Letrados de la Seguridad Social e Inspectores de Trabajo consideran que cesión al PNV rompe la solidaridad del sistema único

La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Seguridad Social y el Sindicato de Inspectores  de Trabajo y Seguridad Social muestran su rechazo ante la noticia que emana del acuerdo sellado entre el PSOE y el PNV para la investidura del Pedro Sánchez como presidente del Gobierno relativa a la transferencia al Pais Vasco del Régimen Económico de la Seguridad Social en dos años.

El presidente de la Asociacion de Letrados, José Luis Lopez-Tarazona, indica que esta entidad muestra por  acuerdo mayoritario de la Junta Directiva, «nuestro más firme  compromiso con los pilares esenciales de nuestro Estado social y  democrático de Derecho, especialmente el de la división de poderes del Estado y el de igualdad, en derechos y deberes, de todos los ciudadanos españoles, independientemente de la comunidad autónoma  en la que residan».

En su condición de operadores jurídicos, consideran que la transferencia de este Régimen Económico es uno de los elementos más sensibles de este acuerdo PSOE y PNV. El propio PNV siempre ha argumentado que lo que persigue es la gestión, no la capacidad normativa y sancionadora que quedará en manos de la Administración autonómica. Habrá que ver realmente el detalle de este acuerdo en los próximos días para conocer el alcance real del mismo.

«Del mismo modo, y a la vista de la actual deriva de los  acontecimiento, en nuestra condición de Letrados de la Administración  de la Seguridad Social y de las cada vez más reiteradas noticias sobre la posible transferencia de la gestión de la Seguridad Social queremos advertir que su mantenimiento en los términos constitucionalmente previstos constituye un elemento esencial para la convivencia».

Para este colectivo, “cualquier cesión o transferencia de su gestión a las Comunidades Autónomas atentaría contra el modelo consagrado en el artículo 41 de  nuestra Constitución, que contempla un régimen público de Seguridad  Social, único y unitario para todos los ciudadanos como garantía de la  igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social”

Desde su punto de vista, “esa unidad e igualdad se garantizan mediante los principios de caja única y solidaridad financiera que implican, no solo la titularidad  y competencia estatal exclusiva sobre la gestión de recursos  económicos y financieros del sistema sino también sobre el  reconocimiento y pago de las prestaciones, cuyos criterios de gestión deben ser únicos y uniformes en todo el territorio, precisamente para  evitar la existencia de diversas políticas territoriales en materia de Seguridad Social en las distintas comunidades autónomas”.

Para este colectivo, “como ha subrayado el Tribunal Constitucional, el  Estado debe reservarse como competencia exclusiva no solo la  regulación jurídica en materia de Seguridad social sino, todas las  competencias de gestión y ejecución que garanticen la efectiva  aplicación de criterios unitarios y unificados en todo el territorio  nacional (Sentencias del Tribunal Constitucional (Pleno) 129/89 y  195/1996), tanto para los actos de encuadramiento, liquidación y  recaudación de recursos y el reconocimiento y pago de prestaciones”.

A juicio de esa asociación de letrados de la Seguridad Social, “también debe señalarse que una transferencia de la  gestión de la Seguridad Social contravendría lo dispuesto en el Pacto de Toledo, cuya Recomendación octava contempla expresamente una Agencia de Seguridad Social, de titularidad estatal, precisamente para  garantizar la aplicación de los principios de solidaridad, igualdad de  trato y equidad entre generaciones”.

En el cumplimiento de su  obligación como empleados  públicos de velar por los intereses generales con sujeción y observancia  de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, “apelamos a la  responsabilidad de todos los agentes políticos y sociales para evitar que el diseño de nuestro sistema de Seguridad Social se condicione a coyunturas políticas concretas alejándose de los principios irrenunciables de caja única e igualdad de todos los ciudadanos».

