La parálisis legislativa frena las necesarias reformas del sector público y la jurisdicción contenciosa-administrativa

Las relaciones con las distintas administraciones se han convertido en estratégicas para los empresarios y muchos despachos de abogados que les asesoran. Es fundamental saber moverse en el sector púbico para poder hacer negocios a cierto nivel.  Tener un área de Derecho Administrativo se ha convertido en clave para la abogacía de los negocios en un escenario donde compiten con boutiques más especializadas en un mercado muy amplio.

El Derecho Público se ha convertido en el M&A de los años noventa para los bufetes, hay que darse cuenta que, además de las relaciones con las distintas administraciones (europeas, estatal autonómica y locales), también hay que conocer bien algunos sectores regulados donde interviene el Estado en algunos casos, como es la energía, transporte o las telecomunicaciones. Hay que conocer el negocio y los tribunales que resolverán esos asuntos, habitualmente en vía contenciosa-administrativa a los que se recurre cuando la negociación se rompe.

El gran problema lo detecta, Alberto Dorrego, socio director responsable del área de derecho público de Eversheds Sutherland y presidente de la sección de Derecho Público del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que advierte la necesidad de reformas legislativas necesarias en sectores como energía, transportes, medioambiente o sector farmacéutico “pero tal y como están Congreso y Senado la posibilidad de pacto es complicada”.

Desde su punto de vista “es difícil encontrar mayorías para aprobar alguna de las normas que son necesarias. Hasta el momento, de esta legislatura la única ley que se ha aprobado y ya hemos visto cómo es la Ley de Amnistía, eso deja claro la precariedad de nuestro sistema político en este momento. Sin embargo, hay mucha normativa pendiente sectorial que sería bueno que pueda irse aprobando para modernizar muchos de los sectores regulados de nuestro país”.

Para este jurista, la jurisdicción contenciosa debe acometer una reforma de calado en los próximos años: “Estamos hablando de una jurisdicción diferente a las demás, muy basada en lo escrito, con escasos asuntos que se vean en una vista habitual. En este contexto hay que ver si realmente la normativa de eficiencia digital de nuestra justicia puede tener encaje en esta jurisdicción, donde lo tecnológico no parece que sea esencial”.

Al mismo tiempo Dorrego es consciente de una necesidad de especialización de los jueces de lo Contencioso: “Son profesionales de prestigio que igual asumen la reclamación de una multa que el tema de un asunto de plusvalía u otras cuestiones relacionadas con la ley de contratos del sector público. En este sentido debería tenderse a la especialización. El juzgado de marca comunitaria de Alicante es un buen ejemplo de que si la especialización se hace bien tenemos sentencias de calidad, que es lo que busca el ciudadano”.

Alberto Dorrego advierte que la parálisis legislativa del Congreso y del Senado puede frenar que se aprueben distintas leyes. (Imagen: ICAM)

Urge tener presidente del CGPJ

Junto a esta cuestión, este experto en derecho Público espera que haya un acuerdo lo antes posible para tener presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es un puesto clave en este organismo representativo de la carrera judicial y confía que lo antes posible se llegue a un acuerdo para que exista ese presidente: “Por lo que parece vamos a tener de nuevo un presidente del Supremo y del CGPJ de la Sala Contenciosa. Carlos Lesmes, el antecesor lo fue, y Pablo Lucas Murillo y Pilar Teso lo son”.

Desde su punto de vista “este es un tema importante que debe resolverse lo antes posible porque hay un centenar de nombramientos pendientes en distintos órganos judiciales. Sólo en la Sala Tercera faltan doce magistrados y luego están otros tribunales superiores de Justicia (TSJ) que también necesitan cubrir sus vacantes. Es algo fundamental porque los tiempos de respuesta están siendo ahora muy bajos y no podemos seguir así. Las salas de los TSJ deben tener su composición correcta”.

El papel de los jueces de lo Contencioso es clave, pues “además de resolver cuestiones que puedan surgir entre las partes, tienen una labor importante como es la de control del Poder Político y sus abusos. Hay muchas sentencias claves en los últimos meses que han revelado el papel de nuestra Sala Tercera en temas realmente delicados, pero han demostrado su calidad técnica en la resolución e independencia para tomar esa decisión jurídica”.

Para Dorrego, como ya comentó en un reportaje anterior, “es importante que se resuelvan dos cuestiones importantes de esta jurisdicción. Una son las costas, hace falta una regulación clara para que los abogados sepamos a que a tenernos, no pueden ser como la jurisdicción Civil; y la otra cuestión importante es que el legislador apruebe ya una ley de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Hace dos años el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le dijo que modificase la existente, pero por el momento no ha hecho nada. Y esa cuestión debe regularse bien”.

