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Legislación

Expertos juristas califican la ley del ‘solo sí es sí’ como un ataque a la presunción de inocencia

Afirman que la norma es innecesaria y que no supone una mayor protección a las mujeres

Irene Montero, ministra de Igualdad, (Foto: Congreso de los Diputados)

Tiempo de lectura: 8 min



Legislación

Expertos juristas califican la ley del ‘solo sí es sí’ como un ataque a la presunción de inocencia

Afirman que la norma es innecesaria y que no supone una mayor protección a las mujeres

Irene Montero, ministra de Igualdad, (Foto: Congreso de los Diputados)



Han sido necesarios dos años y medio de trámites para que la Ley Orgánica de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como la «ley de solo sí es sí», haya recibido la aprobación de las Cortes. La norma ha sido motivo de una intensa controversia tanto entre los dos partidos socios del Gobierno al igual que muy criticada por algunos sectores de la sociedad.

Juango Ospina, especialista en Derecho Penal y fundador de Ospina Abogados, entiende que “ley no era necesaria porque no protege más las víctimas y tampoco las protege de mejor forma”. A su juicio, “las denunciantes que se vean envueltas en un procedimiento relacionado con un delito contra la libertad sexual se van a sentir exactamente  a como se sentían anteriormente. Yo creo que habría que trabajar y establecer unos protocolos para acompañar a las víctimas”. “Esta ley no entra a valorar cómo proteger más a las víctimas, y yo creo que ahí sí hay una tarea pendiente por parte del legislador”, concluye.



Luis Romero, socio director de Luis Romero Abogados, y doctor en Derecho Penal, coincide con Ospina a la hora de que la ley no es necesaria. A este respecto, explica que “tenemos un Código Penal en el que se regulan los tipos tanto de los delitos de abusos sexuales como los de agresión sexual en todas sus particularidades”. Asegura que “se pretende desde los despachos de los políticos, regular en vez de hacerlo por el cauce legal indicado en nuestra Constitución”.

El elemento más importante de esta ley, impulsada por el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, se centra en el consentimiento. Hasta la aprobación de la norma, se consideraba agresión solo aquellos casos en los que se pudiera probar que la violación se produjo con fuerza o intimidación. Sin embargo, la ley aprobada ahora establece que “solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.

En unas declaraciones realizadas por Irene Montero dejó muy claro que «ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerada como agresión. Reconocemos todas las agresiones como violencias machistas». Este es uno de los elementos de la ley más criticados.

Luis Romero afirma que la ley “afecta al derecho a la presunción de inocencia de los hombres porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad y; al principio in dubio pro reo, es decir, que en caso de duda razonable, la misma debe beneficiar al acusado”. En relación al consentimiento y a que se produzcan una serie de actos de acuerdo con el texto de la ley, Romero se pregunta: ¿qué significa exactamente eso?

Juango Ospina. (Foto: Ospina Abogados)

Juan Gonzalo Ospina se muestra tajante al afirmar que la ley “sigue dejando una especie de presunción de culpabilidad a todas aquellas personas que son denunciadas por este tipo de hechos delictivos”. Explica que “ya con la ley actual, y con la jurisprudencia que dicta el Tribunal Supremo dándole validez a los hechos que recoge una denuncia en relación a los delitos contra la libertad sexual, se presupone que los mismos han tenido lugar salvo que se pueda demostrar que el investigado pueda demostrar que la denunciante miente”. “Tal y como están las reglas de juego hoy en relación a los delitos contra la libertad sexual, y cómo van a continuar siendo, creo que la presunción de inocencia no se protege como es debido en este tipo de hechos delictivos y que todas las personas investigadas por estos hechos penales se les presupone culpables”, afirma este abogado.

Igualmente, queda eliminada la distinción entre agresión y abuso sexual. Se puede decir que en buena medida la distinción entre ambos supuestos fue el origen de esta norma, después de la sentencia por el caso de La Manada, que consideró abuso la violación grupal a una joven durante los Sanfermines del año 2016 y que desató una ola de manifestaciones contra el auto judicial.

Tras la aprobación de la ley, son agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona. Según se explica en la ley, con este cambio España cumple con las obligaciones que asumió al ratificar el Convenio de Estambul, impulsado por el Consejo de Europa.

Los delitos de agresión sexual donde no haya penetración se castigarán con entre uno y cuatro años de prisión (actualmente van de uno a cinco) y en los que hay penetración la horquilla será de cuatro a 12 años (en la actualidad van de los seis a los 12). También se contempla un tipo atenuado con penas que va desde un año de prisión a multas que pueden ir de 12 a 24 meses.

Asimismo, la «ley de solo sí es sí» recoge una serie de elementos agravantes de las penas. Entre los mismos se incluye el hecho de que la agresión sea grupal, que se ejerza violencia o daño grave a la víctima, que ésta sea de especial vulnerabilidad, que se utilicen armas o medios peligrosos, que el agresor sea pareja de la víctima o tenga relación de parentesco y que en la agresión sexual se utilicen sustancias se sumisión química para anular la voluntad. En estos casos, las penas se pueden aumentar entre los dos y los ocho años si no hay penetración y de siete a 15 cuando haya penetración (ahora varía entre los 12 y los 15 años).

Luis Romero. (Foto: Romero Abogados)

A este respecto, Ospina se muestra igualmente crítico. Entiende que “si desde un punto de vista ideológico-político queremos llamar violación a ambos supuestos puede ser muy correcto. Incluso desde un punto de vista gramatical. Pero no desde un punto de vista penal”. “Un homicidio es un homicidio y un asesinato es un asesinato, al igual que un hurto es un hurto y un robo es un robo”, sentencia.

