La okupación: un fenómeno imparable ante la falta de legislación
El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro plantea en 'E&J' las medidas necesarias para combatir este problema
Cataluña es la Comunidad Autónoma con mayor número de ocupaciones ilegales registradas, acumulando el 40.9% de las 15.289 denuncias registradas en toda España en 2023. (Imagen: Plataforma de Afectados por la Okupación)
La okupación: un fenómeno imparable ante la falta de legislación
El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro plantea en 'E&J' las medidas necesarias para combatir este problema
Cataluña es la Comunidad Autónoma con mayor número de ocupaciones ilegales registradas, acumulando el 40.9% de las 15.289 denuncias registradas en toda España en 2023. (Imagen: Plataforma de Afectados por la Okupación)
La ocupación es un fenómeno que se ha situado como uno de los principales problemas sociales de nuestro país. Desde 2018 hasta 2023, ambos inclusive, se han okupado casi 91.000 viviendas. Según el CIS, en 2023 la ocupación ilegal se convirtió en una de las mayores preocupaciones de los españoles; un dato que concuerda con las conclusiones alcanzadas en el estudio realizado por la aseguradora Línea Directa, según el cual uno de cada cuatro españoles cree que hay una posibilidad media o alta de que le okupen su vivienda.
Otra de las conclusiones alcanzadas en el estudio de la asegurada —en el que han participado 17.000 encuestados— es que, para los españoles, la okupación de viviendas cuenta con unas causas variadas: la lentitud de la Justicia (28%), la permisividad de los políticos (25%) y la dificultad para acceder a una vivienda debido al alto precio (23%). Además, casi 3 de cada 4 ciudadanos (73%) piensan que las penas para este tipo de prácticas “son muy laxas” y que “no existe seguridad jurídica”.
«Es necesario aprobar una Ley Integral que trate el problema de la okupación y proteja a los propietarios». Así lo declara a Economist & Jurist el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) Vicente Magro Servet, uno de los máximos expertos de este tema en España. Un asunto en el que también preocupa la duración de los procedimientos, ya que en 2022 los procesos de desalojo y sus recursos tuvieron un plazo medio de resolución de 20,5 meses.
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