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Jurisprudencia

Un segundo concesionario es condenado a indemnizar a un ex cliente con 2.000 euros por su práctica anticompetitiva

Equipo de redacción de Economist & Jurist.

Tiempo de lectura: 7 min

Publicado




Esta misma semana, bajo el titular Cártel de concesionarios: novedosa sentencia abre una vía de reclamación masiva, informábamos sobre el reciente fallo del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz, que condenaba a un concesionario, por su práctica anticompetitiva, a abonar 2.000 euros, en concepto de resarcimiento de daños, a un consumidor que compró un vehículo en su establecimiento en 2010.

Pues bien, acompañando a tal sentencia (91/2021, de 5 de abril), en la jornada de hoy hemos tenido conocimiento de otra dictada en el idéntico sentido y bajo la firma del mismo Juzgador.



“Los concesionarios llevaron a cabo una práctica contraria a las normas de competencia” (Foto: Como-contactar.com)

Hechos

El 17 de marzo de 2010, el consumidor (demandante) compró un vehículo a un concesionario de Cádiz (demandado) de la marca Volkswagen. Debemos subrayar que el aquí demandado es un concesionario distinto al de la noticia arriba mencionada. En este caso, el concesionario tiene sede en Cádiz capital y en dos enclaves de su provincia.

Como ya es sabido, el 28 de mayo de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dictó resolución en la que se declaraba acreditada una infracción muy grave del art. 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, constituida por la adopción e implementación de acuerdos de fijación de precios mediante determinación de descuentos máximos y en condiciones comerciales, y por un intercambio de información comercialmente sensible en el mercado español de la distribución de vehículos a motor, realizadas con manifiesta ocultación y secretismo, entre las empresas concesionarias, independientes y propios del fabricante de las marcas, Audi, Seat y Volkswagen, en colaboración con la Asociación de Concesionarios Españoles de Volkswagen, Audi y Skoda (ACEVAS), la Asociación de Concesionarios Seat (ANCOSAT) y las consultoras ANT Servicalidad S.L. y Horwath Auditores España S.L.P., siendo estas prácticas constitutivas de cártel, en diversos periodos y zonas, desde 2006 a junio de 2013.

El mercado afectado, según la propia resolución de la CNMC, se identifica con la distribución de vehículos de motor de la marca del grupo Volkswagen, concretamente Audi, Seat y Volkswagen, a través de los concesionarios propiedad del fabricante de esas marcas.

Los concesionarios llevaron a cabo una práctica contraria a las normas de competencia, realizando conductas ilícitas en el mercado de la distribución de vehículos a motor, consistente en acuerdos de fijación de precios mediante descuentos máximos y condiciones comerciales, precios de tasación o regalos ofrecidos y de servicios, además de un intercambio de información comercialmente sensible y estratégica del mercado, realizadas con manifiesta ocultación y secretismo.

En la misma línea, anunciaba la reiterada resolución de la CNMC que los acuerdos de fijación de precios, entre las conductas colusorias, eran considerados especialmente graves porque impedían a los consumidores beneficiarse de los menores precios y condiciones que resultarían de la competencia efectiva entre oferentes.

La Audiencia Nacional, mediante su sentencia de 26 de marzo de 2019, confirmó en vía judicial la resolución de la CNMC.

El 12 de septiembre de 2019, como ocurriera en el otro caso del cártel arriba aludido, la representación procesal del consumidor presentó demanda de Juicio Verbal contra el concesionario, ejercitando acción declarativa y de resarcimiento de daños, y solicitando en el suplico se dicte sentencia por la que “apreciando la comisión de una práctica anticompetitiva, acuerde el resarcimiento por daños y perjuicios causados en la cuantía de 2.000 euros”, con condena en costas.

En particular, fundamenta la demanda en la normativa de consumidores y usuarios y en la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, incorporada a nuestro ordenamiento a través del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores, reconociendo el derecho de la reclamación del resarcimiento por los perjuicios derivados de ilícitos de competencia, ya señalado con anterioridad a esta norma por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

¿Prescripción?

Se plantea por la demandada, con carácter previo, la prescripción de la acción.

Valora el concesionario que, al tratarse de una responsabilidad extracontractual, el plazo de prescripción es el de un año del art. 1968 del Código Civil, estando prescrita bien se cuente el mismo día desde que cesaron las prácticas colusorias -que según la Resolución de la CNMC fue en junio de 2013-, bien desde la incoación del expediente en agosto de 2013 o bien desde el dictado de la misma Resolución en 2015, sin que consten reclamaciones extrajudiciales anteriores a la demanda, no aportadas.

Pues bien, para resolver tal conflicto, la Magistrada-Juez alude al principio de efectividad, el cual responde al objetivo de que las normas y los procedimientos nacionales relativos al ejercicio de las acciones por daños se conciban y apliquen de forma que no hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho de la Unión Europea al pleno resarcimiento por los daños y perjuicios, ocasionados por una infracción del Derecho de la competencia.

