Diez días después del segundo paro general organizado por la mayor parte de las organizaciones sindicales de la inspección de trabajo para reclamar una mejora sustancial de sus “precarias” condiciones de trabajo, la situación sigue estando en un punto muerto.

Al igual que sucede en el conflicto de los LAJ con el Ministerio de Justicia, la relación entre este colectivo de la inspección y el Ministerio de Trabajo es inexistente. “No hablan con nosotros, parece que les da igual que el conflicto se encrespe”, comenta uno de los miembros de esta plataforma.

El paro del 25 de enero fue aún más secundado que el primero de diciembre. Y las previsiones para el tercer día fijado de huelga general que será el próximo 22 de febrero no augura nada bueno, “Estamos ya estudiando otras acciones viendo la falta de sintonía con Trabajo y Hacienda y Función Pública, dos Ministerios que no se dan por aludidos en este conflicto”, señala otro de los convocantes.

En este escenario, la plataforma reivindicativa formada por la mayor parte de organizaciones sindicales como son CCOO, CIG, CSIF, SITSS, SISLASS, UGT, UPIT y USESS tienen muy claro que ante la falta de diálogo de los citados Ministerios no se puede descartar en el futuro que se recrudezcan las acciones, con lo que la posibilidad de una huelga indefinida cobraría más fuerza al igual que una denuncia ante la CE o el Parlamento Europeo al Gobierno de España por el incumplimiento de los acuerdos a los que llegó el Ejecutivo con este colectivo.

La ministra de Trabajo y Economía-Social, Yolanda-Díaz (izquierda) y la-ministra de Hacienda María Jesús Montero. (Foto: Moncloa)

Otras voces se decantan por buscar un mediador que intervenga en el conflicto existente entre Trabajo y Hacienda Pública con este colectivo de la inspección de trabajo. Sin embargo, los detractores de la idea no acaban de verlo claro. “No hay nada que mediar, tenemos un acuerdo de julio del 2021 para mejora de las condiciones laborales de la inspección de trabajo que no han cumplido Se ha dado un paso atrás en ese acuerdo, pero nadie nos dice qué ha pasado”, señalan desde este colectivo.

Mientras tanto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue presumiendo de la actividad de la inspección de trabajo y de que, gracias a su actuación, el juzgado 14 de lo Social de Madrid ha obligado a Amazon a hacer fijos a 2.166 repartidores en la capital de España, que según el fallo judicial operaban como falsos autónomos.

“Habla de la inspección de trabajo, pero es incapaz de resolver el conflicto laboral que tiene con nosotros abierto desde hace más de un año. Una gran contradicción que no entendemos”, aclara otro miembro de esta plataforma.

Desde esta plataforma se constata también el deterioro del Servicio Público de Empleo (SEPE) con falta de medios y personal cualificado, en el que han despedido de forma gradual a cerca de 1.600 profesionales interinos, algunos de los cuales llevaban más de diez años realizando las complejas gestiones de tramitar prestaciones por desempleo y otras cuestiones.

“Si no se reemplaza a ese personal cesado de forma arbitraria por otro cualificado es previsible que el SEPE colapse en las próximas semanas, con el perjuicio que ello supondrá para muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas”, advierte otro de los convocantes de la huelga.

Una huelga que no pasa desapercibida

Expertos en relaciones laborales y operadores jurídicos creen que es una mala noticia que la inspección de trabajo radicalice su postura en los próximos días por la actividad transversal de este cuerpo de profesionales en el mercado de trabajo.

El magistrado de lo social Carlos Javier Galán recuerda que la inspección de trabajo, además de sus actuaciones propiamente inspectoras, «también emite informes para los juzgados de lo social, en casos tales como accidentes de trabajo, reclamaciones de categoría profesional, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo de carácter colectivo, decisiones empresariales sobre trabajo a distancia, etc., y que también impulsa la presentación de demandas de oficio, como las que han dado lugar al reconocimiento de laboralidad para varios colectivos de falsos autónomos».

Carlos Javier Galán, magistrado de los Social. (Foto: E&J)

Este jurista considera que «sería deseable que el Gobierno -el Ministerio de Justicia en un caso y el de Trabajo en el otro- dialogue tanto con la representación de los LAJ, otro colectivo también en huelga, como con los sindicatos de la inspección de trabajo, para resolver estos conflictos, que pueden perjudicar aún más la situación de colapso que ya vive el orden jurisdiccional social en muchos partidos judiciales«.

«En el caso concreto de inspección, lo que se denuncia por los convocantes es un déficit de personal histórico, pues la ratio de funcionarios actuantes respecto al número empresas y trabajadores ha venido siendo muy reducida en nuestro país”, señala el magistrado, quien añade que “yo tenía entendido que había compromisos de refuerzo que, sin duda, resultan muy necesarios y ojalá se lleven a la práctica”.

Inspección de trabajo y despidos en Twitter

Román Gil, socio de Sagardoy Abogados, ha gestionado el despido colectivo de la mayor parte de los trabajadores de Twitter en España estando en contacto con las oficinas centrales de la compañía en California. De los 29 que había en España saldrán 24 de forma inmediata. Este miércoles 8 de febrero será su último día de trabajo.

