Un alto empleado de la banca logra que se anule la cláusula que le subió la hipoteca tras ser despedido

La Audiencia Provincial de Málaga ha emitido una sentencia que pone el foco en una práctica poco visible pero relevante dentro del sector bancario: la inclusión de cláusulas contractuales que penalizan a los empleados de entidades financieras cuando dejan de formar parte de la plantilla.

En este caso, un alto empleado de un banco nacional vio cómo, tras ser despedido y obtener una resolución que calificaba el cese como improcedente, su entidad elevaba el interés de su préstamo hipotecario desde Euríbor -0,50% hasta Euríbor +3,75%, aplicando un tipo mínimo del 3,75%.

La Audiencia Provincial malagueña, en su sentencia n.º 668/2025 de 8 de septiembre, revoca la decisión del Juzgado de Primera Instancia n.º 20 y declara nula por abusiva la cláusula denominada “de empleado”, al entender que deja el cumplimiento del contrato al arbitrio de la entidad y vulnera los principios de buena fe y equilibrio entre las partes.

El fallo subraya que el prestatario, pese a haber sido trabajador del banco, no pierde su condición de consumidor cuando contrata un producto financiero destinado a fines personales.

La resolución destaca, además, la ausencia de información precontractual clara: la cláusula no figuraba ni en la solicitud del préstamo, ni en la oferta vinculante, y no se acreditó que se ofrecieran simulaciones del impacto económico del cambio de interés. Esta falta de transparencia, unida al hecho de que el encarecimiento del préstamo derivó de un despido improcedente causado por la propia entidad, llevó al tribunal a considerar que el banco incurrió en un comportamiento contrario a la buena fe contractual.

(Imagen: E&J)

El fallo, con ponencia de la magistrada Rosa Fernández Labella, ordena recalcular el préstamo sin aplicar la cláusula anulada y devolver las cantidades cobradas en exceso, con sus intereses.

Desde el despacho Ley 57 Abogados, que ha dirigido la defensa, se destaca que esta sentencia amplía la protección de los consumidores incluso a quienes, siendo empleados bancarios, no intervienen en la contratación como profesionales.

Más allá del caso concreto, la decisión apunta a un debate de fondo en el ámbito financiero: la frontera entre el vínculo laboral y la relación de consumo. El caso deja una imagen poco habitual —un trabajador de banca convertido en consumidor frente a su propia entidad— y un recordatorio claro de la Audiencia Provincial: ni la experiencia profesional, ni la condición de empleado justifican la renuncia a la transparencia ni al equilibrio contractual que deben regir las relaciones entre banco y cliente.