La justicia llega tarde en los casos de ciberacoso a menores
La lentitud judicial en los casos de online grooming prolonga el sufrimiento de las víctimas y evidencia la falta de medios especializados
(Imagen: E&J)
La justicia llega tarde en los casos de ciberacoso a menores
La lentitud judicial en los casos de online grooming prolonga el sufrimiento de las víctimas y evidencia la falta de medios especializados
(Imagen: E&J)
La respuesta judicial frente al ciberacoso y los abusos sexuales a menores en Internet sigue siendo excesivamente lenta. Así lo constata el último informe de Save the Children, que alerta de que más del 60% de los procedimientos judiciales por online grooming tardan tres años o más en resolverse, un retraso que no solo afecta a la eficacia del sistema penal, sino que puede agravar de forma significativa el daño psicológico de las víctimas.
El estudio, titulado “Tras la pantalla: violencia sexual contra la infancia en el entorno digital”, analiza sentencias dictadas en 2023 y 2024 y pone cifras a una realidad que los operadores jurídicos conocen bien. Según el informe, el 39,3% de los procesos se prolongan entre tres y cuatro años, mientras que un 14,3% supera los cinco años de duración desde el inicio del procedimiento hasta la resolución judicial.
Procesos largos, víctimas expuestas
La dilación judicial en este tipo de delitos tiene consecuencias especialmente graves. A diferencia de otros procedimientos penales, los casos de abuso sexual a menores en entornos digitales obligan a las víctimas a revivir los hechos durante años, con declaraciones reiteradas y exposición constante al proceso.
“Estamos hablando de menores que, tras haber sufrido un abuso sexual en el entorno digital, se ven obligados a convivir durante años con un procedimiento judicial largo y complejo”, explica Fran Peláez, socio del despacho PenalTech, especializado en delitos informáticos. “Esta dilación no solo retrasa la justicia, sino que puede agravar el daño psicológico de las víctimas”, advierte.
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Entre las causas de estos retrasos, el informe y los expertos señalan la complejidad técnica de la prueba digital, la sobrecarga estructural de los juzgados y la falta de medios especializados para investigar y enjuiciar este tipo de delitos con la rapidez que requieren.
La prueba digital, uno de los grandes retos
El tratamiento de evidencias digitales —mensajes, imágenes, perfiles falsos o rastros en plataformas— exige conocimientos técnicos específicos y recursos que no siempre están disponibles. Esta carencia ralentiza la instrucción y complica la valoración probatoria, alargando innecesariamente los procedimientos.
Peláez subraya la necesidad urgente de reforzar la formación tecnológica de jueces, fiscales y abogados, así como de dotar de mayores medios a las unidades especializadas. “Sin una gestión eficaz de la prueba digital, los procesos se eternizan y la protección del menor se resiente”, afirma.
(Imagen: E&J)
El papel clave del entorno familiar
El informe de Save the Children también pone el foco en quién impulsa la denuncia de estos delitos. En el 43,7% de los casos es la madre de la víctima quien da el primer paso, consolidándose como la principal figura denunciante. Le siguen las propias víctimas, que interponen la denuncia en el 37,5% de los supuestos, un dato que refleja una mayor concienciación y capacidad de identificación del abuso entre niños, niñas y adolescentes. El padre figura como denunciante en el 12,5% de los casos.
“Estos datos confirman el papel fundamental de las madres, pero también muestran un cambio relevante: cada vez más menores identifican el delito y se atreven a denunciarlo”, destaca el abogado. Para que esta detección se produzca antes, añade, resulta imprescindible reforzar la educación digital y crear entornos de confianza seguros.
Una justicia más ágil y especializada
Desde el ámbito jurídico se insiste en que la lucha contra el online grooming no puede abordarse únicamente desde una perspectiva penal clásica. Requiere procedimientos más ágiles, una respuesta especializada y mecanismos que eviten la revictimización durante el proceso judicial.
“La lucha contra el ciberacoso a menores no es solo una cuestión penal, sino también tecnológica y social”, concluye Peláez. “Sin procesos rápidos y especializados, la justicia llega tarde para quienes más la necesitan”.
El informe de Save the Children vuelve así a poner sobre la mesa una cuestión incómoda: mientras los delitos digitales evolucionan con rapidez, la respuesta judicial sigue avanzando a un ritmo que, en demasiadas ocasiones, no está a la altura de la protección que merecen las víctimas más vulnerables.
