“La siniestralidad laboral se dispara”, denuncia Ángel Javier Muñoz, fiscal de Sala, quien pide modificar la Ley de PRL de 1995

España se encuentra en los puestos de cabeza en el ranking europeo de siniestralidad laboral, y el escenario jurídico al que se enfrentan las empresas cuando se produce un accidente grave, no invita al optimismo. Después de la pandemia los niveles de siniestralidad han crecido.

Urge reformar la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de 1995 y agilizar las negociaciones que están en marcha desde hace más de un año, pero avanzan lentamente.

Al mismo tiempo es fundamental establecer algunos incentivos para que las pymes cumplan con tener un sistema de prevención porque el 90% de los accidentes graves los cometen ellas, comentó el fiscal de Sala de Siniestralidad, Ángel Javier Muñoz, en un debate organizado por el despacho de abogados Círculo Legal.

Según datos del Ministerio de Trabajo en los primeros cinco meses de este año, 304 personas han perdido la vida mientras trabajaban; son 304 familias rotas; 304 tragedias perfectamente evitables. Y lo más grave: detrás de cada una de ellas hay una omisión preventiva, una ley incumplida, una responsabilidad de quien debió vigilar la salud en el trabajo.

Desde UGT se exige que se actúe de forma decidida en la mesa de Diálogo Social para reformar la legislación preventiva, que es de 1995, y adaptarla a las nuevas realidades laborales. También reclaman más medios para la Inspección de Trabajo, así como la implantación inmediata de la figura del delegado o delegada territorial de prevención, para que pueda llegar a las miles de pequeñas empresas que hoy carecen de la mínima cobertura preventiva.

Otro dato que se señala desde esta organización sindical es que un tercio de los accidentes en las pymes se producen sin evaluación de riesgos, «esto es ilegal; esto mata». Desde UGT se denuncia que los accidentes laborales «no son inevitables; lo que falta es voluntad política y control efectivo».

Desde USO se considera que para mejorar la gestión de la seguridad y salud laboral, deberían implementarse medidas más estrictas de seguridad y prevención en los sectores con mayor incidencia de accidentes, como la construcción y la industria manufacturera. Reclaman un plan específico analizando la problemática concreta y las acciones adecuadas para garantizar entornos de trabajo seguros.

Además, estas acciones deberían complementarse con un seguimiento y evaluación continuo que permitiese asegurar su efectividad y realizar ajustes necesario. El conjunto de acciones enfocadas a sectores de alto riesgo contribuiría a mejorar la seguridad y bienestar de los trabajadores, reduciendo la incidencia de accidentes laborales y protegiendo a todos los sectores de la población trabajadora.

Ángel Javier Muñoz explica que solo el 1% de los accidentes acaban en la vía penal; muchos de ellos acaban en sentencia de conformidad. (Imagen: Círculo Legal)

Debate para buscar soluciones

Bajo este contexto, el despacho Círculo Legal organizó un desayuno jurídico en Madrid en el que E&J estuvo presente, junto con distintos empresarios y juristas José Javier Polo muchos años fiscal jefe de Madrid, ahora socio de Derecho Penal en Montero-Aramburu & Gómez-Villares Atencia.

En este encuentro conocimos las reflexiones de Ángel Javier Muñoz Marín, fiscal de Sala Coordinador de la Unidad Especializada en Seguridad y Salud en el Trabajo, con la presencia de los abogados Diego Cabezuela y Felipe García, socios de la firma.

Durante el encuentro, se analizaron los factores clave que agravan el impacto legal de los accidentes laborales, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

En la presentación Cabezuela explicó la problemática de estos accidentes laborales, con escasas garantías para el imputado y procesos penales que se alargan en el tiempo: “En los últimos tres años los accidentes laborales han aumentado. En Europa estamos en los primeros puestos en siniestralidad laboral, es una situación que debe revertirse cuanto antes”.

Cabezuela denunció un entorno judicial que, a su juicio, trata al empresario “con excesiva severidad” y deja poco margen de defensa: “El 80% de los juicios penales terminan en condena para el empresario. Solo el 20% concluyen en absolución, en la mayor parte de los casos, por tratarse de asuntos muy antiguos”.

Además, alertó sobre la lentitud de la justicia, con casos que pueden tardar más de una década en llegar a juicio, y sobre la influencia excesiva de las actas de Inspección de Trabajo en los procesos penales: “La actuación de la Inspección genera juicios de valor por parte del inspector que luego pasan al procedimiento penal y se convierten en una especie de verdad sobreentendida, que la mayoría de las veces condiciona todo el proceso”.

“Más del 90% de los accidentes ocurren en pymes”

Por su parte, el fiscal de Sala, Ángel Javier Muñoz Marín, explicó que los grandes siniestros no suelen producirse en grandes compañías, sino en estructuras empresariales reducidas: “Más del 90% de los accidentes ocurren en pymes que no están preparadas. Estamos viendo empresas de tres o cuatro trabajadores, donde el propio empresario realiza las mismas tareas que sus empleados”.

