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María Dolores Lozano: «El Supremo da la razón a la AEAFA en las críticas a los divorcios a precios irrisorios»

El TS confirma que alertar sobre las ofertas de las "divorcionetas" no vulnera el honor de sus abogados

María Dolores Lozano, presidenta de la AEAFA. (Imagen: AEAFA)

Rosalina Moreno

Redactora jefa




Tiempo de lectura: 5 min



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María Dolores Lozano: «El Supremo da la razón a la AEAFA en las críticas a los divorcios a precios irrisorios»

El TS confirma que alertar sobre las ofertas de las "divorcionetas" no vulnera el honor de sus abogados

María Dolores Lozano, presidenta de la AEAFA. (Imagen: AEAFA)



María Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), celebra que el Tribunal Supremo (TS) «haya dado da la razón a la asociación en sus críticas a los divorcios a precios irrisorios».

Se pronuncia así sobre la reciente sentencia del Alto Tribunal, número 115/2024, de 31 de enero, que desestima el recurso de casación interpuesto por un abogado contra la dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 13ª) en enero de 2023, derivada de la crítica de la AEAFA a la publicidad de divorcios basada en precios irrisorios (Divorcionetas).



El recurrente es un letrado que entre finales de 2020 y principios de 2021 publicitó su actividad profesional en furgonetas rotuladas, conocidas como «Divorcionetas», ofreciendo procesos de divorcio por 150 euros.

El conflicto tiene su origen en una reunión mantenida por la junta directiva de la AEAFA con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en febrero de 2021, durante la que Lozano alertó del riesgo de publicidad engañosa en las campañas de divorcios a 150 euros, grupones o furgonetas rotuladas con precios irrisorios. 



“Asistir como letrado a un divorcio no se limita a bajar de Internet un formulario y rellenar los datos. Los abogados de Familia debemos ofrecer un asesoramiento completo al cliente sobre los pros y los contras de firmar un documento. Cuando no sucede así, las familias corren el peligro de sufrir graves consecuencias para sus intereses y los de sus hijos, pudiendo perder derechos económicos. Por ejemplo, si no se ha solicitado en el convenio regulador la pensión compensatoria, la compensación por el trabajo en el hogar o se ha pactado determinado tipo de custodia de los hijos luego no se pueden modificar en otro procedimiento posterior o resulta muy complicado”, declaró la presidenta de la AEAFA. 



A raíz de esto, la parte contraria presentó una demanda contra la asociación al considerar que el hecho de que se le acusara de publicidad engañosa y mala praxis era difamatorio y vulneraba su derecho al honor. Pedía que se condenara a AEAFA y a su presidenta a indemnizarle con 3.600 euros y a eliminar de sus redes sociales y de su web los mensajes en su contra.

Sin embargo, la demanda fue desestimada por el Juzgado de Primera Instancia número 104 de Madrid. Decisión que después confirmó la Audiencia Provincial de Madrid, que entendió que las declaraciones de Lozano no podían ser calificadas como difamatorias o atentatorias al derecho al honor del demandante, y ahora ratifica la Sala de lo Civil del Supremo en una sentencia que firman los magistrados Ignacio Sancho Gargallo (presidente), Rafael Sarazá Jimena y Pedro José Vela Torres (ponente), que impone al recurrente las costas causadas por el recurso de casación y ordena la pérdida del depósito constituido para su formulación. 

La reacción de Lozano

“Esta sentencia supone un respaldo a la labor de la AEAFA en nuestro propósito de velar activamente por el buen ejercicio del Derecho de Familia de una forma digna para la profesión y honesta para el cliente”, ha declarado Lozano. 

La presidenta de la AEAFA destaca que «la lealtad profesional de la abogacía tiene consecuencias esenciales. En primer lugar, hacia el propio cliente, porque implica una actuación basada en los principios de confianza, identificación y diligencia. En segundo lugar, hacia el compañero de la abogacía, lo que supone el uso de una publicidad honesta y veraz; contratos y hojas de encargo cimentados en el justo equilibrio de contraprestaciones y buena fe; y la fijación de honorarios acordes a la dignidad de la profesión que no den lugar a cuantías ridículas de honorarios”.

