El Gobierno recorta un 81% la financiación a la vivienda social del PRTR

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el pasado sábado dos resoluciones de la Subsecretaría de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que, de forma conjunta, modifican sustancialmente el marco jurídico de la “Facilidad para promoción de vivienda social”, uno de los instrumentos financieros estrella del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en materia de vivienda.

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La tercera adenda al convenio para la instrumentación suscrito entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), firmada el 31 de julio de 2026, reduce el volumen total de financiación de 4.000 millones de euros a 750 millones, una contracción del 81,25 % que obliga a reconfigurar por completo los flujos presupuestarios, las comisiones de administración y las garantías avalísticas.

El recorte no es una decisión aislada del MIVAU, sino la traducción normativa de la Adenda de Simplificación al PRTR aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de diciembre de 2025. Aquella reforma, impulsada por la Comunicación de la Comisión Europea “Next Generation EU — Camino a 2026” y elevada a propuesta formal del Consejo de la UE el 17 de diciembre de 2025, perseguía agilizar la ejecución y maximizar la absorción de fondos antes del cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, previsto para el 31 de agosto de 2026.

Su consecuencia jurídica inmediata ha sido una reescritura a la baja de los compromisos adquiridos por España en el componente 2 del plan, concretamente en la inversión 7.

(Imagen: E&J)

Reconfiguración presupuestaria y comisiones

La adenda publicada con referencia BOE-A-2026-18676 altera de raíz la estipulación decimoquinta bis del convenio originario de 29 de julio de 2024. El calendario de desembolsos del MIVAU al ICO, que preveía 2.200 millones en 2024, 1.100 millones en 2025 y 700 millones en 2026, queda reducido a una única entrega de 750 millones en 2025, quedando anulados los tramos de 2024 y 2026. Paralelamente, la comisión de gestión y administración que percibe el ICO por la mediación de las operaciones se desploma de 10 millones de euros (distribuidos entre 2024 y 2026) a 1,875 millones de euros únicamente para 2026.

Desde una perspectiva jurídico-presupuestaria, la modificación plantea una cuestión técnica relevante: la adenda no solo reduce la cuantía, sino que reubica la partida presupuestaria. Todas las referencias a la aplicación 25.09.261Q.351 se sustituyen por la 25.11.261Q.351, como consecuencia del traspaso de la gestión de la Facilidad de la Dirección General de Vivienda y Suelo a la Dirección General de Planificación y Evaluación del MIVAU.

Este cambio orgánico, reflejado en ambos textos publicados, tiene implicaciones contables y de control interno que los receptores finales —promotores públicos y privados de vivienda en alquiler social o asequible— deberán tener en cuenta a efectos de justificación ante la autoridad gestora.

El régimen de avales se reduce y flexibiliza

En paralelo, la primera adenda al convenio de avales (BOE-A-2026-18677) reduce el importe global máximo de garantías de 2.000 millones a 375 millones de euros, en coherencia con el nuevo techo de financiación. La comisión de administración del aval, que asciende en el cómputo total a 6,93 millones de euros frente a los 31 millones previstos originariamente, se concentra asimismo en el ejercicio 2026 (572.060,78 €) y se estabiliza en 375.000 € anuales entre 2027 y 2029, para ir decreciendo progresivamente hasta 2056.

(Imagen: E&J)

Más allá de los números, la adenda introduce una flexibilización normativa de interés jurídico en la estipulación tercera, apartado 10, relativa a la novación y subrogación de los préstamos avalados. El texto original exigía que el nuevo titular del préstamo —habitualmente el futuro explotador de la vivienda— estuviera previamente identificado y autorizado en el momento de la concesión.

La nueva redacción permite que la operación mantenga el aval aunque el subrogado no estuviera previsto inicialmente, siempre que el nuevo titular acredite a posteriori las autorizaciones exigidas para ser considerado “Receptor Final”. En caso de financiación directa por el ICO, la entidad deberá emitir un “visto bueno” expreso previa evaluación del nuevo obligado.

Esta modificación responde a una demanda del sector: los proyectos de vivienda a largo plazo suelen requerir cambios de titularidad que, bajo la redacción anterior, provocaban la caída automática de la garantía estatal, disuadiendo a la banca de participar.

Importancia e implicaciones

En definitiva, lo que el BOE registra no es una mera actualización contable, sino una revisión contractual de primer orden que condiciona la capacidad del sector inmobiliario social para acceder a financiación avalada en los meses finales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El recorte de 3.250 millones de euros, la concentración de los desembolsos en 2025 y la flexibilización de la subrogación configuran un nuevo escenario jurídico que exigirá una interpretación coordinada de la normativa de ayudas de Estado, el régimen presupuestario del sector público y la normativa urbanística de vivienda asequible. Los operadores jurídicos del sector deberán examinar con especial atención cómo estas modificaciones afectan a las operaciones ya formalizadas y a las que aún se encuentren en fase de solicitud ante el ICO.

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