Real Decreto 824/2026: así cambia la compensación de la asistencia jurídica gratuita

El Real Decreto 824/2026, de 14 de octubre, sustituye los anexos II y III del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, y lo adapta a la Ley Orgánica del Derecho de Defensa y a la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

La norma, publicada en el BOE el 15 de octubre de 2026 y en vigor desde el día siguiente, presenta tres importantes novedades: un módulo propio para los medios adecuados de solución de controversias (MASC), el aumento de la compensación cuando el asunto acaba en acuerdo y la incorporación al baremo de nuevos colectivos de víctimas con derecho a asistencia inmediata. Además, eleva varias cuantías del orden penal.

Una reforma puntual a la espera de una nueva ley

El real decreto deja intacto el articulado del Reglamento: solo reescribe íntegramente el anexo II, que establece los módulos y bases de compensación económica de la abogacía y la procura, y el anexo III, que regula en qué momento se devenga la compensación por su actuación en el turno de oficio.

Su propio preámbulo justifica la reforma como un conjunto de modificaciones puntuales «necesarias y urgentes» que «no deben esperar a las modificaciones legislativas».

Se trata de adaptar el baremo a la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, que amplió el derecho en el ámbito concursal y a las personas jurídicas en el orden penal, y a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introdujo los MASC como requisito de procedibilidad y extendió el derecho a nuevos colectivos de víctimas.

Además, como el nuevo anexo II incorpora directamente los importes, la norma deroga expresamente la Orden PJC/281/2025, de 21 de marzo, que era la que fijaba hasta ahora la cuantía de cada actuación.

En este contexto, el preámbulo recuerda que ya se ha iniciado la tramitación de un anteproyecto de ley que consolidará en un único texto legal de nueva planta el régimen de la asistencia jurídica gratuita, lo que exigirá después la aprobación de un nuevo reglamento.

(Imagen: E&J)

El nuevo Anexo II: conceptos y cuantías

MASC: se paga más si hay acuerdo

La principal novedad es un módulo específico para la asistencia letrada en cualquiera de los MASC que den cumplimiento al requisito de procedibilidad de la LO 1/2025. Ese requisito se exige en los procesos declarativos del libro II y en los procesos especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las excepciones del artículo 5.2 de la ley orgánica.

Conforme al nuevo anexo II, la compensación dependerá del resultado: si hay acuerdo, se abonará el 125 % de la cuantía aplicable al procedimiento; si no se alcanza, el importe será de 30 €. Esta diferencia se justifica, según el preámbulo, por el objetivo de los poderes públicos de «promover una cultura de diálogo y acuerdo en la solución de las controversias».

En esta misma línea, la compensación por transacciones extrajudiciales en todo tipo de procedimientos pasa del 75 % al 125 % de la cuantía aplicable al procedimiento, con lo que se equipara a la de los MASC con acuerdo. Ese mismo 125 % se aplica a la conciliación previa en materia laboral con acuerdo.

Asistencia inmediata a nuevos colectivos de víctimas

Hasta ahora el baremo solo recogía la asistencia inmediata a la mujer víctima de violencia de género. El nuevo anexo II la extiende, con las mismas cuantías, a los colectivos que la LO 1/2025 incorporó al artículo 2.h) de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita, en vigor desde el 3 de octubre de 2025:

• Víctimas de terrorismo y de trata de seres humanos.

• Personas con discapacidad necesitadas de especial protección que sean víctimas de homicidio, lesiones, maltrato habitual, delitos contra la libertad, contra la libertad sexual o de trata.

• Mujeres y menores víctimas de delitos contra la libertad sexual del título VIII del libro II del Código Penal, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual.

Respecto a las cuantías de la asistencia inmediata, se establecen los siguientes criterios:

• Disponibilidad sin asistencia: si el letrado está disponible durante la guardia de 24 horas, pero no se requiere su intervención, percibe 87,63 €.

• Asesoramiento previo: si presta este servicio sin ninguna otra actuación, cobra 87,63 € por asistencia, con un límite de 175,26 €

• Asistencia ampliada: si además asiste en la formulación de la denuncia o de la solicitud de orden de protección, la cantidad asciende a 131,22 € por asistencia, hasta un máximo de 262,44 € .

• Gastos de desplazamiento: se añaden en función de la distancia entre el lugar de la asistencia y la sede del colegio: 14,10 € si supera los 5 km, 35,29 € si supera los 25 km y 58,80 € si supera los 50 km.