“Si somos leales con nuestros clientes, también debemos considerar la lealtad entre nosotros y con nosotros mismos. Si lo hiciéramos, jamás consentiríamos tratar nuestra actividad profesional como un producto manufacturado de serie, que nos precariza y supone un trato indigno a nuestro ejercicio profesional”, subraya María Dolores Lozano.

La argumentación del TS

El Supremo afirma que “lo que reflejan tales expresiones, más allá del caso concreto del actor, es una preocupación por el supuesto abaratamiento de los servicios profesionales de la abogacía en los procesos de divorcio que podría encubrir una publicidad engañosa en tanto que podía hacer creer a los potenciales clientes que con un precio muy bajo (150 €) podrían costear un proceso judicial, sin informar de las posibles complicaciones y vicisitudes que encarecerían ese coste».

«Preocupación que en el contexto en el que se hizo pública (una reunión entre una asociación profesional especializada en el ramo de actividad concernido y el Consejo General de la Abogacía Española) y las declaraciones de la presidenta de la asociación sobre este tipo de servicios de bajo coste, tenía pleno sentido en cuanto a informar a los usuarios de servicios jurídicos de la hipotética frustración de sus expectativas de solventar su procedimiento de divorcio a un precio muy bajo, y también para advertir de que por ese precio sería difícil recibir un servicio de calidad”, expone.

Y añade que valorar el interés de las expresiones litigiosas, el tribunal de apelación «apreció que ese interés transcendía del ámbito meramente privado y presentaba una relevancia pública, en atención a los servicios profesionales a los que se refería, en un ámbito particularmente sensible como es el Derecho de Familia, y al riesgo que suponían unos métodos de captación de clientes que podían inducir a error sobre el coste real de los servicios jurídicos ofrecidos”.

Lo que dijo la Audiencia

La Audiencia razonó en su resolución que “al margen de que no se identifique en ningún caso al apelante, sino de forma genérica a ese método publicitario de captación de clientes, en realidad evidencia un acto de libertad de expresión y opinión relacionada con el empleo de métodos publicitarios para la captación de clientes, que serían finalmente atraídos por el precio ofrecido, pero que posteriormente comprueban que los costes económicos son muy superiores a los inicialmente publicados”.

Asimismo, los magistrados subrayaron que «resulta una obviedad señalar que un proceso de divorcio puede terminar implicando desembolsos económicos muy superiores a los inicialmente previstos con la mera aprobación de un convenio regulador, teniendo en cuenta numerosos otros aspectos que pueden derivarse del mismo, desde la liquidación del régimen económico matrimonial, a cualquier otro tipo de incidencia derivada de ese proceso inicial, como la ejecución, desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad, o la modificación de medidas definitivas, entre muchos otros, tal y como quedó anteriormente expuesto”.

“La opinión recogida debe ser considerada absolutamente veraz. Ciertamente, lo manifestado por quien representaba a la Asociación se corresponde absolutamente con la realidad, pues en ningún caso se afirmó que en todos los supuestos los costes económicos fueran superiores a lo inicialmente ofertado, sino que en algunos supuestos se podía llegar a creer por los clientes captados a través de esa campaña publicitaria que los costes económicos nunca podrían superar la suma inicialmente propuesta de 150 € por persona, cuando, en realidad, finalmente podrían ser muy superiores a esa cantidad, lo que resulta absolutamente evidente teniendo en cuenta las distintas incidencias que podrían producirse o derivarse de un proceso de familia de esas características, y muy especialmente aquellas que se producen en una mayoría de supuestos, esencialmente los procesos de liquidación, respecto de los cuales no se hacía referencia alguna”, concluyó.

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