Qué es un contencioso administrativo y qué tipos hay

El recurso contencioso administrativo, también conocido como litigio administrativo, es un instrumento crucial que permite reclamaciones ante actos de la Administración Pública o disposiciones de carácter general. En términos sencillos, se refiere al proceso de resolver conflictos entre individuos u organizaciones y entidades gubernamentales. Se trata de una herramienta que se utiliza cuando se agota la vía administrativa.

Desde Socilegal te contamos todo lo que debes saber del contencioso administrativo, incluyendo su definición, propósito, marco legal y diversos tipos.

¿En qué consiste el recurso contencioso administrativo?

El recurso contencioso administrativo se interpone cuando existe un conflicto entre un ciudadano y una Administración Pública que produce perjuicio o lesiona derechos o intereses legítimos de la persona. Este recurso legal es útil para que el tribunal emita resoluciones que pongan fin a la situación.

La Ley 29/1998 es la norma legal reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En ella se regulan las condiciones de los recursos y los procedimientos que deben seguir quienes lo interponen y los tribunales.

¿Cuándo se utiliza el recurso contencioso administrativo?

El recurso contencioso administrativo se presenta cuando se agotan los medios que la Administración ofrece y no se ha tenido éxito en las reclamaciones. Es decir, es el último recurso a agotar.

Recurso contencioso administrativo (Foto: Freepik)

Los daños por los que se interpone el recurso pueden ser ocasionados por acciones o resoluciones de la Administración Pública o por omisión de responsabilidades. Es decir, que se puede reclamar por perjuicios provocados por lo que la entidad de la Administración hizo o por lo que no hizo y hubiera debido hacer.

Cualquier persona física o jurídica lo puede interponer cuando estima que es o fue perjudicado. Los sindicatos, asociaciones, grupos, entidades de todo tipo están habilitadas para usar este recurso. Es una herramienta a disposición de los ciudadanos para defender sus intereses.

¿Quiénes pueden interponer un recurso contencioso-administrativo?

Los sujetos que están admitidos para recurrir por la vía contenciosa-administrativa según la normativa son todos aquellos con un interés legítimo y cumplan con los requisitos. Es decir, los siguientes:

• Personas físicas.
• Personas jurídicas.
• Grupos o corporaciones.
• Otras entidades.
• Administración Pública.
• Comunidad Autónoma.
• Ministerio Fiscal.
• Entidades locales.

Tipos de recursos contencioso-administrativos

Las personas, tanto físicas como jurídicas, tienen derecho a hacer uso del recurso contencioso-administrativo en sus tres tipos según corresponda en cada caso. Es posible distinguir entre estos tipos de recursos contenciosos administrativos.

El procedimiento contencioso administrativo abreviado

Es el procedimiento en el que la cuantía de la demanda no supera determinado valor, en la actualidad 13.000 euros. Asimismo, se interpone este recurso en resoluciones relacionadas con la extranjería y cuando no se resolvió de forma favorable una solicitud de asilo político.

Preparación recurso (Foto: Freepik)

Para solucionar conflictos de disciplina deportiva en materia de dopaje también se emplea el procedimiento abreviado. Los funcionarios públicos de carrera pueden emplearlo cuando establece una demanda que tenga relación con cuestiones de personal en relación de servicio con el ente público en el que trabaja. Para esto, existe una excepción, cuando se trata del origen o fin de tal relación.

El procedimiento contencioso administrativo ordinario

Es el más frecuente. Se trata del recurso contencioso administrativo en el que no se está conforme o no hay acuerdo con un acto administrativo o con las propias entidades públicas y se ha agotado la vía administrativa para la reclamación.

El recurso administrativo para la protección de derechos fundamentales

Es un procedimiento especial. Se interpone el recurso contencioso administrativo cuando se pide amparo judicial para proteger los derechos y libertades establecidos en el artículo 53.2 de la Constitución Española. Es decir, se vincula de manera directa con la vulneración de los derechos constitucionales.

Para entenderlo mejor, el artículo 53.2 de la Constitución Española afirma:

“2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30”.