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Jurisprudencia

Continúan las condenas a Santander por sus Valores (SAP Cádiz 01-10-2021)

La conversión de los Valores Santander en acciones supuso para los clientes una pérdida de la inversión de 44.000 euros

(Foto: Libre Mercado)


Jurisprudencia

Continúan las condenas a Santander por sus Valores (SAP Cádiz 01-10-2021)

La conversión de los Valores Santander en acciones supuso para los clientes una pérdida de la inversión de 44.000 euros

(Foto: Libre Mercado)



La Audiencia Provincial de Cádiz ha reconocido en una reciente sentencia que el Banco Santander incumplió con su deber de información en la comercialización de sus Valores a unos clientes minoristas, en tanto que de los documentos esenciales de la contratación no se desprende en modo alguno una información clara y no engañosa que resalte las características, las complejidades y los riesgos de tal producto financiero complejo.

Eso sí, reduciendo la indemnización por daños y perjuicios reconocida en primera instancia (de 60.000 a 20.000 euros), la Audiencia advierte que el Santander no está obligado a soportar la pérdida posterior consumada fruto de que los clientes decidieran conservar las acciones derivadas de los Valores.

Hechos acreditados

Tras una década siendo clientes del Banco Santander, en septiembre de 2007 la entidad bancaria, con la intención de adquirir ABN ANRO emitió los denominados “Valores Santander”.

Aquella se comercializó como “lo mejor para nuestros clientes”, “una inversión realmente interesante” resaltando en letras grandes que el primer año recibirían los mismos una TAE del 7,50% y desde el segundo al quinto año se podría percibir el interés nominal de Euribor más 2,75%.

Clientes del Santander hacen cola en la puerta de una de sus sucursales. (Foto: EFE)

También se informaba que, tras el paso de cinco años, los Valores se convertirían automáticamente en acciones del Santander.

Eso sí, no se apuntaba ningún dato relativo a la posibilidad de perder el capital invertido en la conversión de los Valores en acciones y solo en letra pequeña y al pie del folleto se expresaba el siguiente literal: “percepción de interés no asegurada, sujeto a la aprobación por parte del emisor”.

La orden de suscripción de los Valores Santander (20 valores por un importe total de 100.000 euros, suscrita el 20 de septiembre de 2007) no contiene ninguna información sobre la naturaleza ni las características del producto contratado y tampoco sobre sus riesgos asociados. Sencillamente, allí se señalaba que el ordenante manifestaba haber recibido y leído el tríptico informativo y que conocía y entendía las características de los Valores Santander, sus complejidades y riesgos.

Desde octubre de 2007 a octubre de 2012, los demandantes recibieron en concepto de rendimientos de los Valores la cantidad de 23.996,64 euros

En octubre de 2012, los Valores se convirtieron en acciones por valor de 55.941,64 euros.

Hasta diciembre de 2016, los demandantes recibieron como rendimientos de las aludidas acciones la cantidad de 4.320,94 euros. En tal fecha, los actores vendieron las repetidas acciones por el valor de 38.078,46 euros.

Primera instancia y recurso de apelación

El Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cádiz estimó la demanda interpuesta por los actores y declaró que los mismos sufrieron daños y perjuicios valorados en la cifra de 61.921,54 euros, fruto de la pérdida neta experimentada entre la compra de los reiterados Valores Santander y la venta de las acciones.

Disconforme con tal conclusión, la representación del Banco Santander formula recurso de apelación en base a los siguientes motivos:

  • Cumplimiento por parte del Banco de sus obligaciones de información;
  • Inexistencia de nexo causal entre el supuesto incumplimiento del Banco y el perjuicio económico alegado que fue debido a la propia decisión de los actores;
  • Inexistencia de relación jurídica de asesoramiento;
  • Prescripción de la acción ejercitada;
  • Y criterio erróneo sobre el cálculo de intereses.

¿Existió asesoramiento?

A juicio de la AP de Cádiz, sí existió asesoramiento por parte del Santander a sus clientes en tanto que el Supremo ha reiterado en distintas ocasiones (STSS 102/2016, de 25 de febrero y 411/2016, de 17 de junio) que para que exista tal “no es requisito imprescindible la celebración de un contrato remunerado ad hoc para la prestación de tal asesoramiento, ni que estas inversiones se incluyeran en un contrato de gestión de carteras suscrito por los clientes y la entidad financiera. Basta con que la iniciativa parta de la empresa de inversión y que sea ésta la que ofrezca el producto a sus clientes, recomendándoles su adquisición”.

