Reflexiones en torno a una buena propuesta gobierno de datos en el ámbito jurídico

La transformación del conocimiento acumulado

En referencia al artículo «Gobernar con datos estructurados: de la intuición a la fundamentación», de Isabel Romero Gómez —autora cuyo trabajo sigo desde hace tiempo por su enfoque riguroso y práctico sobre la innovación en el sector jurídico—, se expone con claridad cómo los despachos de abogados pueden evolucionar si revisan críticamente la manera en que conciben su propio patrimonio documental. Tradicionalmente, los documentos jurídicos han sido tratados como archivos históricos cuyo valor residía, principalmente, en su conservación y eventual consulta puntual. Sin embargo, la propuesta de entenderlos como una base de conocimiento estructurado supone un cambio de paradigma que afecta tanto a la organización interna como a la toma de decisiones estratégicas.

Esta visión invita a reflexionar sobre la transición desde una práctica jurídica sustentada en la intuición, la memoria individual y la experiencia tácita, hacia un modelo basado en información sistematizada, verificable y reutilizable. Demandas, resoluciones judiciales, contratos, informes y dictámenes dejan de ser piezas aisladas para integrarse en un ecosistema de datos que puede ser analizado de forma transversal. De este modo, el conocimiento acumulado por el despacho se convierte en un activo dinámico, capaz de generar valor de manera continuada.

Esta idea resulta especialmente pertinente en contextos donde la experiencia pasada ha sido históricamente el principal criterio para resolver asuntos presentes. De forma análoga a cómo la jurisprudencia orienta la labor judicial, la estructuración del conocimiento interno permite que la experiencia colectiva del despacho supere las limitaciones de la experiencia individual. Por ejemplo, en un despacho especializado en litigios mercantiles, el análisis sistemático de contratos anteriores puede revelar patrones en determinadas cláusulas que han reducido la litigiosidad o, por el contrario, han sido origen recurrente de conflictos. Esta información, adecuadamente estructurada, permite mejorar la calidad de los nuevos contratos y anticipar escenarios de riesgo.

Debe subrayarse que la estructuración de datos no se limita a agilizar la consulta documental, sino que refuerza sustancialmente la argumentación jurídica. Contar con evidencias internas organizadas facilita la elaboración de escritos más sólidos y coherentes. En un supuesto de responsabilidad civil, por instancia, disponer de análisis previos sobre riesgos similares, criterios judiciales reiterados o estrategias defensivas eficaces puede marcar la diferencia entre una actuación meramente reactiva y una estrategia jurídica proactiva. Esta forma de trabajar conecta directamente con los principios de diligencia, previsión y eficiencia que inspiran buena parte del ordenamiento jurídico, en particular en materia de obligaciones y responsabilidad profesional.

Ventajas competitivas y operativas

Entre las ventajas más relevantes del gobierno de datos estructurados destacan la mejora de la agilidad estratégica, la coherencia en la actuación jurídica y la reducción de errores derivados de la repetición o de la falta de información. Estas ventajas se manifiestan de forma tangible cuando el despacho es capaz de detectar tendencias a partir de su propia actividad. Así ocurre, por ejemplo, en el análisis de reclamaciones de consumidores, donde la identificación temprana de patrones permite anticipar conflictos recurrentes y ajustar la estrategia de asesoramiento.

Este enfoque recuerda, en cierto modo, a la lógica del precedente en los sistemas de common law, donde el estudio sistemático de resoluciones anteriores orienta la actuación futura. Aunque en los sistemas de derecho continental la jurisprudencia no tenga idéntico valor vinculante, su análisis estructurado cumple una función similar al aportar previsibilidad, coherencia argumental y consistencia estratégica.

Resulta igualmente relevante la capacidad de escalabilidad que aporta la estructuración del conocimiento. Al sistematizar la experiencia colectiva, se reduce la dependencia de la memoria individual de determinados profesionales, lo que permite a despachos de menor tamaño competir en mejores condiciones con organizaciones más grandes. La tecnología actúa aquí como un mecanismo de redistribución del conocimiento interno. En la práctica, un equipo jurídico puede consultar de forma inmediata cuestiones como “qué riesgos suelen aparecer en este tipo de contratos” o “qué argumentos han tenido mayor aceptación judicial en supuestos análogos”, agilizando la preparación de dictámenes y escritos procesales.

Esta dinámica no solo incrementa la eficiencia, sino que contribuye a una mayor coherencia interna. Evita la duplicación de esfuerzos, reduce contradicciones entre distintos asuntos y refuerza una línea jurídica homogénea. A largo plazo, ello repercute positivamente en la calidad del servicio prestado y en la percepción del despacho por parte de clientes y tribunales.

(Imagen: E&J)

Matizaciones necesarias en la implementación

Pese a los evidentes beneficios, resulta imprescindible introducir matizaciones profundas en relación con la implementación de sistemas de datos estructurados en el ámbito jurídico. El entusiasmo por las herramientas de inteligencia artificial y de análisis avanzado de información no debe eclipsar los riesgos inherentes a su uso. En primer lugar, la seguridad y la privacidad de los datos jurídicos constituyen una cuestión central. La información tratada por los despachos suele incluir datos personales, estrategias procesales, comunicaciones confidenciales y elementos protegidos por el secreto profesional. Cualquier sistema que gestione este tipo de información debe cumplir escrupulosamente con normativas como el Reglamento General de Protección de Datos y con los principios éticos de la profesión.

