Activar la Autoridad Independiente de Protección del Informante: una cuestión de derechos, confianza y cumplimiento legal
La puesta en marcha efectiva de la A.A.I. no es solo una exigencia legal, sino una cuestión de calidad democrática y de confianza institucional
Acto de toma de posesión de Manuel Villoria como presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante el pasado 9 de mayo. (Imagen: Pool Moncloa/Raúl Salgado)
Activar la Autoridad Independiente de Protección del Informante: una cuestión de derechos, confianza y cumplimiento legal
La puesta en marcha efectiva de la A.A.I. no es solo una exigencia legal, sino una cuestión de calidad democrática y de confianza institucional
Acto de toma de posesión de Manuel Villoria como presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante el pasado 9 de mayo. (Imagen: Pool Moncloa/Raúl Salgado)
La protección de los informantes debería ser uno de los pilares fundamentales en cualquier sociedad democrática avanzada. Sin embargo, a día de hoy, los empleados que deciden denunciar irregularidades en su entorno laboral en España siguen estando gravemente desprotegidos.
La tan esperada puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), creada para cumplir con la Directiva Europea 2019/1937 y el Real Decreto 1101/2024, sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Qué hace falta para hacerla realidad y, sobre todo, cuáles son las consecuencias de su retraso?
Un marco normativo, pero sin músculo ejecutivo
El Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, aprobó el Estatuto de la A.A.I. y estableció sus fines: garantizar la protección de las personas informantes y ser un pilar institucional en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, desde su entrada en vigor el 31 de octubre de 2024, la autoridad ha sufrido retrasos significativos en su despliegue efectivo. El presidente, Manuel Villoria Mendieta, no tomó posesión hasta el 9 de mayo de 2025, casi 7 meses después de la aprobación del estatuto.
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