Es importante que el CGPJ se desbloquee y elija a su presidente de cara a que se realicen los cerca de 100 nombramientos pendientes. (Imagen: CGPJ).

Es necesaria una reforma de las costas

La conclusión de todo lo anterior es muy sencilla: “Resulta absolutamente imprescindible una modificación legislativa del artículo 139 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa-administrativa que elimine esta grave incertidumbre, profundamente lesiva del principio de seguridad jurídica y, sobre todo, del derecho de acceso a la tutela judicial efectiva y del debido control jurisdiccional de la acción administrativa”.

Desde su punto de vista “es momento de volver a la regulación seria y razonable que estableció la Ley de 1998 (resultante del riguroso debate jurídico habido en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en aquellas fechas) restableciendo el principio de la condena en costas en los supuestos de mala fe o temeridad de las partes (sea esta pública o privada). Es lo adecuado, sin duda, en esta jurisdicción, totalmente diferente a la ordinaria”.

A juicio de este experto en Derecho Público, “en esta deseable reforma legislativa se deba aprovechar para regular algo que nunca se ha contemplado de forma rigurosa en la ley (ni siquiera en 1956), que es la muy singular defensa letrada que tienen las administraciones públicas”.

En su opinión, hoy en día ni la Abogacía del Estado ni los servicios jurídicos asimilables de las CC.AA. y las EE.LL. tienen criterios claros para la fijación de las costas. No tiene sentido que la fijación de las costas a favor de la Administración se realice con criterios generales de los abogados en ejercicio, cuando defensa jurídica se realiza por sus propios servicios jurídicos”.

Al mismo tiempo recuerda que “la condena en costas tiene una finalidad siempre resarcitoria (no punitiva) y por ello deben fijarse en la ley los criterios para que esta regla se cumpla también cuando el condenado sea un sujeto privado”.

Para este experto, los colegios de abogados deben jugar un papel relevante en el impulso de la reforma legislativa de las costas en el proceso contencioso-administrativo.

Para este jurista es importante abordar la cuestión de la mediación en el ámbito administrativo: “Se han hecho algunos experimentos que dejan claro que se puede lograr ese sistema que regule las relaciones entre administración y administrado, pero por el momento no hemos llegado a nada. Creo que un buen sistema de mediación podría mejorar las relaciones de la administración con los ciudadanos en algunos aspectos”.

(Imagen: E&J)

Contratos del sector público e interinos

Dorrego también recuerda que hay otros temas importantes como aquel derivado de la función publica donde hay cerca de un millón de interinos en la función publica en fraude de ley, “Muchos de ellos ocupan de plazas de funcionarios durante muchos años. Habrá que ver si con la ley de que se aprobó en el 2021 para estabilizar a estos profesionales se consigue realmente. Hay que recordar que el plazo concluye el 31 de diciembre y habrá que ver si las CCAA y administraciones locales consolidan a estos profesionales”.

Este experto nos habla también de la ley de movilidad sostenible que se esta tramitando en el Congreso “entra dentro de lo que nos pide Bruselas para recibir fondos europeos, pero el texto que se va a aprobar es muy corto para las exigencias de un sector que ha crecido de forma notable. Han quedado fuera grandes temas como el de la financiación de infraestructuras o el de las concesiones entre otros asuntos”.

Alberto Dorrego nos habla de la ley de contratos del sector público que se creó en el 2017 tras trasponer varias directivas comunitarias que se aprobaron en el 2914. “Es una ley que también genera litigiosidad porque hay muchas partes involucradas en este tipo de contratos”.

En su opinión, “la ley ha mejorado algo la cuestión de las licitaciones y el acceso al que pueden tener las pymes pero aun hay cuestiones como la modificación de precios en los contratos que puede generar cierta problemática. No podemos olvidar que este es un sector que supone el 20% del PIB nacional y tiene un peso específico importante”.

Es evidente que en este nuevo inicio del año jurídico y judicial este próximo mes de septiembre de nuevo loa fallos judiciales de nuestros tribunales contenciosos y algunas de las normativas que apruebe el legislador estarán en el punto de mira de la opinión pública y de los operadores jurídicos. “Lo importante es que se dote de medios a nuestros tribunales y las decisiones de nuestras administraciones sean conforme a derecho y respeten el trabajo de nuestros empresarios”, aclara este experto.