Es un hecho que, en el caso del denominado cártel de coches, “las conductas no fueron conocidas por los perjudicados hasta mucho después del descubrimiento del cártel, ya que eran conductas ocultadas deliberadamente por sus miembros, careciendo de sentido las referencias que hace la demandada a la fecha de la compra del vehículo, a fin de tenerla en cuenta de alguna forma en relación al ejercicio de la acción por el perjudicado”, sostiene el reciente fallo.

En cambio, a juicio de la Magistrada-Juez, en los casos de acciones de daños antitrust, la fecha relevante es la “del conocimiento de la lesión (infracción y daño) pues en ese momento nace la pretensión indemnizatoria, y el inicio del plazo para su ejercicio, encontrándonos en un caso de abuso de posición dominante en que el perjudicado debe tener información suficiente para determinar el alcance del perjuicio sufrido. Se suele fijar la fecha de inicio del cómputo del plazo cuando se sanciona la conducta que es constatada por la autoridad de defensa de la competencia, ya que se puede conocer tras su publicación a los diferentes infractores, el periodo en que se hizo la conducta y las circunstancias de la misma”.

Así las cosas, no es hasta que la Audiencia Nacional confirma en vía judicial la resolución de la CNMC (26 de marzo de 2019), cuando el perjudicado está en plenas condiciones para ejercer la acción. En definitiva, la acción no está prescrita atendiendo a la fecha de la presentación de la demanda (12 de septiembre de 2019).

Conductas prohibidas

Al igual que ocurriera en la sentencia del otro concesionario de Cádiz, ya en el fundamento de derecho quinto de la reciente sentencia, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz anticipa que “no es discutida, a estas alturas al ser firme la resolución de la CNMC, ni la conducta infractora realizada por la demandada ni la sanción impuesta”, careciendo de sentido las alegaciones del concesionario sobre “la supuesta participación en prácticas anticompetitivas” y su negativa sobre “la realización de la conducta colusoria que le imputa la CNMC”.

Recuerda la Magistrada-Juez que la resolución de la CNMC recoge que la conducta realizada, entre otros, por el concesionario demandado, “es un pacto de precios y condiciones de ventas, condiciones comerciales, así como intercambio de información sensible, fijando un sistema de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos, y la encuadra en el art. 1 LDC, en la definición legal de cártel, declarando que se ha acreditado la infracción de dicho artículo y que es responsable, entre otros, -el concesionario aquí demandado- por su participación en el cártel de concesionarios de la marca Volkswagen de la zona Andalucía desde diciembre de 2009 hasta junio de 2013”.

“Aunque la presunción del contenido de la resolución CNMC pueda funcionar salvo prueba en contrario, nada se ha alegado ni probado por la demandada de hechos nuevos que la desvirtúen, por lo que se tiene por acreditada la existencia del cártel y la participación -del concesionario demandado- en los términos que fija la CNMC y la SAN”, informa el reciente fallo.

Perjuicio

Acreditada la infracción, en el fundamento de derecho sexto el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz se detiene en resolver si la conducta del concesionario gaditano ha tenido incidencia económica en el precio satisfecho por el actor en el vehículo adquirido a la demandada, esto es, si ha existido un perjuicio, y su valoración a efectos de indemnización.

Pues bien, repitiendo los pasos seguidos en la reiterada sentencia del mismo Juzgado y tras hacer mención de la STS 651/2013, de 7 de noviembre, del apartado 32 de la STJUE de 5 de junio de 2014, de los informes periciales para la cuantificación del perjuicio aportados por ambas partes, de la Guía Práctica publicada por la Comisión para cuantificar el perjuicio en las demandas de daños y perjuicios por incumplimiento de la normativa de competencia, de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia de 20 de febrero de 2019 (en un asunto de cártel de camiones) y de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Zaragoza de 13 de diciembre de 2018 (en relación a la cuantificación del daño y la relación con el precio de venta), la Magistrada-Juez valora que “los resultados alcanzados por el informe aportado por la parte actora, son más coherentes y razonables con la infracción sancionada, el sector concreto en el que nos encontramos y sus características, sobre la base que el daño concreto sufrido resulta prácticamente imposible o excesivamente difícil de cuantificar, sin que sea suficiente la referencia a márgenes de ventas de los vehículos, sobre el que se basa la demandada, no constando las cuentas totales del negocio, dadas las variables de las que se compone el beneficio que se obtiene por el concesionario, y el alcance que tuvo la actividad del cártel y su duración”.

En opinión de la Juzgadora, “el criterio fijado por los peritos de la parte actora es razonado y ponderado”.

Así, tras confirmar que se fija el daño sufrido en 2.000 euros, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz estima íntegramente la demanda, declara la comisión de una práctica anticompetitiva por el concesionario, y condena a la mercantil a abonar al actor los daños y perjuicios causados ya mencionados, con los intereses legales correspondientes y con expresa condena en costas, si las hubiere, a la parte demandada.

Como ocurriera en el otro asunto de referencia aludido, la representación legal de la parte demandante y afectada la ha ejercido D. José Luis Ortiz Miranda, socio director del Bufete Ortiz Abogados.

D. José Luis Ortiz Miranda (Foto: Economist & Jurist)

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