Los ocho grandes retos para la infancia en España

Asegurar la protección de la infancia es una inquietud relativamente reciente. Hoy en día la preservación sus derechos resuena como uno de los objetivos en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, pero no siempre ha sido así. No podemos olvidar que no fue hasta mediados del siglo XIX cuando comenzaron a promulgarse las primeras leyes encaminada a proteger a los menores en sus puestos de trabajo en las fábricas.

En España, a principios del s. XX asistimos al desarrollo de un movimiento intelectual y político que daría lugar en 1904 a la primera ley de protección a la infancia, conocida como la “Ley Tolosa”. Esta ley supuso el reconocimiento de la responsabilidad de la Administración Pública en el aseguramiento de la estabilidad y el bienestar físico y psicológico de los menores, especialmente de aquellos que se encontraba en una situación de desamparo. Un nuevo enfoque que también tuvo su impacto en la normativa laboral, con la fijación de la edad mínima para trabajar en 14 años, o en la creación de los tribunales tutelares de Menores.

En 1978, la llegada de la democracia y la aprobación de la Constitución supuso un nuevo cambio de rumbo. Concretamente, en su artículo 39 nuestra Carta Magna reconocía expresamente la protección social, económica y jurídica de los menores y sus familias como una obligación del Estado. A partir de este momento se sucederán distintas reformas, hasta la promulgación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, relativa a la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que supone un nuevo paso en la lucha por proteger a los menores, otorgando un mayor peso de la Administración pública en el desempeño de este compromiso.

No obstante, a pesar del largo camino recorrido hasta la fecha, la realidad es que la protección de los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) sigue siendo una asignatura pendiente en múltiples ámbitos como el económico, sociocultural, sanitario, educativo y tecnológico, sectores que son claves para permitir una acción práctica e integral que redunde en el bienestar y desarrollo vital de los NNA en nuestro país.

A este respecto es posible distinguir ocho retos de actuación para la protección integral de la infancia en España.

(Foto: E&J)

1. Asignación de recursos públicos y voluntad política para la implementación de los derechos reconocidos de los NNA

A pesar de que el futuro de un país depende de las generaciones venideras, lo cierto es que la inversión en materias relativas a la infancia siempre ha estado por debajo de la media de nuestros vecinos europeos. Concretamente en el año 2019 en nuestro país, solo se invirtió el 1,3 % del PIB en protección social a la familia y niños, lejos del 2,3% de la media europea, según datos de UNICEF.

De hecho, marcadores como los de la pobreza infantil están íntimamente ligados a la inversión en infancia, motivo por el que resulta clave incrementar la inversión en políticas relacionadas con la protección social de los menores.

Bajo esta premisa, muchas las voces que reclaman la adopción de un Pacto de Estado por la Infancia que busque garantizar y proteger recursos para los NNA que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

2. Plan de lucha contra la Pobreza y vulnerabilidad de la infancia

Según el indicador AROPE, que evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos de inclusión social propuestos en la Estrategia de la Unión Europea 2020 y que hace referencia al porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, en el año 2021 en España la tasa de riesgo de pobreza y exclusión afectaba a un 28,9% de los NNA. Una cifra que se ha incrementado en un 1,2% con respecto a los años 2019 y 2020, favorecido por la crisis derivada de la Covid-19.

Frente a estas cifras resultan claves medidas como la adopción del Plan de Acción Estatal para la implementación de la conocida como Garantía Infantil Europea destinada a romper el círculo de la pobreza infantil o el establecimiento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) contemplado en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

3. Protección de la salud de la infancia

La salud de los más pequeños es uno de los puntos clave para asegurar su bienestar y estabilidad, una cuestión que abarca desde el ámbito físico, mental, hasta el estilo de vida.

En este sentido, resultan especialmente reseñables los problemas que padecen los menores relacionados con la alimentación. De hecho, según Save the Children, en su informe titulado Adiós a la dieta mediterránea, en el año 2022 el 28,1 % de los menores españoles de 18 años presenta un exceso de peso, una cifra que supera la media europea. Además, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia advierte que el 70% de los adolescentes no están conformes con su físico.

Bajo estas premisas, resulta crucial el desarrollo de un plan nacional que promueva la adopción de hábitos de vida saludable entre los jóvenes basados en una dieta equilibrada y la actividad física.