“Si lo que busca el legislador es un denominador común al supuesto de la violación, es decir, un acto sexual sin consentimiento en contra de la voluntad de la víctima, se le podía haber denominado violación a ambos supuestos, dejando el matiz de abuso o agresión a los tipos penales oportunos”, afirma Ospina.

Son supuestos distintos con todas las variedades y particularidades agravantes específicas, regulación de la pena, circunstancias en los distintos preceptos de nuestro Código Penal los delitos de abusos sexuales y de agresión sexual”, añade Romero. Entiende que “si no se distingue las conductas que constituyen abusos sexuales y no agresión sexual o violación a lo mejor podían conllevar una pena de multa o una pena de prisión baja que no conllevara el ingreso en prisión y ahora pueden conllevar penas de cárcel”. “Eso va en contra del principio de proporcionalidad que es un principio fundamental en el derecho penal y en el derecho procesal”, afirma.

La ley establece castigos para los casos de acoso. Este es uno de los elementos más controvertidos de la ley por la inclusión de lo que la norma llama “acoso callejero”, o lo que es lo mismo, lanzar piropos. Los casos de acoso están castigados con penas de prisión de tres meses a dos años o multas de seis a 24 meses. La norma dice que se entiende como acoso conductas que alteren el normal desarrollo de la vida de una persona, como vigilarla, perseguirla o buscar su cercanía física; mediante el uso indebido de datos personales; atentando contra su libertad o patrimonio o contra la de una persona próxima a ella, entre otras.

Los casos de acoso callejero, esto es, dirigirse a otra persona “con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad”, están ahora castigados con penas de localización permanente de cinco a treinta días, trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días o multa de uno a cuatro meses. Estos delitos solo se perseguirán previa denuncia de la persona acosada o su representante legal.

Romero asegura que está en contra de que haya acoso callejero a una mujer, pero se pregunta si es un delito que puede conllevar penas de prisión. “Son barbaridades. Son un delito leve o en cualquier caso esa conducta estaría perfectamente regulada en nuestro Código Penal por un delito de amenazas o coacciones u hostigamiento. Pero no es necesario que ahora se hable de un delito de acoso callejero”, explica.

Para Ospina, en este caso “el legislador va más allá de lo que se busca entender como la normalidad de los usos cotidianos de una sociedad” y se muestra convencido de que “normalidad de los usos cotidianos de una sociedad pero estoy convencido de que los tribunales serán prudentes a la hora de terminar aplicando principios generales del derecho penal para entender cuándo se ha extralimitado un trato común a un trato vejatorio por el cual se tiene que dictar una sentencia condenatoria para el supuesto de hecho”, algo que, por otra parte, “ya ese está produciendo”, por lo que cree que “esta modificación no era necesaria”.

Protección de menores

La «ley del solo sí es sí» incluye una serie de medidas de protección de niños y niñas menores de edad que sufran violencia sexual. Según la ley, “el que realizare actos de carácter sexual con un menor de 16 años, será castigado con la pena de prisión de dos a seis años”. En los casos de agresión sexual se impondrá una pena de prisión de cinco a diez años.

Sobre este aspecto, destaca la protección ante agresiones online. De este modo, quedan recogidas penas de entre uno y tres años y multa de 12 a 24 meses para quienes a través de las nuevas tecnologías contacte con un menor de 16 años y le proponga concertar un encuentro con el fin de cometer actos de carácter sexual. Esta pena aumentará si el acercamiento se realiza coacción, intimidación o engaño.

Igualmente, se aplicarán penas de entre seis meses y dos años a quienes contacten con un menor de 16 años a través de Internet e intente embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor.

La ley establece medidas de protección de menores ante agresiones online. (Foto: E&J)

Cabe destacar igualmente que las víctimas de violencia sexual tendrán derecho a la reparación a través de una indemnización que evalúe económicamente el daño físico y psicológico, la pérdida de oportunidades educativas o laborales, los daños materiales o la pérdida de ingresos, así como el daño social o el tratamiento terapéutico al que se haya visto sometida. Esta indemnización irá a cargo de la persona que civil o penalmente haya sido la responsable.

Por otra parte, cuando las víctimas de violencia sexual careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, podrán recibir una ayuda económica del Estado equivalente a seis meses de subsidio por desempleo.

Lo que ha llamado la atención de esta medida es que, tal como establece el artículo 36, podrán acreditarse las situaciones de violencias sexuales mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados en igualdad y contra la violencia de género, de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencias sexuales de la Administración Pública competente, o de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, en los casos objeto de actuación inspectora. Todo ello sin necesidad de que haya sido interpuesta denuncia.

La ley también tiene en cuenta la protección a las mujeres en situación irregular víctimas de violencia sexual. De este modo, si al denunciarse una situación de violencia sexual (o de violencia de género) contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situación irregular, se suspenderá la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución eventualmente acordadas. Además, podrá solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a partir del momento en que se hubiera dictado una orden de protección a su favor o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia sexual.

Para Romero, esta disposición “es otra aberración jurídica y una norma desacertada que pone en ridículo a nuestro país”. Critica que una mujer pueda acceder a ayudas solo con un informe de Asuntos Sociales. “Lo peor es que se mantiene esta ayuda según el texto de la norma incluso aunque haya sentencia absolutoria”, destaca.

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