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Jurisprudencia

Un magistrado es sancionado por negarse a usar los medios ofimáticos puestos a su disposición

(Diseño: Cenaida López/Economist & Jurist)


Jurisprudencia

Un magistrado es sancionado por negarse a usar los medios ofimáticos puestos a su disposición

(Diseño: Cenaida López/Economist & Jurist)

El magistrado invocaba determinadas dolencias que le impedían el uso prolongado o habitual de los teclados



La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado, en su sentencia de 22 de julio de 2021, la sanción impuesta a un magistrado que se negaba a usar los medios ofimáticos puestos a su disposición para la transcripción de sus resoluciones judiciales.

En palabras del Alto Tribunal, “al magistrado sancionado le pareció inaceptable todo lo que no fuera el método de trabajo al que se había habituado, sin que pusiese en cambio el menor empeño en que se arbitrase una solución ofimática alternativa, inclusive la de programas de reconocimiento de voz”.

Sanción

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial impuso al juez, por su actuación como magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, una sanción de suspensión de un mes por la comisión de una falta muy grave de desatención en el ejercicio de los deberes judiciales prevista en el art. 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. (Foto: Eloi Gilabert/Cadena Ser)

Según el precepto citado, son faltas muy graves “la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales”.

Justificantes del magistrado para no usar los medios ofimáticos

  • En primer lugar, el magistrado aduce la inexistencia de una “obligación transcriptiva” por parte de los magistrados titulares.

En concreto, a su juicio, los “titulares judiciales” no están obligados a la transcripción de las resoluciones judiciales, tarea que está atribuida, afirma, al personal funcionarial auxiliar.

  • En segundo término, el Juez sancionado señala que en Galicia no existía una obligación a usar los medios ofimáticos por no haber sido homologados por la Comisión Permanente del Poder Judicial.
  • En tercer lugar, como nuevo justificante de su imposibilidad de emplear los medios ofimáticos puestos a su disposición, el magistrado alega que desde hace más de 15 años viene sufriendo determinadas dolencias que le impiden el uso prolongado o habitual de los teclados, y, más en concreto, el empleo de su pulgar derecho.

De hecho, según un informe médico de junio de 2017, se le recomienda al mismo “evitar movimientos repetitivos y/o traumatismos en la base del pulgar, como por ejemplo manipular teclados por tiempo prolongado”. Además, argumenta el magistrado que tal imposibilidad le fue incluso reconocida por el propio CGPJ: informe de 20 de septiembre de 2018 suscrito por el teniente fiscal del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo rehúye de los justificantes

  • Pues bien, respecto a la primera de las razones inferidas por el magistrado, el Alto Tribunal recuerda que, entre las distintas funciones asumidas por nuestros jueces y magistrados, hay algunas tareas materiales, como las referidas a establecer y fijar el texto y contenido que exterioriza cada una de las resoluciones judiciales a través de las que se ejercita la potestad jurisdiccional, que es cometido exclusivo del titular del órgano jurisdiccional.

Es decir, es necesario descartar que sea inherente a estas tareas materiales el trasladar la correspondiente minuta al personal auxiliar de la oficina judicial para que confeccione en su totalidad el texto definitivo de las resoluciones judiciales.

Además, subraya la Sala Tercera que la exigencia prevista en el art. 230.1 de la LOPJ que obliga a juzgados y tribunales a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos puestos a su disposición, afecta a todos los que prestan servicios en dichos órganos jurisdiccionales. Es decir, en palabras del Alto Tribunal, “la obligación de esa utilización de nuevas tecnologías incumbe al personal funcionarial de la oficina judicial en lo que se refiere a la redacción del texto final de las resoluciones judiciales; pero también incumbe al personal judicial en lo relativo a la redacción de minutas o instrucciones que ha de trasladar a la oficina para que se efectúe la redacción de ese texto final”.

  • En segundo lugar, sobre la homologación de los medios ofimáticos, la Sala Tercera advierte que no existe tal necesidad de homologación como condición indispensable para que rija la obligación de usar los medios ofimáticos puestos a disposición del personal tanto administrativo como judicial.

En particular, tal obligación procede directamente ex lege del ya citado art. 230.1 de la LOPJ y, en contra de lo que afirma el magistrado sancionado, no resulta condicionada por el tenor del párrafo segundo de tal precepto ni por el art. 8 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

“El magistrado invoca determinadas dolencias que le impiden el uso prolongado o habitual de los teclados”. (Foto: Economist & Jurist)

  • Por último, respecto a las patologías padecidas por el magistrado sancionado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo declara que resulta “forzoso rechazar su alegato de falta de responsabilidad por su negativa al uso de medios ofimáticos”.

En concreto, la dolencia alegada “no se presenta como causa justificativa bastante como para aducir una imposibilidad absoluta del uso del teclado en el período temporal en el que se producen las conductas sancionadas”, observa el Alto Tribunal.

Además, para mayor argumento, según anuncia la Administración autonómica, se le proporcionaron al magistrado diversos medios y soluciones técnicas alternativas (programa de reconocimiento de voz) que, sin embargo, fueron rechazados por el mismo y tachadas como “ineficaces”.

Así pues, la Sala Tercera llega a la conclusión de que al magistrado sancionado le parecía “inaceptable todo lo que no fuera el método de trabajo al que se había habituado, sin que pusiese en cambio el menor empeño en que se arbitrase una solución ofimática alternativa, inclusive la de programas de reconocimiento de voz”. El juez rechazó como supuestamente incompatible con su estado físico “todo lo que no fuera disponer de personal administrativo para transcribir al dictado sus resoluciones y para la transcripción de sus minutas, presentadas ésas de una manera extravagante y que requerían un esfuerzo singular por parte del personal auxiliar al que se le encomendaba tal tarea”, concluye la reciente sentencia.

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