Todos los partidos, salvo Vox, validan en el Congreso la proposición del PSOE sobre la pasarela al RETA

Fumata blanca para la Proposición de Ley del PSOE, que pretende resolver la problemática de los más de 100.000 mutualistas —entre abogados, procuradores y otras profesiones— para poder, a través de una pasarela voluntaria y universal, trasladarse con sus ingresos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Por una amplia mayoría, se aprobó la toma en consideración de una propuesta «bastante mejorable», según las intervenciones de los portavoces. La iniciativa fue aprobada con 311 votos a favor, ninguno en contra y 32 abstenciones, correspondientes a Vox. Ahora se tramitará en la Comisión de Justicia y se espera que el texto socialista se enmiende bastante, vistas sus carencias.

Fuera de la Cámara Baja, los activistas del Movimiento #J2 se han congregado con sus pancartas reclamando un sí a la toma en consideración de la Proposición de Ley. El propio Enrique Santiago, diputado de Sumar, ha señalado en su intervención en el Congreso que el texto propuesto por el PSOE debe enmendarse conforme a su propuesta normativa, el Movimiento J2, donde se incluye a todos los mutualistas en la ya conocida #Pasarela1x1AlRetaParaTodos.

«Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) queremos expresar nuestro agradecimiento a los grupos parlamentarios que han respaldado esta medida, que supone un primer paso imprescindible para avanzar hacia unas pensiones de jubilación dignas para miles de abogados y abogadas en nuestro país. Es, además, una respuesta directa a una reclamación histórica del colectivo y una demanda que este Colegio ha venido impulsando activamente desde el primer momento», ha valorado el decano del ICAM, Eugenio Ribón.

Desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), la valoración era positiva. «Este es un primer paso muy importante de cara a conseguir lo antes posible una solución satisfactoria para este grave problema que afecta a miles de mutualistas, que se están jubilando con pensiones indignas», afirmó el presidente de la Comisión de Previsión Social de la Abogacía, Ignacio Gally, que estuvo presente en la votación en el Congreso.

Ambas entidades piden a los grupos parlamentarios trabajar de manera coordinada durante la tramitación en la Comisión de Justicia, incorporando las aportaciones de los profesionales de la abogacía, que mejor conocen la realidad de este problema.

«Una transición mal diseñada o incompleta al RETA podría generar nuevos problemas en lugar de resolver los existentes. Por ello, resulta imprescindible abrir un proceso de enmiendas riguroso y participativo. Solo así será posible una solución legislativa que repare una injusticia y garantice un futuro más digno para la abogacía», destaca Ribón.

Ignacio Gally, el primero por la derecha en la primera fila superior, ha estado muy pendiente del debate. (Imagen: Abogacía Española)

La ministra Saiz, ausente del debate

Durante el debate, la diputada popular María Jesús Moro ha avanzado el voto a favor de su grupo parlamentario a la toma en consideración de la norma, dando como resultado una mayoría holgada. Al mismo tiempo, ha criticado los cambios de opinión de la ministra Elma Saiz, de Inclusión y Seguridad Social, ausente del debate en esa ocasión: «Ha cambiado varias veces de opinión sobre este tema. La intervención del portavoz Cendón ha dejado muchas dudas. No tenemos una propuesta clara con un calendario de actividades. Esta reforma afecta a muchos profesionales».

Desde su punto de vista, «nosotros vamos a decir que sí a la toma en consideración. No se preocupa de los problemas de la gente. En este trámite parlamentario tendrán que aportar más documentación. Le decimos a la Sra. Ministra, hoy ausente, que no le damos un cheque en blanco. Hay un consenso generalizado en la toma en consideración, pero el texto no gusta y los abogados y procuradores no confían en usted. Los afectados quieren hechos y no palabras bonitas».

