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Los correos electrónicos entre los abogados del trabajador y la empresa constituyen una prueba lícita en un juicio

Así lo sentencia el TSJM

Los abogados de una empresa aportaron correos que acreditaban un acuerdo extrajudicial. (Imagen: Freepik)

Rosalina Moreno

Redactora jefa




Tiempo de lectura: 7 min

Publicado




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Los correos electrónicos entre los abogados del trabajador y la empresa constituyen una prueba lícita en un juicio

Así lo sentencia el TSJM

Los abogados de una empresa aportaron correos que acreditaban un acuerdo extrajudicial. (Imagen: Freepik)



El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictaminado que los correos electrónicos entre los abogados del trabajador y la empresa constituyen una prueba lícita en un juicio. Así se ha pronunciado la Sala de lo Social (Sección Primera) en la sentencia 508/2023, de 26 de mayo, que firman los magistrados Ignacio Moreno González-Aller (presidente y ponente), José Luis Asenjo Pinilla, Emilio Palomo Balda y María Luisa Segura Rodríguez.

En ella, confirma la resolución del Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles que en julio de 2022 desestimó la demanda de reclamación de cantidad de una trabajadora contra Newman Security SL.



La recurrente trabajó para dicha empresa, como auxiliar administrativo, entre abril de 2012 y marzo de 2021. Presentó dos demandas contra la mercantil. Una, de despido, que se sustanció ante el Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles, que en julio de 2021 estimó parcialmente la demanda y declaró la improcedencia del despido, que adquirió firmeza, optando la empresa por la readmisión.

Sin embargo, las partes consensuaron un acuerdo para sustituir la readmisión por la indemnización  y, a cambio, una vez recibida la indemnización por la trabajadora, ésta se comprometía a desistir de la segunda demanda, presentada por reclamación de cantidad. Reclamaba 9.324 euros brutos por horas extraordinarias y diferencias por funciones de superior categoría. Esta demanda recayó en el Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles y en la primera vista quedó suspendida, en octubre de 2021, haciéndose constar en el acta que la empresa había llegado al citado acuerdo en el procedimiento de despido que incluía desistir del procedimiento de reclamación de cantidad.



Cogió la indemnización de 13.700 euros, pero siguió pleiteando

Los abogados de las partes habían presentado dicho acuerdo transaccional -del artículo 1809 del Código Civil– en agosto de 2021 ante el Juzgado de lo Social 2, dictándose auto el 17 de ese mes por el que se homologaba el convenio alcanzado por las partes, extinguiéndose la relación laboral el 16 de marzo de 2021 con abono a la trabajadora de 13.726, 76 euros netos en concepto de indemnización.



(Imagen: Freepik)

Posteriormente, la defensa de Newman Security S.L. envió correos electrónicos a la defensa de la demandante, de 19 y 31 de agosto y 12 de septiembre, reclamando el escrito de desistimiento del procedimiento relativo a la reclamación de cantidad, que no llegó a producirse, manteniendo la trabajadora su reclamación de cantidad.

Ante esta situación, los abogados de la empresa decidieron aportar los correos electrónicos que acreditaban la realidad del acuerdo extrajudicial.

El Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles desestimó la demanda de reclamación de cantidad, que es la recurrida en suplicación ante el TSJ por la trabajadora, al apreciar la excepción de satisfacción extraprocesal de las pretensiones de la demandante (artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) alegada por la empresa, ya que que cobró por transferencia bancaria la indemnización por despido improcedente, pero no cumplió la obligación asumida de presentar el escrito de desistimiento en este procedimiento.

La sentencia del TSJ todavía no es firme, ya que contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para unificación de doctrina. La ha dado a conocer hoy en redes sociales el abogado Ramón Arnó Torrades, especialista en aspectos jurídicos de la sociedad de la información y transformación digital, CEO de La Familia Digital. 

El análisis del experto

Preguntado por ella por Economist & Jurist, Ramón Arnó destaca que esta resolución «efectúa una interesante distinción entre los efectos procesales y la infracción de los principios deontológicos de la correspondencia cruzada entre abogados, y resuelve el conflicto de la posible admisibilidad de este tipo de prueba ante los tribunales».

El abogado Ramón Arnó Torrades. (Imagen: Archivo)

Así, indica que «la normativa deontológica protege la correspondencia privada entre letrados bajo el paraguas del secreto profesional, y prohíbe expresamente su aportación en juicio cuando no se posee el consentimiento previo de la contraparte o la autorización de la Junta de Gobierno del correspondiente Colegio de Abogados».

Por otra parte, señala que la resolución hace hincapié en que «no es menos cierto que los letrados en ejercicio del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa de su cliente, deben a veces aportar copia de esa correspondencia para probar los hechos sobre los que sustentan su acción o la defensa de su cliente». «Queda claro que la aportación de este tipo de prueba no supone la infracción del artículo 11.1 de la LOPJ y con ello la nulidad de la misma, pero sin perjuicio de la responsabilidad del letrado que la aporta respecto a la infracción de la normativa deontológica», concluye Arnó.

