La Ley de Paridad afectará a todos los órganos judiciales, incluido el CGPJ

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 5 de diciembre, el proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, que establece la obligación de un mínimo de 40% de mujeres en instancias gubernamentales, consejos de grandes empresas, candidaturas electorales y órganos constitucionales. Según la ministra de Igualdad, Ana Redondo, esta norma «convierte la meritocracia en una realidad» y «rompe con techos de cristal«.

El primer texto que aprobó el Gobierno el pasado mes de marzo solo afectaba a las listas electorales, la composición del Gobierno, los consejos de administración de grandes empresas, los jurados de reconocimiento público de personalidades y las juntas de gobierno de los colegios profesionales.

En el texto que se ha planteado y anunciado ahora, se ha introducido una modificación destacable, que es la intención de que afecte también a los órganos constitucionales y a los órganos de relevancia constitucional,  como «el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que tengan una representación paritaria».

Redondo también ha destacado que la ley «profundiza en derechos y libertades» y resalta su aplicación en distintos sectores, incluyendo empresas, partidos políticos y órganos constitucionales. La norma, según ha subrayado, también «busca corregir disfunciones, como el 39% de mujeres en las listas al Senado».

Listas cremallera y regla 60/40

En el ámbito político, la nueva norma tratará de garantizar la representación efectiva de las mujeres. Para ello, modificará la legislación electoral con el fin de establecer la obligatoriedad de las conocidas como listas cremallera. Es decir, establece que las candidaturas estén integradas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa, en las elecciones de miembros del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, consejos insulares y cabildos insulares.

Tal y como ha declarado la ministra en una rueda de prensa celebrada por la mañana, «no hay economía sólida que pueda constituirse prescindiendo del 50% del talento de la sociedad«. En este sentido, en el ámbito judicial, la norma afectará a órganos de relevancia constitucional, como es el CGPJ. Un Consejo caducado y sobre el cual —como ha reiterado en varias ocasiones— «renovar no constituye una opción, es una obligación legal».

Partiendo de esto, la ministra ha instado al Partido Popular a reflexionar sobre el cumplimiento de la Constitución, resaltando que «el PP tiene que hacer con ese ejercicio legal, nada más y nada menos que siguiendo las normas democráticas y cumpliendo con la Constitución, como bien hacen el resto de ciudadanos».