjeta «revolving» de Cofidis que encerraba una TAE del 22,95 %

(Foto: Técnicas Jurídicas)


Jurisprudencia

«Revolving»: primera Audiencia Provincial que mantiene su criterio tras el fallo del Supremo

La AP de Oviedo confirma el carácter usurario de una tarjeta «revolving» de Cofidis que encerraba una TAE del 22,95 %

(Foto: Técnicas Jurídicas)



La Audiencia Provincial de Oviedo ha confirmado el carácter usurario y, por ende, la nulidad del contrato de tarjeta de crédito revolving suscrito entre Cofidis y un consumidor en septiembre de 2006, bajo una TAE del 22,95 %.

Es “irrelevante” el informe de un auditor aportado por Cofidis ya que solo contiene una “hipótesis o especulación” sobre el interés medio de las tarjetas en septiembre de 2006

La sentencia, de 26 de mayo de 2022, examina un préstamo que fue suscrito en el mismo año que en el caso estudiado en la conocida STS 367/2022, de 4 de mayo.



El caso

El consumidor y Cofidis suscribieron en septiembre de 2006 un contrato de crédito revolving. Allí, entre otros extremos, se acordó una TAE del 22,95 %.

Más de una década después, el usuario reclamó extrajudicialmente, pero Cofidis negó que existiese usura.

«El Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Mieres estimó la demanda formulada y declaró la nulidad por usurario del contrato suscrito». (Foto: E&J)

Auxiliado por la Unión de Consumidores de Asturias, el consumidor decidió entablar la correspondiente demanda. Así pues, en enero de 2022, ya en sede judicial, el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Mieres estimó la demanda formulada y declaró la nulidad, por usurario, del contrato suscrito entre las partes, estando obligada la parte demandante a entregar únicamente la suma recibida y la demandada a abonar al actor todas las cantidades que hubiera aplicado en exceso del capital prestado.

Para llegar a tal conclusión, el Juzgador de instancia tuvo en cuenta que el interés medio de los créditos al consumo era entonces del 8,81 % y en el caso de autos el tipo impuesto al cliente superaba el doble de tal porcentaje.

Pese a lo anterior, Cofidis no se conformó y formuló apelación insistiendo en que la acción de restitución estaba prescrita y que no existía usura.

Audiencia Provincial de Oviedo

Después de descartar que exista prescripción alguna, la AP de Oviedo puntualiza que aquí no se enjuicia la conducta de la entidad recurrida, es decir, su modo de conducirse con el cliente a la hora de ejecutar el contrato, sino lo que se examina es el clausulado plasmado en el impreso que, a modo de contrato, fue diseñado en su integridad por Cofidis.

En el caso de autos nos enfrentamos ante un contrato otorgado en septiembre de 2006. Como es seguramente sabido, en ese momento no contábamos con estadísticas oficiales del interés medio de los contratos de tarjeta de pago aplazado, como es la de autos. En particular, fue a partir de 2010 cuando el Banco de España empezó a publicar el interés medio de las tarjetas de crédito y tarjetas revolving. “Es decir, se trata de un dato que es de cuatro años posterior al otorgamiento de nuestro contrato y no de una fecha próxima”, alerta la Sala. Por consiguiente, según el Tribunal, la referencia a tener en cuenta más cercana al tipo de contrato enjuiciado “es la media de los créditos al consumo en general, de lo que sí existen datos en la base del Banco de España y sí figuran en autos”.

La referencia a tener en cuenta más cercana al tipo de contrato enjuiciado “es la media de los créditos al consumo en general

En este sentido, la Audiencia tilda de “irrelevante” el informe de un auditor aportado por Cofidis que solo contiene una “hipótesis o especulación” sobre el interés medio de las tarjetas en septiembre de 2006. “Lo que hay que tener en cuenta no es esta clase de teorizaciones sino los datos extraídos de las estadísticas publicadas por el Banco de España”, agrega.

Entonces, teniendo presente que la TAE prevista en el contrato alcanzaba el tipo del 22, 95 % y que el interés medio de los créditos al consumo era entonces del 8,81 %, la Sala expone que “este interés supera la mencionada media en 14,14 puntos y debe considerarse usurario”.

Aludiendo a las últimas novedades en la materia, el Tribunal indica que la nueva STS de 4 de mayo de 2022 declara que para saber si hay un interés superior al normal del dinero, si se trata de una tarjeta revolving, “hay que estar a los datos obtenidos de la base de datos del Banco de España respecto a este tipo de tarjetas -y puntualiza- «en las fechas próximas a la suscripción del contrato». Se añade que, si el interés del contrato está «muy próximo» a la media, no cabe usura”.

Fachada de la Audiencia Provincial de Oviedo. (Foto: El Comercio)

Llevando tales conclusiones al presente litigio, la AP de Oviedo evidencia que los datos extraídos de la base de datos “distan cuatro años de la fecha de celebración del contrato”, por lo que “no se refieren a «fechas próximas»”. Además, “el interés de nuestro contrato tampoco está «muy próximo» a la medía que cabe considerar partiendo de la propia doctrina del TS”.

En la misma línea, “debe puntualizarse que la nueva sentencia de 4 de mayo de 2022 estimó no usuraria una tarjeta revolving con el interés del 24,5 % porque la Audiencia había dado por probado que en fechas próximas a la del contrato litigioso, 2006, era habitual incluir en esta clase de tarjetas intereses entre el 23 y el 26 %, sin que el Supremo pudiese alterar estos peculiares hechos probados al no haberse interpuesto en esa ocasión recurso extraordinario por infracción procesal”, rememora ahora la AP de Oviedo.

Así las cosas, todos los razonamientos hasta aquí desgranados llevan a la Audiencia a desestimar el recurso de apelación planteado por Cofidis y a confirmar la sentencia de instancia.

Voz letrada autorizada

Unai Alonso González, abogado de la Unión de Consumidores de Asturias, ha asumido la dirección técnica del presente procedimiento.

“Es increíble lo que estamos viviendo con esta reclamación, el grado de contaminación es inaguantable”, asegura el letrado.

“La banca está invirtiendo una cantidad ingente de recursos en intentar tumbar, por todos los medios posibles, la aplicación de una ley que destapa la mayor vergüenza que puede reprocharse a una entidad de crédito, la aplicación de intereses usurarios”, reconoce.

En concreto, “hasta tal punto llega el hedor que obligan al TS a publicar notas de prensa aclarando sus propias sentencias porque los voceros de los usureros, algunos incluso representantes institucionales, sacrificando su prestigio profesional han pasado ya de la hipérbole a la tergiversación más burda con tal de avalar sus tesis de parte disfrazadas de ciencia jurídica”, concluye Alonso González.

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