Los notarios adelantan a los registradores en la actualización y efectividad de sus funciones

Todos los operadores jurídicos españoles, en general, presumen de la seriedad y profesionalidad del notariado y de los registradores de la propiedad y mercantiles de España.

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Más allá de ciertas y frecuentes discusiones entre ellos, es indudable que estos dos prestigiosos cuerpos contribuyen de forma trascendente a la seguridad jurídica en nuestro país, entre otras razones, gracias a la altísima preparación jurídica de sus integrantes, por tener que superar unas oposiciones de máxima exigencia.

No obstante, últimamente, ciertos sectores de la abogacía, especialmente los mercantilistas, manifiestan cierta perplejidad frente a la falta de homogeneidad en la calificación de acuerdos societarios para su inscripción en el correspondiente Registro Mercantil.

Si penetramos en la intimidad de los despachos de abogados que se dedican al derecho societario, cada vez es más frecuente que, cuando un abogado ha de redactar una propuesta de acuerdo para someterlo a la Junta de una sociedad, a pesar de tener la previa verificación notarial, casi sea tan importante preocuparse por el ajuste del acuerdo a la legalidad como hacerlo al criterio interpretativo del registrador titular del correspondiente Registro.

Nadie puede negar la facultad de interpretación del registrador en cada caso concreto, pero sí es exigible que este prestigioso cuerpo haga un esfuerzo por unificar criterios interpretativos que son fundamentales para dar seguridad al tráfico mercantil.

Si el registrador expide una calificación negativa, una opción puede ser buscar la calificación sustitutoria que permite que otro registrador califique de nuevo el mismo título sin necesidad de discutir el fondo. Otra opción es la vía de interposición de un recurso ante la Dirección General, dentro del mes siguiente a la notificación de la nota. Finalmente, queda la vía judicial.

(Imagen: E&J)

El Tribunal Supremo, en la famosa sentencia de 14 de enero de 2015, destacó que la calificación registral no determina la última palabra y que siempre está disponible el control de los tribunales.

Todas estas herramientas para discutir o analizar las calificaciones son incómodas de aplicar. Cualquier abogado que se dedique al derecho mercantil o societario en particular sabe que para los clientes el tiempo y la seguridad jurídica son fundamentales para la actividad societaria. No deja de constituir un defecto normativo que un abogado no pueda saber con seguridad, en muchos casos, si un acuerdo societario se inscribirá o no.

No es admisible que en ocasiones se tenga la sensación de que la calificación positiva o negativa de un acto se base principalmente en una interpretación subjetiva, aun estando bien fundada. Se debe exigir que los criterios interpretativos se hagan públicos y se ordenen en su mayoría para que los abogados sepan a qué atenerse.

Es obvio que la previsión interpretativa no puede ser total para el universo de casos con trascendencia mercantil, pero sí es posible exigir un mayor grado de previsión y seguridad.

El notariado, a través de sus órganos de representación, está haciendo un esfuerzo importante para adaptarse a las nuevas exigencias del tráfico jurídico que la abogacía lidera. Es cierto que el Colegio de Registradores de España últimamente ha sido requerido para intervenir en acciones jurídicas tan discutibles como su participación en los registros de pisos turísticos que, como vaticinaban muchos juristas, invadía competencias de las comunidades autónomas.

Terminada esta aventura, es de esperar que centre sus esfuerzos en su actividad fundamental, pues el admirado cuerpo de registradores es una pieza clave para contribuir a la seguridad jurídica española.