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Actualidad

La falta de cobertura presupuestaria no puede condicionar las retribuciones variables de los jueces que reconoce la Ley, sentencia el Supremo

Destaca que el derecho a dicha retribución variable nace directamente de la ley, por lo que la falta de cobertura presupuestaria “no puede condicionar su existencia ni su eficacia”

La sentencia afecta a toda la Carrera Judicial, declara a Economist & Jurist la abogada del caso, Cristina Sánchez Blanco, quien ha asistido a un asociado de AJFV. (Imagen: CGPJ)

Rosalina Moreno

Redactora jefa




Tiempo de lectura: 5 min



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La falta de cobertura presupuestaria no puede condicionar las retribuciones variables de los jueces que reconoce la Ley, sentencia el Supremo

Destaca que el derecho a dicha retribución variable nace directamente de la ley, por lo que la falta de cobertura presupuestaria “no puede condicionar su existencia ni su eficacia”

La sentencia afecta a toda la Carrera Judicial, declara a Economist & Jurist la abogada del caso, Cristina Sánchez Blanco, quien ha asistido a un asociado de AJFV. (Imagen: CGPJ)



La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha concluido que la falta de cobertura presupuestaria no puede condicionar el derecho de los jueces a la retribución variable por objetivos que le reconoce el artículo 9 de la Ley 15/2003, sobre régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal.

El Alto Tribunal se ha pronunciado así en una reciente sentencia en la que desestima un recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado, en representación del Ministerio de Justicia, contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que en abril de 2023 dio la razón a un juez de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) que combatió que la cuantía por el concepto de «retribución variable por objetivos» fuera inferior al 5% de sus retribuciones fijas.



El TSJ recordó en ella que el artículo 9 de la Ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal dispone que “los jueces y magistrados que en el semestre inmediatamente anterior hubiesen superado en un 20% el objetivo correspondiente a su destino tendrá derecho a percibir un incremento no inferior al cinco por ciento ni superior al 10 por ciento de sus retribuciones fijas”.

Una obligación que nace directamente de la ley

Ahora, el Supremo destaca en su resolución, número 1.027/2024, de 10 de junio, que tratándose de un derecho que nace directamente de la ley —no de una disposición reglamentaria, ni de un acto administrativo, ni de un negocio jurídico— la falta de cobertura presupuestaria “no puede condicionar su existencia ni su eficacia”.



El tribunal, integrado por los los magistrados Pablo Lucas Murillo de la Cueva (presidente), Luis María Díez-Picazo Giménez (ponente), María del Pilar Teso Gamella, Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo y José Luis Requero Ibáñez, recuerda que al regular el carácter limitativo de los créditos presupuestarios, el artículo 46 de la Ley General Presupuestaria establece que serán nulos de pleno Derecho “los actos administrativos y las disposiciones generales de rango inferior a la ley que incumplan esta limitación”, es decir, que carezcan de la necesaria cobertura presupuestaria.



“Pero significativamente salva las disposiciones con rango de ley, de manera que las obligaciones ex lege no se ven afectadas por la insuficiencia de cobertura presupuestaria. Este es el caso aquí, pues la obligación de la Administración de satisfacer el derecho reconocido por el artículo 9 de la Ley 15/2003 surge inmediatamente de este precepto legal», explica. «Y cómo obtener, con la debida prontitud, el crédito presupuestario pertinente no es algo que esta Sala haya ahora de dilucidar: el dato crucial es, como queda dicho, que se trata de una obligación que nace directamente de la ley», añade.

El magistrado Luis María Díez-Picazo Giménez, ponente de la sentencia. (Imagen: CGPJ)

Meridianamente claro

El Supremo considera “meridianamente claro” que el artículo 9 de la Ley reconoce un auténtico derecho subjetivo a los jueces y magistrados que superen en un 20% el objetivo correspondiente a su destino. Y que este derecho no está condicionado al monto del crédito presupuestario total destinado a retribuciones variables de los jueces y magistrados.

Además, declara que «no es, en absoluto, convincente argüir —como hace el Abogado del Estado— que el importe del incremento retributivo está en función del reparto proporcional del crédito presupuestario total». «Ello es cierto solo en la medida en que ese reparto proporcional, además de realizarse de manera equilibrada y justa, conduzca a que el correspondiente juez o magistrado reciba un incremento retributivo no inferior al 5% de sus retribuciones fijas. En ningún caso puede el reparto proporcional servir de excusa para incumplir ese mínimo legalmente exigido», argumenta.

«Más aún, seguramente tiene razón la parte recurrida cuando dice que la exigencia legal de un máximo para el crédito presupuestario total destinado a las retribuciones variables de los jueces y magistrados tiene por finalidad que todos ellos puedan, llegado el caso, recibir un incremento retributivo de al menos el 5% de sus retribuciones fijas», concluye.

La sentencia afecta a toda la Carrera Judicial, destaca la abogada del caso

«Esta sentencia repercute en toda la Carrera Judicial, integrada actualmente por 5.500 jueces en activo en España», declara a Economist & Jurist la abogada que ha llevado el caso, Cristina Sánchez Blanco.

Señala que siempre ha creído que la reclamación que se efectuó era totalmente legítima y en los fundamentos que esgrimió, los cuales «se han visto plasmados en la sentencia del Supremo, que destaca que el crédito presupuestario pertinente no es algo que la Sala haya de dilucidar y que el dato crucial es que se trata de una obligación que nace directamente de la ley».

La abogada Cristina Sánchez Blanco es colegiada del ICAM y tiene despacho propio en Madrid. (Imagen: E&J)

Demanda planteada por AJFV a través de un asociado

La AJFV ha informado en un comunicado dirigido a la Carrera Judicial que «esta sentencia obedece a la demanda planteada por esta asociación a través de un asociado, que, ante la negativa ministerial a dar cumplimiento a la previsión normativa establecida sobre el particular, se vio en la necesidad de reclamar la tutela judicial, lo que, en última instancia y ante el resultado finalmente obtenido, redundará en beneficio del conjunto de la Carrera Judicial».

«Esta sentencia supone, sin duda, un hito no solo para el reconocimiento de nuestro derecho a percibir las retribuciones variables en los términos que prevé la Ley 15/2003, de 26 de mayo reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, sino para que en el futuro sean respetados nuestros legítimos intereses retributivos», ha subrayado.

AJFV anuncia que se dirigirá de forma inmediata al Ministerio de Justicia «a fin de reclamar el cumplimiento de lo judicialmente acordado y ofrecer vías que faciliten su ejecución, todo ello con el fin último de que el conjunto de la carrera pueda percibir a la mayor brevedad las cantidades devengadas en cada caso».

«La AJFV es contraria al complemento de retribuciones variables por objetivos, que consagra un modelo productivista de la Carrera Judicial. No obstante, lo cual, una vez que este modelo forma parte de nuestro estatuto profesional, resulta imprescindible que una vez conocida la sentencia ahora anunciada, el Ministerio de Justicia cumpla sin más demora con las obligaciones que derivan de la Ley que estableció este concepto retributivo, por lo que no cejaremos en nuestra línea de trabajo que nos ha conducido hasta el éxito conocido en el día de hoy», concluye.

Sergio Oliva, portavoz nacional de AJFV. (Imagen: Archivo)

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