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Actualidad

La Justicia determina que los colegios de abogados no tienen la condición de consumidores

Según el Tribunal Supremo, no cabe examinar la transparencia en un contrato firmado entre un banco y un colegio de abogados

Audiencia Provincial de Coruña. (Imagen: Archivo)

Pablo Montes

Periodista




Tiempo de lectura: 3 min



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La Justicia determina que los colegios de abogados no tienen la condición de consumidores

Según el Tribunal Supremo, no cabe examinar la transparencia en un contrato firmado entre un banco y un colegio de abogados

Audiencia Provincial de Coruña. (Imagen: Archivo)



El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Colegio de Abogados de Ferrol contra una sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que absolvía a la entidad bancaria demandada por un contrato de préstamo que el colegio consideraba abusivo. Al no ostentar la condición de consumidor, indica la Justicia, no se puede entrar a examinar la transparencia en el contrato.

Lo que pretendía el colegio era que se declarasen nulas las cláusulas suelo y las de gastos de notaría, registro, tributos, gastos procesales, intereses moratorios y vencimiento anticipado asociado al contrato de préstamo con garantía hipotecaria por un capital de 400.000 euros. Solo en lo relativo a la cláusula suelo que consideraban nula por estar previamente redactada y ser abusiva, sostenían que la entidad debería devolver más de 28.000 euros cobrados indebidamente.



El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ferrol desestimó íntegramente la demanda y absolvió a la entidad, Abanca. Y es que estimaba que la finalidad del préstamo no era ajena a la actividad profesional de la parte demandante, sino que se vincula a su actividad profesional; no se trataba así de un consumidor por lo que no procedía el control de abusividad. Si señaló que todas las cláusulas superaban el control de incorporación y declaró que había quedado probado que hubo una negociación previa entre las partes, puesto que la tesorera dirigió una carta a la entidad financiera solicitando una oferta por escrito del préstamo.

Tras el recurso de apelación, la Audiencia Provincial de A Coruña volvió a desestimar las pretensiones del colegio de abogados. “La Audiencia razona que el control de transparencia y abusividad solo es aplicable a los contratos con consumidores” y que superaba el control de incorporación dado que “todas las cláusulas cuestionadas superan el control de incorporación, al estar redactadas en términos claros y de forma sencilla, sin aparecer ocultas o disfrazadas en el articulado general de la escritura” sin que ninguna fuera “sorpresiva o contraria a la buena fe”.



El colegio argumentaba que el concepto de consumidor que utiliza el TJUE se refiere al ámbito objetivo de la operación y no a la personalidad del contratante y añade que los servicios que presta el colegio no pueden ser considerados como actos empresariales.



Edificio del Tribunal Supremo y CGPJ (Imagen: Economist & Juris)

El Tribunal Supremo coincide con lo determinado por las instancias previas: el colegio de abogados no puede ostentar la categoría de consumidor. Según la Ley 26/1984 para la defensa de los consumidores y usuarios, vigente en el momento en que se concertó el préstamo precisaba que no tendrían la consideración de consumidores “sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros».  Posteriormente, “el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU), matizó tal concepto, al afirmar que son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional y Ley 3/2014, de 27 de marzo se ha definido a efectos de esta ley como consumidores a las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión y también a las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial”.

En este sentido, el concepto de consumidor se debe interpretar de interpretar de forma restrictiva, en relación con la posición de la persona en un contrato determinado y con la naturaleza y finalidad de este, según ha aclaró el TJUE en 2018. «Por consiguiente, solo a los contratos celebrados fuera e independientemente de cualquier actividad o finalidad profesional, con el único objetivo de satisfacer las propias necesidades de consumo privado de un individuo, les es de aplicación el régimen específico establecido […] para la protección del consumidor como parte considerada más débil, mientras que esta protección no se justifica en el caso de contratos cuyo objeto consiste en una actividad profesional ( sentencia de 25 de enero de 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37,apartado 30 y jurisprudencia citada)”.

El Tribunal Supremo, en su sentencia 5000/2023, resuelve así que un colegio profesional como este no es equiparable al de cualquier asociación cuyos fines no sean profesionales. Apunta que “no nos encontramos ante una actuación en un ámbito ajeno a una actividad profesional, ante una relación de consumo con fines privados, ni la entidad demandada podía pensar en modo alguno que se estaba relacionando al contratar con un consumidor. De esta forma, se desestima el recurso de casación y se le imponen las costas al colegio.

 

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