También apuntó que solo el 1% de estos accidentes laborales acaban teniendo un reproche penal: “Ahí habitualmente se pactan sentencias de conformidad en un número elevado porque el empresario o delegado de la obra prefiere pactar esa condena o multa al tener todas las pruebas y evidencias en contar”.

Según el fiscal, la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales es “muy buena, pero no está diseñada para el tejido empresarial español”. Abogó por reformarla para adaptarla a la realidad de las pequeñas empresas y propuso nuevas figuras de control interno: “Es clave contar con un delegado de seguridad independiente del empresario, que tenga capacidad para decidir y controlar. Y sobre él, establecer mecanismos de control periódicos”.

Para Muñoz la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos laborales de 1995 que se tramita en la mesa de diálogo social es una necesidad: “No hay día que no firme un fallecimiento por  accidente laboral. Hay pymes que no tienen sistema de prevención y habría que establecer incentivos y deducciones fiscales para que cumplan la ley. Al mismo tiempo muchas empresas abusan de externalizar esta práctica, pero no de forma adecuada”.

Con la nueva ley cree que podría abordar las nuevas situaciones y nuevos riesgos que de estas puedan derivarse y que estos se contemplen en la evaluación de riesgos laborales. Estudiar cuál debe ser el papel de los servicios de prevención; cuál tiene que ser la capacitación requerida para asumir la responsabilidad en materia preventivo laboral en las pequeñas empresas.; introducir la perspectiva de género en las evaluaciones de riesgos; las enfermedades profesionales. Es decir, que son muchas las cuestiones a debatir.

Muñoz también destacó que la solución no pasa por endurecer las penas: “Cuando el caso llega a la Fiscalía, el accidente ya ha ocurrido. No sirve con castigar más, lo que hay que hacer es prevenir mejor”.

Sobre la labor que realiza esta Fiscalía comentó que la mayor dificultad se encuentra habitualmente en determinar los posibles sujetos responsables. Hay ocasiones en que concurren varias empresas y, dentro de ellas, diversos sujetos con responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. Por ello se antoja imprescindible concretar cuáles han sido las causas del suceso, las infracciones de la normativa de prevención de riesgos laborales, y enlazarlas con las obligaciones que cada persona asumía en materia de seguridad.

Expectación para escuchar al fiscal de Sala de Siniestralidad, Ángel Javier Muñoz, experto en accidentes laborales. (Imagen: Círculo Legal)

En su ponencia Ángel Muñoz ha incidido en la necesidad de fomentar la cultura preventiva porque “hay accidentes que se repiten siempre. A veces nos damos contra un muro porque un accidente que se repite es un accidente que se puede prevenir”.

Muñoz ha querido plantear la necesidad de “que se trabaje en la prevención desde pequeños. Igual que todo el mundo sabe que cuando te montas en coche tienes que ponerte el cinturón de seguridad, tienen que saber que tienes que cuidar los riesgos laborales cuando trabajas”.

“No tener recursos no exime de responsabilidad”

Otro de los puntos clave del debate fue el alcance de la responsabilidad empresarial. El fiscal dejó claro que “la falta de recursos no exime de culpa, ni es un atenuante. La empresa es responsable de destinar presupuesto suficiente para la seguridad de sus trabajadores”. En todo caso, sugirió que deberían crearse incentivos fiscales o ayudas para incentivar la inversión preventiva en las pequeñas empresas.

Sobre las causas de los accidentes, subrayó que la clave está en distinguir si hubo un comportamiento temerario por parte del trabajador o si la empresa consintió o no impidió esa imprudencia.

En su opinión, la creación de juzgados especializados “agilizaría la tramitación de estos procedimientos y supondría reducir los tiempos de espera para la obtención de una sentencia en primera instancia que ahora en primera instancia es de unos cinco años”.

“La larga duración de este tipo de causas es un problema que nos preocupa seriamente pues, en primer lugar, supone una verdadera afrenta para las víctimas cuya subsanación requiere de soluciones penalmente eficaces y, de igual modo, conduce a desvirtuar el sistema punitivo en su vertiente de prevención general y especial”, apuntó.

El socio de Círculo Legal, Felipe García, aportó una visión técnica sobre las diferencias entre grandes y pequeñas empresas ante un proceso penal. “Es lógico que las grandes compañías tengan una tasa de absoluciones más alta. Tienen capacidad para presentar documentación, KPIs y medidas preventivas que las pymes ni siquiera han tenido oportunidad de implantar”, explicó.

García también advirtió sobre el riesgo de considerar como “objetiva” una inspección de trabajo realizada tras un accidente: “Para nosotros, como abogados defensores, una actuación tendenciosa de la Inspección, tras el accidente, puede obligarnos a reconstruir el caso desde cero, contrastando con informes de peritos, atestados policiales y evidencias técnicas”.

Como cierre, Ángel Javier Muñoz subrayó que la salud mental en el entorno laboral es una cuestión pendiente: “Todavía no está llegando al ámbito penal, salvo en casos muy claros de maltrato o acoso. Pero deberíamos empezar a mirarlo con mayor detenimiento”.