Finalmente, en el ámbito de salud mental, Save the Children recoge en su informe Crecer Saludable(mente) que, la aparición de trastornos mentales es común en menores, especialmente en niñas mayores de 12 años. Asimismo, desde la pandemia de la COVID-19, el suicidio ha pasado a ser la primera causa de muerte por razones externas entre menores de edad.

En este sentido, es necesario facilitar herramientas adecuadas a los NNA para que puedan desarrollar las habilidades sociales necesarias y promover la creación de espacios en los que puedan recibir el acompañamiento psicológico que puedan precisar.

4. Desarrollo de un sistema educativo de calidad

El aprendizaje escolar en los primeros años de una vida es fundamental para asegurar un correcto desempeño personal y profesional en el futuro. Lamentablemente, las cifras de fracaso escolar en nuestro país se han mantenido elevadas en los últimos años.

Según la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2022, el abandono educativo temprano se situaba en un 13,9%, una cifra que sufrió un ligero descenso en los años posteriores a la pandemia pero que, en el año 2022 ha vuelto a crecer ligeramente, en un 0,6%.

A fin de alcanzar la media formativa europea, es necesario continuar impulsando medidas de atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria, recuperando e implantado Programas de Diversificación Curricular, buscando siempre nuevas vías de apoyo y acompañamiento al alumnado y sus familias en los procesos de aprendizaje.

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5. Intervención de los servicios sociales antes situaciones de desprotección

En el año 2020, en España 49.171 menores fueron atendidos por los servicios sociales, de los cuales aproximadamente un 40% se encontraban en situación de desamparo, teniendo el Estado o la entidad competente su tutela «ex lege«.

A fin de ofrecer un mejor servicio, es necesario asegurar un sistema de apoyo y coordinación eficiente entre los distintos servicios. En este sentido, la Comunidad de Madrid ha confeccionado un Manual de Intervención a fin de promover la coordinación entre los Servicios Sociales de Atención Primaria y los Centros de Atención a la Infancia (CAI), frente a situaciones de desprotección infantil.

6. Protección de los menores no acompañados

En el año 2020, fueron acogidos a España 5.670 menores extranjeros no acompañados (conocidos como MENAs). Los acogimientos residenciales representaron más del 90% del total de las medidas llevadas a cabo ese año, con un total de 5.579 casos, frente a solo 91 acogimientos familiares.

A la vista de estos datos, los Menores Extranjeros No Acompañados dependen de las CCAA, cuyos servicios sociales deben garantizar su protección. No obstante, a pesar de las múltiples reformas legislativas emprendidas, persisten actuaciones inadecuadas de las entidades públicas e incluso normas que colocan a estos menores en una situación de vulnerabilidad, y desprotección, enfrentándoles a situaciones de gran peligro e incertidumbre.

7. Protección de la infancia ante situaciones de maltrato

Según el Instituto Superior de Estudios Sociales y Sociosanitarios, entre 2008 y 2020, se ha registrado un aumento de maltrato infantil en un 300%, una cifra alarmante.

La fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) ha detectado que en los últimos años esta realidad es sufrida por menores en edades cada vez más tempranas. Además, conviene tener presente que las niñas son las principales víctimas de este problema, pues representan el 57% de los casos de violencia de género y abuso sexual.

En este sentido, los profesionales sanitarios, así como los del ámbito educativo, policial y de servicios sociales, constituyen una figura clave en la prevención, detección e intervención en estos casos.

8. Protección y promoción del uso saludable de las TICs

Según una encuesta acerca del comportamiento online de los menores realizada en el año 2023 por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los hábitos de uso de las nuevas tecnologías en adolescentes afectan a su sueño, les produce cambios en su estado de ánimo y les llega a causar ataques de ira, ansiedad y aislamiento social, y son muchos los que han llegado a sufrir ciberbullying.

Es evidente que la irrupción de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio en la forma en que los menores aprenden, se relacionan y disfrutan de su tiempo libre. En este sentido, si bien internet es una fuente incansable de contenido y conocimiento, lo cierto es que también representa un riesgo importante para la salud y la estabilidad de los más pequeños, como acreditan las cifras.

Por ello resulta clave la implementación de medidas y planes que les orienten, informen de los riesgos y enseñen a hacer un uso responsable de la red, implicando a los padres, quienes deben de ser conocedores del empleo que sus hijos hacen de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

(Foto: E&J)