Las asociaciones de víctimas de tráfico reclaman mayor protección

“Estamos desprotegidas, necesitamos más información y  una atención inmediata”, señalan las  asociaciones  de víctimas de tráfico. Después de varios años de trabajo aquella idea del incombustible Bartolomé Vargas, fiscal de seguridad vial hasta hace un año es realidad y estará operativo en los próximos días: un protocolo firmado por todas las partes implicadas para dar mejor atención a las víctimas de tráfico. Según el propio Luis del Rio, Fiscal de Sala de Seguridad Vial “el trabajo de Carmen Gonzalez,  fiscal adscrita al Fiscal de Sala ha sido encomiable durante este último año”.

Han suscrito el protocolo Unespa, el Consorcio de Compensación de Seguros, el Consejo General de la Abogacía, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espina (Aesleme), Aspaym, la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace), Oficina Española de Aseguradoras de Automóviles (Ofesauto), PAT a PAT y Stop Accidentes.

Desde esta perspectiva se pretende “potenciar las soluciones extrajudiciales y agilizar los procesos judiciales, tanto civiles como penales con un acuerdo que tendrá una vigencia de cuatro años y que estará abierto a otras organizaciones”, indicó Del Río

Cuando se produce un siniestro vial, las víctimas estamos  en una situación de especial vulnerabilidad que justifica este esfuerzo institucional, que permitirá dar una rápida respuesta”, comenta Mar Cogollos, directora general de la Asociacion para la Prevención de Accidentes de Tráfico (AESLEME). De hecho, señaló que, para una persona sufre un accidente en la carretera, son muchos los problemas a los que se tiene que enfrentar.  “Te cambia la vida por completo y no sabes realmente qué hacer”.

Así, señaló que por una parte está la investigación de la Guardia Civil, que es clave para establecer la causa y quién fue el culpable del siniestro. Los agentes recaban toda la información para después ir a juicio, pero hasta que se llega a los tribunales el tiempo pasa y, en ocasiones, el proceso puede alargarse mucho. Y por otra parte está el dinero de la indemnización que tenemos que recibir . Para ellas, cada segundo cuenta después de sufrir un acontecimiento traumático. De un día a otro, su vida cambia radicalmente y sus necesidades ya no son las de antes. A esto se suman las ayudas de los psicólogos o, en los casos más extremos, el cambio de domicilio para afrontar esta situación.

“A la hora de resolver todos estos trámites es cuando se encuentran con esta realidad: papeleo, mucho papeleo”, advirtió Cogollos, comentarios que corroboran Ana Novellas, presidenta de Stop Accidentes, Ana Cabellos, presidenta de la Federación de Daño Cerebral y Vicente Sánchez, presidente de Prevención de Accidentes de Tráfico (PAT a PAT) otros firmantes del acuerdo

Eugenio Ribón, Decano del ICAM; Luis del Rio Fiscal de Sala de Seguridad Vial y Mar Cogollos de AESLEME y Ana Novellas, presidenta de Stop Accidentes. (Foto: FGE)

Una respuesta rápida y eficaz

Entre los mecanismos de protección que establece el protocolo, se encuentra el impulso de soluciones extrajudiciales, la simplificación y celeridad de los procedimientos judiciales y la asistencia inmediata de las víctimas y de sus necesidades, que “debe ser rápida, eficaz y prolongada en el tiempo”, ha precisado Del Río.

A tal efecto se indicó que es fundamental ofrecer información e instrucción de los derechos y prestaciones de todo orden de que son titulares las víctimas de siniestros de tráfico, de conformidad con la Directiva 2012/29/UE de 25-10 y correspondientes preceptos de la legislación nacional (arts. 4-26 EVD).

“Se trata de lograr   la finalidad de lograr una asistencia inmediata y una atención de sus necesidades en los distintos ámbitos sin demoras injustificadas. Todo ello en coordinación con las Oficinas de Atención a las Víctimas (arts. 27-29 EVD) y con las Asociaciones de Víctimas y demás asociaciones firmantes”, apunta Carmen González. Al mismo tiempo recordó que  la prestación a las víctimas de una atención e información pronta, eficaz y continuada, presidida por criterios de humanitarismo, velando por evitar que se produzca su “olvido”.

A tales fines, así como el de “sensibilización” social en favor de las víctimas recogido en el art. 34 EVD, se propiciará, en el ámbito de sus respectivas funciones, el impulso y/o participación  en actos y/o encuentros personales con las víctimas, así como la elaboración y/o participación en protocolos operativos y coordinados. Se trata que “en esos protocolos puedan “ también participar otras partes que tengan legamente encomendada la protección y defensa de los intereses de las víctimas (Policías de Tráfico, Oficinas de Asistencia a la Víctima, etc.)”

Polémica abierta con el fraude

Sin embargo esta iniciativa no está exenta de polémica. El documento al que tenido acceso Economist & Jurist  tiene una parte extensa donde se habla como  objetivo la detección de determinadas conductas abusivas a las entidades aseguradoras procurando la máxima transparencia, ante las cuales se actuará.

A preguntas de Economist & Jurist, la  Fiscalía ha dicho no tener datos cuantificados del fraude, si bien ha asegurado que no es una práctica generalizada y que habría que hablar de comportamientos aislados de lesiones ficticias o abogados que realizan malas prácticas.

Al respecto, la presidenta de la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), Pilar González, apuntó  que solo se conoce el que se detecta y ha puesto de relieve que por cada euro que el sector asegurador invierte en mecanismos de detección se evitan 40 euros pero que era consciente que este fraude era algo esporádico en estos momentos “pero hay que erradicar”.

La existencia de dicha cláusula fue comentada también por Eugenio Ribón, decano del colegio de abogados de Madrid, experto en temas de víctimas y consumidores, quien consideró que tanto la cláusula 1.5 como el Anexo segundo de dicho acuerdo era muy mejorable y que el papel de los abogados de accidentes de tráfico es crucial “porque ellos pueden dar ese asesoramiento personalizado e integral a las víctimas de cualquier siniestro”.

(Foto: FGE)

En este contexto Vicente Sánchez comentó a los asistentes como, por una negligencia de una aseguradora, un familiar suyo había dejado de cobrar un seguro de vida “no sabia que existiera dicho seguro y se perdió la posibilidad del dinero cercano a los 18.000 euros.

A este respecto la propia Pilar Gonzalez de Frutos, presidenta de UNESPA, recordó que “este tipo de situaciones son casos aislados de mala praxis, pero siempre se puede consultar en el Ministerio de Justicia, cuando uno pide el certificado de defunción si nuestro familiar fallecido contaba con algun seguro de vida. La respuesta la tenemos en unos días y esa información es importante”.

También ha sorprendido  la ausencia de los abogados de víctimas de tráfico como firmantes de dicho protocolo y, en concreto, de  organizaciones como  la Asociación de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC), con una estructura de más de 260 despachos de toda España, como entidad promotora de dicho acuerdo. Sin embargo, través de Manuel Castellanos, su presidente, confirmaba a este medio su preocupación por las medidas contra el fraude “es inexistente. Creo que UNESPA ha logrado incluir una información que no se corresponde con la realidad”.

Desde esta asociación de abogados se espera poder estar presente en las próximas semanas en dicho protocolo y ayudar a  poner en marcha la Comisión de Seguimiento formada por todas las entidades que lo constituyen de cara a trabajar en una mejora sistemática de las condiciones de las propias víctimas de accidente “donde no siempre las aseguradoras ayudan en dicha mejora poque ante la falta de acuerdo en la indemnización muchos de los asuntos acaban judicializándose”.