«Queremos aprobar esta Ley del Derecho a la Defensa en un tiempo razonable y con amplio consenso», dice Bolaños

La Ley Orgánica del Derecho a la Defensa es una reivindicación histórica de la abogacía que arrancó hace muchos años Carlos Carnicer, presidente anterior del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) a Victoria Ortega, y que ha continuado esta jurista con el apoyo de su actual equipo de Gobierno, que desarrolla el articulo 24 de la Constitución. El papel de otro abogado como Joaquín García-Romanillos, recientemente fallecido, también fue clave en estos trabajos.

Esta futura norma desarrolla el citado artículo de la Carta Magna, en cuanto a garantizar la tutela judicial efectiva del ciudadano y su derecho a la defensa. Ahora, parece cada vez más cerca su aprobación, tras haberse remitido al Congreso el pasado mes de enero como proyecto de ley para su tramitación.

Ante un auditórium formado por la mayor parte de los decanos y consejeros del CGAE –no en vano este viernes habrá un Pleno al que acudirán estos dirigentes colegiales–, también fueron invitados el presidente del Consejo General del Poder Judicial en funciones, Vicente Guillarte, el vocal del mismo organismo Alvaro Cuesta, el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez y el presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz, la intervención de Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, sirvió para conocer mejor a este dirigente, quien ejerció de abogado en varios momentos de su carrera y su agenda legislativa.

Bolaños, que escuchó las intervenciones como Miquel Roca, Jesús Remón, Cristóbal Martel y con posterioridad a la suya la de Antonio Garrigues, presidente de la Comisión que se creó para impulsar los trabajos de esta Ley del Derecho a la Defensa, se comprometió a buscar un amplio consenso político para la aprobación de esta norma que garantiza el derecho a la defensa de los ciudadanos y donde el abogado es pieza clave, al atribuirse la exclusividad de ese asesoramiento jurídico.

Miquel Roca recuerda que el derecho de defensa pertenece a los ciudadanos aunque lo protege el abogado. (Imagen: Abogacía española)

“Vamos a trabajar para que se convierta en derecho positivo, vea la luz y esté en el BOE pronto, y espero que sea con un amplísimo consenso. Además, aseguro que la próxima tramitación parlamentaria, a punto de arrancar, y en la ponencia que se constituya, se pretende contar con la Abogacía y con las enmiendas presentadas desde el CGAE”, ha dicho el ministro, y ha señalado que va a estudiar una de las sugerencias de Remón de incluir el desarrollo de la mediación y de los métodos alternativos de resolución de controversia (MASC) en esta ley, en lugar de que fuera un requisito de procedibilidad.

El ministro ha explicado a los decanos, como hizo el pasado miércoles en el II Foro de Transformación Digital, del que también informó Economist & Jurist, el cambio de modelo que se plantea desde el Ministerio de Justicia, donde la digitalización es uno de los puntales clave, “porque ha llegado el momento que la justicia se adecúe al siglo XXI». También se reformará la ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que data de 1996, y que «ha de adaptarse a los nuevos tiempos”, según ha afirmado el ministro.

Derecho a la defensa y ciudadanos

La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha recordado al ministro que esta ley constituye un esfuerzo para seguir avanzando en derechos y libertades. “Es una ley que cierra el círculo de garantías constitucionales, trascendental en el Estado de Derecho, que entre otras cosas, regula el secreto profesional, la libertad de expresión y la independencia y los deberes deontológicos”, ha dicho.

Para esta jurista, es «una ley clave, pionera en Europa, donde debe quedar claro que el titular de la misma son los propios ciudadanos». “Señala el papel del abogado como garante de ese derecho a la defensa y el papel de los Colegios de Abogados para preservar el marco deontológico de los propios letrados. Ahora es el momento de tramitar las 145 enmiendas existentes, entre las que están las 15 nuestras y que se apruebe con un elevado consenso lo antes posible”, ha señalado Victoria Ortega.

Bolaños, explicando la hoja de ruta del Ministerio y su deseo de aprobar en tiempo razonable esta Ley Orgánica del Derecho a la Defensa. (Imagen: Abogacía Española)

En el acto participaron Antonio Garrigues, presidente de la Comisión para la elaboración del Anteproyecto de esta ley que puso en marcha Juan Carlos Campo, entonces ministro de Justicia, y en la que tanto Miquel Roca como Cristóbal Martell, otros de los ponentes, formaron parte. Por su parte, Jesús Remón, socio presidente de Uría Ménendez se encargó de liderar en el último Congreso de la Abogacía, celebrado en Salou, la ponencia sobre la defensa de los derechos libertades.

