La Ley de Prevención de Extorsión Extranjera de Estados Unidos y sus efectos en los programas de ‘compliance’
Analogía con el principio de protección de intereses vigente en el derecho penal español
(Imagen: Freepik)
La Ley de Prevención de Extorsión Extranjera de Estados Unidos y sus efectos en los programas de ‘compliance’
Analogía con el principio de protección de intereses vigente en el derecho penal español
(Imagen: Freepik)
Al amparo del principio de protección de intereses vigente en el derecho penal español, sería posible aplicar de manera excepcional la ley penal española a hechos de corrupción ocurridos fuera del país siempre que se verifiquen ciertos extremos, incluyendo la afectación a intereses básicos del Estado. En este contexto, al extenderse el alcance del delito de cohecho a los casos de personas que ejerzan una función pública para un país extranjero resultaría viable -en principio- la persecución de casos de corrupción que involucren a funcionarios extranjeros más allá de los conflictos jurisdiccionales y diplomáticos que podría suscitar.
Sin embargo, hasta la promulgación de la FEPA, esta cuestión no tenía su correlato en el derecho estadounidense.
En efecto, desde 1977, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) ha sido una herramienta eficaz en la lucha contra el cohecho activo. Sin embargo, en diciembre de 2023 se aprobó el marco normativo de la FEPA, cerrando un vacío legal al abordar directamente el cohecho pasivo; es decir, del lado de la demanda, de la solicitud del soborno por parte de funcionarios públicos. Esta ley fue aprobada como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2024 (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024 o “NDAA”).
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