En el otro lado del hemiciclo, Enrique Santiago, diputado de Sumar, inició su intervención elogiando el papel de los abogados y procuradores que defienden los derechos de otros, pese a sus escasos honorarios y reducidos derechos laborales. «Pese a que el artículo 50 de la Constitución dice que los poderes públicos garantizarán pensiones públicas para todos, eso no es cierto en este colectivo. Tampoco tienen prestaciones por desempleo, maternidad o incapacidad permanente».

Su petición fue considerar la proposición socialista para «que se apruebe en el corto plazo una ley que defienda los intereses y derechos de los colectivos afectados por ese fraude; que sintetice las propuestas del movimiento J2. Necesitamos soluciones urgentes para los que se han jubilado y los que se van a jubilar. Las mutualidades deben cargar con este trasvase. La tramitación legislativa debería ser por vía urgente, y es necesario encontrar un amplio acuerdo en este asunto».

El único partido que se pronunció en contra fue Vox, al entender que la propuesta del PSOE era «una nueva forma de desprecio hacia miles de profesionales» y no garantizaba «ni justicia ni libertad», como manifestó el diputado Juan José Aizcorbe. A su juicio, la iniciativa del PSOE vulnera los artículos 44, 50, 14 y 9.3 de la Constitución. Finalmente, se abstuvo en la votación final.

También comentó que dicha iniciativa condena a las mutualidades existentes a desaparecer, «cuando deberían seguir funcionando con los controles adecuados para que hagan su trabajo. Queremos pasarela universal y voluntaria, con un año cotizado igual a un año en la Seguridad Social. Hay que darse cuenta de que los derechos se reconocen y protegen, y no se compran bajo ningún concepto».

El resto de las intervenciones fueron en la misma dirección. La diputada de ERC Pilar Vallugera; el diputado Josep María Cervera, de Junts; la de Bildu, Marije Fullaondo; así como Idoia Sagastizabal, del PNV; Noemí Santana, de Podemos; Néstor Rego, del BNG; y la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, coincidieron en la necesidad de resolver esta problemática para mejorar las pensiones existentes, lo que pasará por enmendar de forma notable el texto presentado por el PSOE.

Javier Alfonso Cendón presentó la propuesta socialista de la Pasarela al RETA, un texto que ha tenido una aceptación mayoritaria, pero que es muy mejorable. (Imagen: PSOE)

La proposición del PSOE hay que mejorarla

El diputado socialista Javier Alfonso Cendón destacó que, con esta ley, se busca solucionar un conflicto enquistado desde hace años, que afecta a las pensiones de profesiones colegiadas como la abogacía o la arquitectura, las cuales se han visto abocadas a «situaciones de desprotección» con pensiones muy bajas.

Ahora el PSOE, fruto de las reuniones con asociaciones de afectados, el CGAE, el ICAM y el Consejo General de Procuradores, propone una solución en forma de una «pasarela», a la que podrán recurrir aquellos colegiados que carezcan del período mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, se encuentren en activo en la respectiva mutualidad a fecha de 31 de diciembre de 2022 y no tengan la condición de pensionistas a cargo de ningún régimen público ni de la respectiva mutualidad alternativa.

Según explicó el diputado socialista, la idea del PSOE es regular los términos y condiciones de la transferencia de derechos, para convertir dichos derechos en períodos cotizados en el RETA.

Para ese cálculo, se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habría correspondido al trabajador si hubiera estado suscrito al Régimen de Autónomos, actualizada al IPC y aplicando a dicha base un coeficiente que se modulará en función de los años de alta en la mutualidad alternativa, tomando como referencia el 0,77, a fin de tener en cuenta las contingencias excluidas. En ningún caso podrá ser inferior al 0,67 ni superior al 0,87.

Por otro lado, el texto propone que las prestaciones que se otorguen por las mutualidades traspasadas al RETA, cuando adopten la forma de renta, no puedan ser inferiores al 80% de la cuantía mínima inicial que, para la respectiva clase de pensión, rija en el sistema de la Seguridad Social o, si resultara superior, al importe establecido para las pensiones no contributivas.