Roca manifestó que los abogados han sido el motor de esta ley.  “El derecho a la defensa constituye la razón de ser de los abogados. No está pensada para nosotros, está pensada para los ciudadanos”. Y defendió que “es una ley moderna, contemporánea e innovadora desde el punto de vista de la europeidad”.

Recordo que en estos últimos años se hizo un esfuerzo importante desde la Comisión liderada por Garrigues, de la que fue uno de los integrantes “es evidente que si la ley se aprueba es porque habrá logrado un consenso amplio en un momento en que por la situación política parece difícil lograr este tipo de acuerdos tan amplios”.

Jesús Remón, por su parte, ha justificado plenamente la existencia de esta ley, 48 años después de que se aprobase la Constitución Española, “porque el derecho de defensa es uno de los pilares del Estado de Derecho y eso la convierte en necesaria en estos momentos». También ha destacado que la asistencia jurídica gratuita, que data de 1996, habrá que renovarse en el futuro”.

Antonio Garrigues explicando a Bolaños la importancia del trabajo de la Comisión que ha presidido en estos años para llenar de contenido esta norma. (Imagen: Abogacía Española)

Reforzar el derecho de defensa

Este jurista propuso algunos cambios en determinados artículos de este futura ley. «Hay que aprovechar para incorporar al derecho de defensa las diligencias de investigación del fiscal, que afectan de forma notable al justiciable; al igual que cuando en el articulo 6 se habla del derecho a la información, habría que ofrecer a la abogacía institucional el papel de regulador de las costas del proceso, sin que ello menoscabe la libertad de mercado”, ha señalado.

También ha recordado que en el artículo 10 de la norma sería bueno incorporar el derecho a guardar silencio del investigado como elemento de su presunción de inocencia, sin que se valore como indicio incriminatorio, y en el artículo 15, donde se habla del secreto profesional y la confidencialidad de las comunicaciones, preservar ese secreto profesional para los abogados de empresa, tal y como indica el artículo 39 del Estatuto de la Abogacía y alguna jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Por su parte, Cristóbal Martell ha afirmado que esta ley facilita la exigibilidad del Derecho. “El Derecho de Defensa es una ley que mira al ciudadano porque le da un marco procedimental de garantía para que ejerza su derecho, otorga igualdad al conflicto y da voz al ciudadano. Al mismo tiempo, la norma, cuando se apruebe, generará que se apliquen ciertas cuestiones que los abogados reclamamos”, expuso este penalista.

A su juicio, el papel del abogado es clave en el desarrollo de esta norma y de toda la jurisprudencia existente hasta la fecha. «Para que tengamos esa jurisprudencia han tenido que intervenir diferentes abogados que han generado con sus actuaciones esas sentencias que ya conocíamos en estos años previos a la constitución de la Comisión que puso en marcha el ministro Campo. Esta es una ley necesaria de la que los abogados vamos a ser garantes de cara a los propios ciudadanos”, ha indicado.

Cristóbal Martel, explicando la importancia del derecho de defensa en un entorno en el que el abogado es pieza clave. (Imagen: Abogacía Española)

Para cerrar el acto, Garrigues ha expresado que a la ciudadanía no le gusta el conflicto político permanente y que les gusta la idea de los acuerdos políticos. “Es una ley importante que habría que transmitir bien, porque es una ley para los ciudadanos. Sería importante que el proceso fuese lo más rápido posible», ha zanjado.

Este Proyecto de Ley es una de las grandes reivindicaciones del Consejo General de la Abogacía. La presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, pidió a Bolaños el pasado 28 de diciembre, en una reunión que mantuvieron, que se recuperara esta norma, cuya tramitación decayó el año pasado con la convocatoria electoral.

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado 23 de enero como proyecto de ley, la norma se encuentra ahora en el Congreso para su tramitación parlamentaria. Según ha explicado Bolaños, los grupos parlamentarios de la Cámara Baja han recogido la totalidad de las 15 enmiendas presentadas por la Abogacía Española.

Eso significa que pasarán a formar parte del debate parlamentario y que tienen serias posibilidades de quedar reflejadas en el texto final de la ley, que de inmediato comienza su debate en el seno de la Comisión de Justicia. Habrá que ver si al final, 48 años después de aprobarse la Constitución Española, el derecho de defensa queda regulado en nuestro país, con una norma por sus características pionera en Europa.