Sobre el acuerdo que acaban de suscribir PSOE y PNV  también contempla otros temas de calado a nivel económico, laboral y fiscal. Entre ellas una reforma del marco de relaciones laborales en el que los convenios autonómicos tengan prevalencia sobre los estatales, una reivindicación histórica del PNV. Esta cuestión que no se incluyo en la reforma laboral de Díaz, hizo que el PNV votara en contra de dicha reforma.

María Jesús Montero, Pedro Sánchez, Antoni Ortuzar y Aitor Esteban. (Imagen: PSOE)

Es una competencia exclusiva del Estado

Desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo que preside Ana Ercoreca se recuerda que  el artículo 149.1.17 de la CE otorga la competencia exclusiva al Estado sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social y así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional  en varias sentencias, (SSTC 124/1989 y 195/1996), afirmando que el Estado mantiene las  competencias ejecutivas para garantizar la “unidad del sistema y su funcionamiento económico  uniforme”.

La finalidad de incluir al régimen económico dentro de la competencia exclusiva del Estado ha sido el de preservar la unidad del sistema de la Seguridad Social y el mantenimiento de un  régimen público, único y unitario de Seguridad Social para todos los españoles, que garantice al tiempo la igualdad de todos los derechos y deberes en materia de Seguridad Social, (artículos 41 y  149.1. 1ª de la Constitución), indican.

Para esa entidad, “los anteriores artículos exigen que la gestión en el reconocimiento de prestaciones y demás actos instrumentales de Seguridad Social queden sometidos a criterios de gestión únicos y unitarios en todo el territorio nacional, adoptados bajo los principios de sostenibilidad y solidaridad financiera”

Afirman que esta cesión al PNV es negativa. “Lo contrario, que las Comunidades Autónomas puedan disponer de la facultad de reconocer las  pensiones y resto de prestaciones (jubilaciones, Incapacidades, subsidios…) sin someterse a  criterios de gestión unificados para todo el territorio nacional-, abocaría, irremediablemente, al  comienzo de la ruptura de la solidaridad del Sistema de la igualdad de todos los españoles en  materia prestacional y del principio de unidad de caja del sistema de la Seguridad Social”

“Y lo mismo ocurriría con los actos de encuadramiento, afiliación, altas y bajas y su control, sistema de liquidación de las cuotas, recaudación ejecutiva en relación con la fijación de sus  objetivos y criterios que necesariamente deberían quedar inmersos en el conjunto de los del  Estado, el régimen de aplazamientos en las obligaciones, la implementación del plan nacional  de lucha contra el fraude en materia de Seguridad Social con todos sus instrumentos, la  representación y defensa ante los tribunales garantizada por la Ley Orgánica del Poder Judicial  bajo una única dirección nacional o el control de la potestad sancionadora, pues su cesión no es sino la vía de apertura a la disposición de un régimen propio de tutela para cada territorio y su  respectivo sustrato empresarial.”

Desde esta entidad recuerda el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como Servicio Público contribuye a la preservación  de los derechos de los trabajadores y al sostenimiento del sistema de protección social, vigilando  para ello, el cumplimiento de las normas de orden social, para ello “es fundamental para nuestro trabajo, que la gestión de la Seguridad Social, siga dentro de las  competencias del Estado».

De esta forma se podrá “garantizar así, los principios de calidad y eficiencia de la  prestación del Servicio a los ciudadanos, la unidad de función y actuación inspectora y la  concepción única e integral del Sistema y para garantizar, en definitiva, la construcción y  mantenimiento del Estado de Bienestar, que tanto nos ha costado edificar entre todos y cuyo  sostenimiento y protección, siempre han guiado y guían la actuación de la Inspección de Trabajo  y Seguridad Social”.

A juicio de ese sindicato, “la igualdad de todos los españoles y la propia “caja única” pueden verse afectada como  consecuencia del proceso de transferencia que se pretende iniciar y más cuando la vía planteada es realizarlo a través de una comisión bilateral con el País Vasco y no con el resto de grupos  políticos que conforman la Comisión del Pacto de Toledo, la cual, creada en 1995, vela y debe  seguir velando por la defensa de un sistema de Seguridad Social Solidario, que garantice la  sostenibilidad del sistema”.