Si tales prestaciones adoptaran la forma de capital, este no podrá ser inferior al importe capitalizado de la cuantía mínima establecida para el caso de la renta. Asimismo, se introduce una reforma para incrementar progresivamente la obligación de cuantía mínima de la prestación, de forma que, frente al 80% actual, en 2025 ascienda al 86%, en 2026 se sitúe en el 93% y, ya en 2027, cuando se eliminen las mutualidades, sea del 100%.

Movimiento J2 cree que se ha logrado algo impensable: un derecho a la Pasarela luchado desde hace dos años. (Imagen: Movimiento J2)

Esta pasarela nos la deben

Entre los colectivos de abogados afectados, Ángel López, uno de los portavoces del Movimiento J2, señala a este medio de comunicación que «esta pasarela al RETA nos la deben. Durante muchos años nos obligaron a cotizar en las mutualidades; si te ibas a la Seguridad Social, lo perdías todo. Hoy se ha consolidado el derecho a la pasarela, así como el traslado de nuestros depósitos y fondos a la Seguridad Social. Un derecho que hemos logrado con nuestras movilizaciones y reuniones con los grupos políticos y con todas las asociaciones de afectados».

Para este abogado, en primera línea de las reivindicaciones, la propuesta de pasarela del PSOE es «claramente insuficiente», porque deja fuera a muchas personas. «Es una pasarela fallida, que no da soluciones y deja fuera a parte del colectivo. No se puede abandonar a los mutualistas pasivos a su suerte, entre otros. Son los que más derecho tienen, porque fueron obligados a estar en la mutualidad y no pueden reorganizarse. Ellos necesitan una mejora de las pensiones de forma urgente», afirma.

Para esta asociación, su propuesta normativa —mencionada en el debate por el diputado Enrique Santiago, de Sumar— define los elementos mínimos de lo que debe ser una pasarela. «Todos los grupos la tienen y la están estudiando. Puede ser una enmienda preparada para ser incorporada como disposición adicional a un texto normativo, permitiendo la regulación definitiva de la pasarela por parte del Gobierno a través de un reglamento de desarrollo que debe ceñirse a las estipulaciones y principios recogidos. Por supuesto, puede utilizarse como enmienda a una proposición de ley en tramitación, como esta del PSOE», indica López.

Mutualistas en los aledaños del Congreso en un día clave para la Pasarela al RETA. (Imagen: Alcón Abogados)

De las palabras a los hechos

Por su parte, Raquel Rico, abogada integrada en ANAMA, expresaba a este medio su satisfacción por la toma en consideración de la propuesta socialista, que supone respaldar dos años de lucha de todo el colectivo de asociaciones movilizadas: «Es una gran noticia. Ahora es el momento de trabajar para mejorar el texto del PSOE y lograr, a medio plazo, una ley justa y sostenible que sustente la pasarela al RETA para todos los mutualistas que queremos integrarnos en la Seguridad Social».

En su opinión, «es el momento de continuar adelante. Todos los grupos políticos se han retratado en el Congreso fijando su posición; ahora esperamos que cumplan su palabra. Es importante que se pongan a trabajar lo antes posible, porque es muy urgente que esta problemática se solucione de forma rápida. Lo han dicho en varias intervenciones: debe ser una solución rápida y justa para todos, al mismo tiempo que se implementa la pasarela al RETA para todos los afectados».

A su juicio, «es fundamental que se pase de las palabras a los hechos y que nadie se quede por el camino con la puesta en marcha de esta iniciativa. Ha habido algunas intervenciones que nos han emocionado, pero ahora ha llegado el momento de ser prácticos, de convertir lo dicho en hechos tangibles y de contar por fin con el texto legal que venimos reclamando desde hace dos años. Es fundamental que se logre un amplio consenso. Como abogados que somos, nos gustan los acuerdos antes que los pleitos. Queremos que ellos hagan lo mismo: que actúen desde el consenso».