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Un recurso pone en evidencia que la Audiencia de Sevilla no graba los juicios con jurado

El tribunal lleva años sin realizar registros audiovisuales de los juicios ante la pasividad general

Audiencia Provincial de Sevilla (Foto: ABC)

Tiempo de lectura: 5 min



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Un recurso pone en evidencia que la Audiencia de Sevilla no graba los juicios con jurado

El tribunal lleva años sin realizar registros audiovisuales de los juicios ante la pasividad general

Audiencia Provincial de Sevilla (Foto: ABC)



El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Sevilla celebró entre el 20 y el 24 de junio pasado un juicio en el que se juzgaba a un hombre por asesinato. En principio, cuando comenzó este proceso no tenía nada de particular en comparación con otros juicios por asesinato que se celebran en España. Sin embargo, las circunstancias en que se ha desarrollado este caso han sacado a la luz un grave problema que afecta a las administraciones, a la abogacía, a jueces y al mundo del derecho en general de Sevilla.

Según explica a Economist & Jurist Luis Romero, abogado de la defensa, este juicio, tras el que su cliente fue declarado culpable y condenado a 20 años de prisión, estuvo plagado de irregularidades. Según el letrado, durante todo el proceso fue el foco de continuas faltas de respeto del presidente de la sala, el magistrado Carlos Lledó González.



Romero, un abogado penalista con gran experiencia, destaca lo que considera “falta de imparcialidad del magistrado-presidente de la sala” y su tendencia a favorecer a la acusación. Entre las cuestiones que relata, explica que le tuvieron que cambiar varias veces el micrófono porque ninguno de los que le facilitaban funcionaba, lo que incluso llegó a ser motivo de chanza por parte del magistrado.

Además, relata que a lo largo del proceso fue objeto de continuas interrupciones por parte del juez, el cual “ha contaminado al jurado desde las alegaciones previas de la defensa interrumpiéndome en el minuto 23 porque estaba reiterando algunas expresiones». Romero destaca que el veredicto está “falto de motivación” y viciado por lo que cree que podría ser la intervención de una tercera persona jurista.

A este respecto, hace referencia al discurso final del magistrado, que tenía que centrarse en explicar el objetivo del veredicto y que, sin embargo, según asegura el letrado, fue utilizado por el presidente de la sala para dirigir a los miembros del jurado popular. En esta intervención, que duró más de una hora, analizó las pruebas de una manera poco imparcial, perjudicando a mi cliente”, según Romero.

El letrado ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Andalucía en el que solicita que se revoque la sentencia condenatoria contra su cliente, que se decrete su absolución o la anulación del fallo del tribunal del jurado, y que se repita el juicio con un nuevo jurado y un magistrado-presidente distinto. Romero basa su petición en tres motivos.

Luis Romero. (Foto: Romero Abogados)

El primero es la “vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y del derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva. La nulidad del juicio oral, del veredicto y de la sentencia.

El segundo se basa en la falta de imparcialidad objetiva del magistrado presidente con vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva, a la densa y derecho a no sufrir indefensión. El tercer motivo se sustenta en la falta de motivación del veredicto y de la sentencia.

Como en los casos que se tratan en este tribunal, todo lo acaecido en el desarrollo del juicio tiene una circunstancia agravante: El juicio no fue grabado. Precisamente este es uno de los elementos en los que se basa Romero para alegar la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y del derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva de su cliente.

Luis Romero afirma que al no haber sido grabado el juicio no queda constancia de la actuación del magistrado perjudicando a la defensa. A este respecto, señala que las actas en las que ha sido transcrito el juicio no recogen la totalidad de lo ocurrido en la sala. Por ejemplo, aparecen respuestas sin las correspondientes preguntas, lo cual es especialmente importante porque algunas de las cuestiones fueron planteadas por el propio magistrado sin que esto quede reflejado en actas.

Con todo, a raíz de este caso, y esta es la circunstancia que da especial trascendencia al mismo, ha saltado a la luz pública el hecho de que la Audiencia Provincial de Sevilla no graba los juicos con jurado, a pesar de que es obligatorio, según establece el artículo 743 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim).

Detrás de la decisión de no grabar los juicios está Luis Revilla, letrado de la Administración de Justicia (LAJ) la Oficina del Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial de Sevilla, según informó Confilegal. Al objeto de evitar problemas, unos días antes del juicio el LAJ envía a las partes un decreto en el que advierte que el juicio con jurado popular no va a ser grabado por medios audiovisuales y que le desarrollo del mismo va a ser registrado por una estenotipista.

A pesar del envío de este decreto, la actuación del LAJ va en contra de la LECRim; de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 230.3 dicta que “las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse, salvo en los casos expresamente previstos en la ley” y el artículo 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por si no fuera suficiente con lo que dice la ley, existe jurisprudencia sobre la nulidad de juicios por no haber sido grabada la vista. Así, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla y León ha declarado recientemente la nulidad de un juicio oral por las graves deficiencias técnicas acaecidas en la grabación de la vista, anulando la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Soria de febrero de 2022, ordenando al Tribunal a que celebre de nuevo el acto del Juicio, pues entre otros defectos técnicos no existía sincronización del audio con el video y tres testificales no fueron grabadas.

Asimismo, en 2015, el Tribunal Supremo ordenó repetir un juicio Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz contra un presunto pederasta porque el video y audio que recogían la declaración de la víctima, y la del perito que la avalaba, eran deficientes, lo que dificultaba su recurso.

En 2017, el alto tribunal anuló un juicio por defecto de grabación argumentando que “nos encontramos ante un supuesto que rebasa el listón de una indefensión meramente formal o hipotética, para integrar una afectación material de los derechos del acusado, especialmente del derecho a la tutela judicial efectiva en la faceta que concierne a la posibilidad de acceder de manera efectiva a los recursos previstos en la ley”.

En el caso de la Audiencia Provincial de Sevilla, la actitud del LAJ en cuestión, que sería contraria a la ley, no ha tenido consecuencias. Los LAJ son funcionarios del Ministerio de Justicia, que podía haber hecho algo para corregir la situación, pero no ha sido así. Dado que la Junta de Andalucía tiene transferidas las competencias en Justicia, también podían haber tomado cartas en el asunto. Sin embargo, no lo han hecho. Lo mismo ha ocurrido con magistrados y fiscales. Ni siquiera los abogados, que podían haber pedido la nulidad de multitud de causas, han dado un paso al frente. De hecho, al menos de momento, el mutismo alrededor de este caso es total.

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