¿Prescribió la acción?

En virtud del art. 1964 del Código Civil, la acción de indemnización de daños y perjuicios ejercitada tiene un plazo de prescripción de 15 años, a contar desde que se sufrió el daño.

Sede de la Audiencia Provincial de Cádiz . (Foto: Julio González/Diario de Cádiz)

Tal perjuicio se produjo en octubre de 2012, es decir, cuando se produjo la conversión de los Valores en acciones.

Así, como la demanda se presentó en 2018, en opinión de la Sala, la acción aquí ejercitada no está prescrita. De hecho, para mayor argumento, tampoco habría transcurrido el plazo de 5 años establecido tras la reforma del artículo arriba aludido por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

¿El Santander cumplió con su obligación de información?

En este caso, a la vista de la descripción de los hechos acreditados, al amparo de la normativa existente sobre obligaciones de información a los clientes minoristas al contratar productos financieros complejos y conforme a la reiterada jurisprudencia sobre la materia, la AP de Cádiz razona que la Banca incumplió su deber de información y le es imputable, por tanto, el daño económico sufrido por los actores.

En particular, la Sala manifiesta que, son sinónimos de tal déficit informativo, las siguientes circunstancias:

  • El documento de comercialización del producto no contiene información sobre el riesgo realizado de pérdida de parte de la inversión, subraya las ventajas del producto y minimiza totalmente la posibilidad de que no se obtengan rendimientos;
  • El documento contractual de suscripción de los Valores no contiene información alguna sobre las características del producto ni sobre sus riesgos;
  • Advierte la Audiencia que, la simple entrega del tríptico informativo no equivale al cumplimiento de la obligación de informar en los términos expresados;
  • A su juicio, las manifestaciones de los empleados del Santander no resultan suficientes para acreditar que se cumplió con el deber de información;
  • No convierte a los clientes en expertos en productos bancarios o financieros, el hecho de que los mismos fueran titulares de acciones en 2017 y de un fondo de acciones en 1997.

¿Existió nexo causal entre el incumplimiento del Santander y el perjuicio económico?

A diferencia de los interrogantes anteriormente planteados, en este caso, la Audiencia considera que este motivo de recurso debe ser parcialmente estimado.

La Sala anuncia que el perjuicio imputable al Santander es la pérdida de la inversión sufrida a consecuencia de la conversión de los Valores en acciones. Es decir, a partir del momento en que los Valores se convirtieron en acciones, los actores tomaron la decisión de conservarlas y la pérdida posterior consumada a la fecha de las mismas “no es ya imputable a la falta de información sufrida sino a su propia decisión”, apunta el reciente fallo.

Por consiguiente, la Audiencia tasa la indemnización de daños y perjuicios en atención a la pérdida sufrida en la fecha de la conversión de los Valores en acciones, 55.941,64 euros a restar de 100.000 euros. Esto daría una cifra total de 44.058,36 euros, cantidad a la que debe descontarse los rendimientos obtenidos por los Valores (23.996,64 euros), lo que lleva a fijar el perjuicio en la cantidad de 20.061,72 euros.

¿Se calcularon erróneamente los intereses legales?

La Audiencia de Cádiz estima el recurso y revoca la sentencia de instancia en cuanto al pago de intereses.

En concreto, la Sala advierte que se habría aplicado indebidamente el art. 1303 del CC, que opera respecto de la nulidad contractual y no respecto de la acción de indemnización de daños y perjuicios, a la que se aplica el art. 1108 del mismo cuerpo legal.

Por lo tanto, conforme a, entre otras, la STS 143/2019, de 6 de marzo, la cantidad resultante devengará el interés legal desde la interpelación judicial.

La dirección Letrada del caso ha sido asumida por el Bufete Ortiz Abogados, de Cádiz.

El abogado gaditano José Luis Ortiz, en la azotea del edificio Trocadero, donde se ubica su bufete. (Foto: Lourdes de Vicente/Diario de Cádiz).

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