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Jurisprudencia

Una Juez impone las costas a la Administración tras anular una sanción impuesta durante el confinamiento

La sentencia, de 22 de octubre de 2021, condena en costas a la Administración demandada porque forzó al recurrente a mantener el procedimiento judicial

(Foto: Nacho Doce/Reuters)


Jurisprudencia

Una Juez impone las costas a la Administración tras anular una sanción impuesta durante el confinamiento

La sentencia, de 22 de octubre de 2021, condena en costas a la Administración demandada porque forzó al recurrente a mantener el procedimiento judicial

(Foto: Nacho Doce/Reuters)



Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao ha dictado una reciente sentencia anulando la sanción impuesta a un ciudadano durante el confinamiento más estricto y condena en costas al Gobierno Vasco por apreciar mala fe en su actuación.

La Jugadora advierte que la Administración demandada forzó al recurrente a mantener el procedimiento judicial, ya que la Sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional varios apartados del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, fue dictada el 14 de julio y no ha sido hasta el 5 de octubre cuando la demandada procedió a anular la sanción.

Antecedentes



La letrada del sancionado interpuso recurso contencioso-administrativo impugnando la resolución desestimatoria del recurso de alzada decretada el 11 de mayo de 2021 dictada bajo el escenario de un expediente sancionador, suplicando en la demanda que se dictase sentencia declarando la nulidad de las resoluciones de 11 de mayo de 2021 dictada por el Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad y de 1 de diciembre de 2020 del Viceconsejero de seguridad.

Portada del artículo titulado “Son inconstitucionales y nulos varios apartados del Real Decreto por el que se declaraba el primer estado de alarma” publicado el 14/07/2021. (Diseño: Cenaida López/Economist & Jurist)

Una vez trasladada la demanda al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y después de suspender el procedimiento por un plazo de 20 días, la Administración demandada presentó escrito allanándose expresamente a las pretensiones deducidas de contrario.

Allanamiento

En el presente supuesto, la Administración demandada, sujetándose a lo previsto en el art. 75.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ha presentado testimonio del acuerdo allanándose a las pretensiones de la demandante.

Así, conforme al apartado segundo del mencionado precepto, como el reiterado allanamiento no supone, a juicio de la Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 3 de Bilbao, infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, procede dictar sentencia estimando todas las pretensiones formuladas en la demanda.

Condena en costas

Como es sabido, el allanamiento no supone necesariamente la condena en costas en el proceso contencioso-administrativo.

Eso sí, en el presente caso, advierte la Juzgadora que la Administración demandada sí concurre en mala fe, ya que la conocida sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional y nulo parte de las restricciones del primero de los estados de alarma decretados por el Gobierno para frenar el contagio por Covid-19 fue dictada el 14 de julio y hasta el 5 de octubre “no se ha procedido a la anulación de esta sanción forzando al recurrente a mantener el procedimiento judicial”

Firmeza

Ya en el fallo, el Juzgado de Bilbao estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y anula la sanción impuesta, por no ser conforme a Derecho, dejándola sin valor ni efecto.

Por último, además de condenar en costas a la Administración demandada, la Magistrada-Juez declara que la presente sentencia es firme y que no cabe contra ella recurso ordinario alguno.

Marta Sobrino Ruizolalla, letrada de la firma “Élite Abogados”, ha asumido la dirección técnica del presente procedimiento.

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