Varapalo del Supremo a los servicios jurídicos de UGT: el Tribunal avala exigir el euskera en el acceso al empleo público

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre una cuestión especialmente sensible en el ámbito del empleo público: la exigencia de conocimiento de lenguas cooficiales como requisito de acceso. En su sentencia 288/2026, de 24 de marzo, la Sala de lo Social confirma que el euskera puede imponerse como condición obligatoria y no solo como mérito, en procesos selectivos, siempre que exista una justificación objetiva vinculada a las funciones del puesto.

El caso tiene su origen en un conflicto colectivo promovido por UGT contra Euskotren, en el marco de los procesos de estabilización de empleo derivados de la Ley 20/2021. El sindicato impugnó las bases de la convocatoria al considerar que la exigencia de un nivel B2 de euskera como requisito excluyente vulneraba el principio de igualdad, defendiendo que dicho conocimiento debía valorarse únicamente como mérito.

Sin embargo, tanto el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco como ahora el Tribunal Supremo han rechazado esta pretensión.

La clave del fallo: no se puede litigar contra lo que antes se defendió

Más allá del debate lingüístico, la sentencia pivota sobre un elemento jurídico de gran relevancia: la aplicación de la doctrina de los actos propios.

El Alto Tribunal recuerda que UGT había sostenido en anteriores litigios, frente a la misma empresa, la necesidad de exigir conocimiento de euskera, aunque fuera en niveles distintos. Este antecedente resulta determinante, porque el sindicato pasa ahora a defender la tesis contraria sin ofrecer una justificación sólida.

La Sala considera que esta conducta vulnera el principio de buena fe y la seguridad jurídica. Quien ha generado una expectativa legítima con su actuación previa no puede posteriormente contradecirla en perjuicio de terceros. En otras palabras, no es admisible construir una estrategia procesal sobre posiciones cambiantes cuando se ha contribuido a consolidar una determinada interpretación.

Este razonamiento no es accesorio. Al contrario, constituye el núcleo de la decisión, hasta el punto de que el Tribunal Supremo deja claro que, por sí solo, basta para desestimar el recurso.

(Imagen: Poder Judicial)

Desde esta base, el Supremo entra también a examinar el fondo del asunto, reforzando una línea jurisprudencial ya consolidada.

La sentencia subraya que la exigencia del euskera no es arbitraria ni indiscriminada; sino que encuentra su fundamento en el convenio colectivo aplicable y en el Plan de Euskera aprobado en la empresa, que establecen la obligatoriedad del idioma en aquellos puestos que implican contacto directo con el público. Este elemento resulta esencial, porque desplaza el debate desde el plano abstracto al funcional: no se trata de imponer un requisito generalizado, sino de justificarlo en función de las tareas concretas.

En este contexto, el Tribunal rechaza la alegación de discriminación. La exigencia de una lengua cooficial no vulnera el derecho a la igualdad cuando responde a una finalidad legítima y proporcionada. La cooficialidad lingüística no es una mera declaración formal, sino un principio con efectos reales en la organización del empleo público, especialmente cuando está en juego la atención a la ciudadanía.

La resolución también pone de relieve las deficiencias técnicas del recurso de casación. El sindicato no impugna el argumento central de la sentencia recurrida, la doctrina de los actos propios, y plantea cuestiones nuevas que no fueron discutidas en la instancia. A ello se suma la falta de concreción sobre las funciones de los puestos afectados, un elemento decisivo para valorar la proporcionalidad del requisito lingüístico.

Una doble advertencia del Supremo

La relevancia de esta sentencia es evidente y trasciende el caso concreto. Por un lado, consolida la posibilidad de exigir lenguas cooficiales como requisito obligatorio en determinados procesos selectivos, siempre que exista una justificación funcional. Por otro, refuerza la exigencia de coherencia en la actuación procesal de las partes, recordando que los cambios de criterio no son inocuos desde el punto de vista jurídico.

El Supremo lanza así un doble mensaje: a las administraciones y empresas públicas les reconoce un margen legítimo para integrar las lenguas cooficiales en sus políticas de empleo; mientras que a los operadores jurídicos les advierte de que no se puede litigar en contra de los propios actos sin asumir las consecuencias.

Porque, como deja claro esta resolución, en Derecho no todo vale. Y menos aun cuando se trata de sostener hoy lo contrario de lo que se defendía ayer.