Este despido colectivo se ha hecho con el respeto a la normativa española. La indemnización que se ha fijado es de 33 días por año trabajado. Todo el asunto ha sido supervisado por la inspección de trabajo que ha estado informada en todo momento.

Este despido colectivo forma parte de la reestructuración mundial que la empresa recientemente adquirida por Elon Musk afronta en estos días es un caso peculiar porque es un despido colectivo que se ha hecho de forma coordinada en la mayor parte de sus filiales al mismo tiempo. Los socios británicos de Sagardoy en la alianza internacional de despachos Ius Laboris han gestionado el despido de Londres.

Román Gil, socio de Sagardoy. (Foto: Limbo Agency)

Para este abogado “hay que darse cuenta de que la inspección de trabajo tiene cierta relevancia en nuestro país. En otros países no existe este cuerpo. Aquí tiene un papel relevante y se le va dando más peso, lo que ha abierto el debate si deben informar o no de las causas de los ERES que hagan las empresas, porque estos profesionales no tienen conocimientos mercantiles y financieros de las empresas para hacer dicha valoración”.

A su juicio, “es claro que tienen funciones importantes en el marco de las relaciones laborales y lo lógico es que pudieran hacerlas con los medios técnicos y apoyo humano adecuado y evitar la saturación que tienen de asuntos. En algunos casos lo que diga la inspección de trabajo lo tienen muy en cuenta nuestros tribunales porque tiene presunción de ser cierto lo que han señalado como es su actuación en la legalización de los riders”.

La inspección, garante de la legalidad

Por su parte, Fernando Ruíz, socio de laboral de Deloitte Legal, advierte que este colectivo es clave en el control de las relaciones laborales en nuestro país. “Su labor no es solo imponer sanciones. Son los garantes del control de la legalidad, donde hacen funciones de recomendaciones, también alguna mediación para ayudar a las empresas a que cumplan la normativa. Es muy mala noticia para empresas y trabajadores que siga la huelga de la inspección de trabajo y no se vea solución al conflicto”.

Ese abogado recuerda el papel de estos profesionales en cuestiones capitales como el control de la legalidad de los ERTES y despidos colectivos, donde hacen una labor importante con sus informes. “Es un órgano de consulta importante para las empresas y representantes de los trabajadores. En algunas negociaciones de convenios colectivos pueden también ayudar a desatascar dicha negociación”.

Fernando Ruíz, socio de laboral de Deloitte Legal. (Foto: Deloitte Legal)

Desde su punto de vista “es necesario para unas relaciones laborales sanas que haya un número suficiente de inspectores y subinspectores de trabajo y que al mismo tiempo tengan os medios suficientes para realizar su trabajo. Este colectivo es un elemento clave de nuestro marco laboral. Ahora que se habla de implantar un algoritmo que impulse distintas sanciones para las empresas, éste no puede sustituir a la inspección de trabajo”.

Respecto a una posible huelga indefinida, Ruiz subraya que “podría tener unos efectos importantes. No podemos olvidar que hay muchos procedimientos legales donde intervienen. En los procedimientos de reclasificación profesional es necesario el informe de la inspección; la labor inspectora también se frenaría con lo cual esos procedimientos abiertos podrían caducar. Al final toda esa labor de requerimiento, mediación o tutela de los trabajadores supondría un freno y los trabajadores quedarían desamparados.”

Huelga indefinida y procedimientos caducados

Para otro experto como Ignacio Hidalgo, socio responsable del área laboral de RSM Spain, “cualquier situación de conflicto que afecta a órganos públicos que no pueden hacer su trabajo es preocupante. Los paros de un día aislados tienen una repercusión reducida, aunque son un aviso de que la situación se está torciendo. Otra cosa seria si el conflicto se recrudece y se encamina a una huelga general indefinida”.

Ignacio Hidalgo, socio responsable área laboral de RSM Spain. (Foto: RSM Spain)

Para ese letrado, “este tipo de situaciones no es una buena noticia porque paraliza, retrasa o enturbia las relaciones laborales, que deben ser fluidas. En el caso concreto de la inspección de trabajo hay que darse cuenta que su papel principal está en actuar contra aquellas empresas o entidades que no cumplan con la legislación vigente”.

Desde su punto de vista “en un escenario de huelga indefinida en el que se retrasen las actuaciones de la inspección, donde tienen nueve meses para tramitar un expediente y no haya actuaciones por dicha huelga, esto podría generar que caducaran o prescribiesen dichas actuaciones. Que la inspección no funcione es un alivio para las empresas que no cumplen con sus obligaciones laborales”.

A su juicio, “la falta de actividad de este colectivo, entre otras cuestiones de nuestro entorno laboral, podría afectar al cobro de prestaciones por desempleo, porque el SEPE eventualmente no podría empezar a pagar ese pago en el caso de los ERTES si no existe ese informe de la inspección, pero el retraso de contar con ese informe no sería óbice para que las empresas tomaran este tipo de medidas de reestructuración de plantillas”.