Ello implica reconocer que no todas las soluciones tecnológicas disponibles en el mercado resultan adecuadas para el sector jurídico. La adopción acrítica de herramientas genéricas puede generar vulnerabilidades significativas. Es necesario un diseño y una configuración específicos que garanticen la confidencialidad, el control de accesos y la trazabilidad del uso de la información, evitando situaciones que puedan comprometer tanto la responsabilidad legal como la confianza del cliente.

Otra matización relevante se refiere a los costes organizativos y estructurales asociados a la implantación de estos sistemas, entendidos no solo en términos económicos, sino también en términos de tiempo, esfuerzo y transformación interna. La estructuración de datos exige un trabajo previo de clasificación, normalización y revisión de la documentación existente. Este proceso requiere una implicación activa de los profesionales jurídicos, ya que son ellos quienes poseen el conocimiento necesario para interpretar correctamente la información y dotarla de sentido jurídico.

Asimismo, la fiabilidad de los resultados generados por estos sistemas depende de la calidad de los datos de origen. Archivos incompletos, desactualizados o erróneos pueden dar lugar a conclusiones incorrectas o engañosas. Este riesgo pone de manifiesto la imposibilidad de delegar plenamente el juicio jurídico en la tecnología. Al igual que en un proceso judicial las pruebas deben ser valoradas críticamente por el juez, los resultados ofrecidos por herramientas de análisis de datos deben ser sometidos a una supervisión humana constante. La tecnología puede asistir al abogado, pero no sustituir su criterio profesional.

Hacia una práctica jurídica informada

En definitiva, el gobierno con datos estructurados representa un avance significativo y sostenido hacia una práctica jurídica más informada, coherente y eficiente. Este enfoque permite que la toma de decisiones deje de apoyarse exclusivamente en la intuición o en la experiencia individual, para fundamentarse en conocimiento sistematizado, contrastable y accesible. La información jurídica, organizada de manera adecuada, se convierte así en un elemento activo que refuerza la calidad del razonamiento y reduce la incertidumbre inherente a muchos procesos de análisis legal.

Lejos de contraponerse a la tradición jurídica, esta evolución contribuye de forma directa a reforzarla. Al proporcionar una base empírica más sólida para la interpretación y aplicación del derecho, los datos estructurados facilitan una lectura más coherente y consistente de las normas y de la práctica jurisprudencial. De este modo, la tradición no se ve desplazada, sino complementada por herramientas que permiten comprender mejor su desarrollo y aplicación en contextos concretos.

En este marco, el equilibrio entre la experiencia profesional acumulada, el criterio jurídico propio del abogado y el apoyo de herramientas tecnológicas adecuadamente integradas se consolida como un elemento clave de la abogacía contemporánea. La tecnología no sustituye el juicio jurídico, sino que lo refuerza, aportando contexto, antecedentes y patrones que enriquecen la toma de decisiones y mejoran la calidad del servicio prestado.

Una práctica jurídica informada no implica renunciar a la interpretación ni a la creatividad argumental que caracterizan al ejercicio del derecho, sino dotarlas de un soporte más robusto y estructurado. En este contexto, el abogado asume un rol ampliado como gestor del conocimiento jurídico, capaz de integrar datos, experiencia y análisis crítico para ofrecer un asesoramiento más preciso, estratégico y alineado con las necesidades reales de los clientes.

(Imagen: E&J)

Conclusión

Como reflexión final, cabe afirmar que el gobierno de datos estructurados no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como un medio al servicio de la mejora continua de la calidad de la práctica jurídica. Su valor no reside únicamente en la tecnología empleada, sino en la capacidad del profesional para utilizarla de forma crítica y consciente, orientándola a reforzar la solidez del análisis jurídico y la coherencia en la toma de decisiones.

La implementación de este enfoque exige, por ello, prudencia y criterio, así como una comprensión profunda de las implicaciones éticas, deontológicas y profesionales que conlleva. El tratamiento de información jurídica sensible, la preservación del secreto profesional y el respeto a los derechos de las personas implicadas obligan a integrar estos sistemas desde una perspectiva responsable y alineada con los principios que rigen el ejercicio del derecho.

En este sentido, el verdadero desafío no radica únicamente en la adopción de nuevas herramientas o metodologías, sino en su integración reflexiva dentro de la cultura jurídica del despacho. Incorporar datos estructurados implica revisar procesos, hábitos de trabajo y formas de colaboración, asegurando que la innovación tecnológica no desplace, sino que refuerce, los valores fundamentales del derecho y de la profesión jurídica.

En última instancia, gobernar con datos estructurados significa fortalecer el razonamiento jurídico mediante información organizada, accesible y contextualizada, sin desplazar el juicio humano ni la responsabilidad profesional del abogado. Aquellos despachos que consigan articular de manera equilibrada la tecnología, la experiencia y el criterio jurídico estarán mejor preparados para afrontar un entorno jurídico cada vez más complejo, exigente y orientado a la excelencia profesional.