(Imagen: E&J)

Penal: nuevas cuantías y nuevos supuestos

El preámbulo señala que, respecto de la Orden PJC/281/2025, se modifican las cuantías del procedimiento penal de especial complejidad y del procedimiento penal general. El nuevo baremo queda configurado del siguiente modo:

• Procedimiento penal de especial complejidad (también ante la Audiencia Nacional): 600 €, más 32,15 € por cada 250 acontecimientos; a partir de cinco comparecencias ante el juzgado, 32,15 € por cada cinco comparecencias, y a partir de dos días de vista, 91,13 € por cada día.

• Procedimiento penal general (también ante la Audiencia Nacional): 400 €.

• Procura en el procedimiento de especial complejidad (también ante la Audiencia Nacional): 100 €, más 32,15 € por cada 250 acontecimientos. Es un módulo nuevo: la orden derogada no lo contemplaba.

Se incorpora, además, un módulo para las actuaciones con doble condición de acusación y defensa: el 50 % de la cuantía aplicable al procedimiento, tanto en abogacía como en procura.

Especificidad de las personas jurídicas

La LO 5/2024 reconoció el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el orden penal a las personas jurídicas a las que el órgano judicial requiera designar defensa, siempre que cumplan determinados requisitos: haber sido declaradas judicialmente en insolvencia actual o inminente, estar en concurso o bien estar disueltas o en trámite de disolución sin que conste actividad económica en el último ejercicio.

Su disposición transitoria ordenaba aplicarles, hasta la reforma del Reglamento, los módulos de la jurisdicción penal según el procedimiento. El nuevo anexo II no fija cuantías específicas para ellas, de modo que su defensa queda dentro de los módulos penales generales, que se asignan por tipo de procedimiento. Lo que sí concreta el anexo III es cuándo se devenga esa compensación.

El resto del baremo

Respecto a la orden derogada, el anexo II mantiene sin cambios, entre otras, las siguientes cuantías:

• En penal, el procedimiento del Tribunal del Jurado (también ante la Audiencia Nacional) se compensa con 438,14 €, y el procedimiento abreviado, con 291,60 €. La asistencia individualizada a un detenido en el procedimiento penal general se paga a 87,63 €, y la guardia de 24 horas en ese procedimiento, a 166,49 €.

• En civil, el juicio ordinario se compensa con 346,53 €; el verbal, con 218,70 €, y el juicio completo de familia contencioso, con 291,60 €.

• El recurso contencioso-administrativo se compensa con 257,04 €; el procedimiento social íntegro, con 171,35 €, y los recursos de casación y de amparo, con 325,62 €.

Como novedad respecto de la orden derogada, el anexo II incorpora un apartado para los órganos judiciales especializados en mercantil: el concurso de microempresa o persona física se compensa con 346,53 € si es completo y con 218,70 € si es sin masa.

En cambio, el nuevo anexo II no recoge los módulos de la jurisdicción militar que figuraban en la orden derogada (77,88 € por la fase sumarial y 154,34 € por la de juicio oral).

En procura, la compensación general por procedimiento en civil se mantiene en 35,04 €, mientras que en penal sube a 43 €.

(Imagen: E&J)

El nuevo anexo III: momentos de devengo

Se mantiene la regla general: un 70 % al acreditar la intervención inicial (por ejemplo, con la admisión de la demanda o la diligencia en la que interviene el profesional) y el 30 % restante al presentar la sentencia o resolución que ponga fin a la instancia.

No obstante, el anexo III incorpora algunas novedades:

• Procesos sociales y contencioso-administrativos: se mencionan expresamente junto a los civiles. El 70 % se devenga al presentar la copia de la providencia de admisión de la demanda o de la que tiene por formulada la contestación.

• Personas jurídicas en el proceso penal: el 70 % se devenga al presentar el documento que acredite el requerimiento del órgano judicial.

• MASC: se tramita un único expediente ante la comisión de asistencia jurídica gratuita correspondiente y se paga conforme al baremo tras presentar el documento que acredite si hubo acuerdo o no.

• Doble condición de defensa y acusación: se abona el 100 % por la defensa y el 50 % por la acusación, en un único expediente.

• Para las transacciones extrajudiciales y los supuestos de insostenibilidad de la pretensión, el anexo III prevé que se devengue la totalidad de la compensación al presentar el documento suscrito por el interesado o el informe de insostenibilidad.

Estudio comparativo

El análisis comparativo del nuevo anexo II con la derogada Orden PJC/281/2025 pone de manifiesto el siguiente aumento retributivo:

Hay que tener en consideración que el complemento por volumen de la causa cambia de unidad: la orden lo pagaba por cada mil folios y el real decreto, por cada 250 acontecimientos. Y respecto a la asistencia inmediata solo suben los límites; el importe por asistencia no varía.