Lo que la trabajadora alegaba ante el TSJ

En su recurso de suplicación ante el TSJ, la trabajadora reclamaba la nulidad de la sentencia de instancia denunciando, por un parte, infracción del principio de legalidad (artículos 9 y 103 de la Constitución), ya que, a su juicio, «las comunicaciones entre abogados no debieron haber sido aceptadas por el Juzgado a quo, so pena de inculcar la sujeción de ciudadanos y poderes públicos al entramado normativo de aplicación en España.

Por otra parte, alegaba infracción del artículo 24.1 de la Carta Magna, 6.3.c) del Convenio para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales; artículo 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea; así como de los artículos 22 y 23 del Real Decreto 135/2021 por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, con relación al deber de confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y el secreto profesional, y 5.3 del Código Deontológico de la Abogacía Española, habida cuenta de que «el profesional de la Abogacía no podrá aportar a los Tribunales, ni facilitar a su cliente, las cartas, documentos y notas que, como comunicación entre profesionales de la Abogacía, mantenga con el profesional de la Abogacía de la otra parte, salvo que este lo autorice expresamente».

Lo que dice el TSJ, al detalle

El alto tribunal de Madrid explica en su sentencia que «una de las problemáticas más difíciles de resolver para el abogado es qué hacer cuando la debida defensa de los intereses de su cliente aconseja la aportación al proceso de correspondencia cruzada con el letrado de la parte contraria como prueba documental (incluyendo aquí el intercambio de cartas, burofaxes, correos electrónicos o conversaciones propias de sistemas de mensajería instantánea, como WhatsApp)».

Sede de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid. (Imagen: Archivo)

Añade que la normativa deontológica a nivel europeo, estatal, autonómico y local protege la  correspondencia privada entre letrados bajo el paraguas del secreto profesional, y prohíbe expresamente su aportación en juicio cuando no se posee el consentimiento previo de la contraparte o la autorización de la Junta de Gobierno del correspondiente Colegio de Abogados.

Sin embargo, destaca que aunque es cierto que «la aportación sin consentimiento ni autorización vulnera el secreto profesional y, por ende, la deontología, no es menos cierto que el letrado aportante ejerce, en el mismo sentido, su derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, en cuanto manifestación del derecho a reclamar la tutela judicial efectiva».

Los magistrados exponen que esto provoca, en consecuencia, la duda respecto de la posible admisibilidad de este tipo de prueba, en la que el ejercicio del citado derecho fundamental comporta la vulneración de las necesarias exigencias éticas de la profesión. Además, indican que a partir de la sentencia del Tribunal Constitución (TC) 114/1984, Sala Segunda, de 29 de noviembre de 1984 (recurso de amparo número 167/1984) «no cabe lugar a duda acerca de la admisibilidad como prueba de la grabación, captación o utilización en juicio de aquellas conversaciones aportadas por los intervinientes de las mismas, por lo que el letrado participante en la propia correspondencia podrá aportarla al proceso sin vulnerar este derecho fundamental».

La Sala de lo Social del TSJM. (Archivo)

El tribunal apunta que «si un abogado aporta correspondencia sin el consentimiento previo de la contraparte ni la autorización del Colegio, la misma constituye, sin duda, una evidente actividad prohibida por ley, pues nos encontramos frente a una norma deontológica que tipifica dicha actuación como sancionable, pero no vulnera derechos fundamentales».

Pero concluye que no hay razón de peso que determine la nulidad de la sentencia recurrida, porque una cosa es la infracción de la norma deontológica, cuya consecuencia será el ejercicio, ad intra, de las acciones procedentes ante el Colegio de Abogados, y otra bien dispar negar efectos, ad extra, a la realidad jurídica de una prueba que ha sido desplegada en el ejercicio del derecho de defensa (artículo 24 de la Constitución).

Y razona que de la misma, valorada con inferencias lógicas por el juez de instancia, «se deduce la satisfacción de lo aquí reclamado a través de un compromiso transaccional extraprocesal de las pretensiones de la demandante, que cobró por transferencia bancaria la indemnización por despido improcedente que fue homologado judicialmente por auto de 17 de agosto de 2021 del Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles, pero no cumplió la obligación asumida de presentar el escrito de desistimiento en este procedimiento, lo que conduce a desestimar el recurso y confirmar la sentencia recurrida».

«Recapitulando: Estamos ante un conflicto entre el derecho del letrado a utilizar todos los medios de prueba pertinentes para la defensa de su cliente y la vulneración del secreto profesional. De manera que, ponderando los intereses en juego en este caso, y sin perjuicios de las reclamaciones que pudieran plantearse desde un punto de vista deontológico ante el Colegio de Abogados, y aun no obteniéndose una autorización previa de este, nos decantamos por entender la prueba aportada por la empresa era útil, necesaria y pertinente dado que la prohibida por la ley es únicamente aquella que se obtenga vulnerando un derecho fundamental», concluyen los magistrados.

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