Activar la Autoridad Independiente de Protección del Informante: una cuestión de derechos, confianza y cumplimiento legal

La protección de los informantes debería ser uno de los pilares fundamentales en cualquier sociedad democrática avanzada. Sin embargo, a día de hoy, los empleados que deciden denunciar irregularidades en su entorno laboral en España siguen estando gravemente desprotegidos.

La tan esperada puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), creada para cumplir con la Directiva Europea 2019/1937 y el Real Decreto 1101/2024, sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Qué hace falta para hacerla realidad y, sobre todo, cuáles son las consecuencias de su retraso?

Un marco normativo, pero sin músculo ejecutivo

El Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, aprobó el Estatuto de la A.A.I. y estableció sus fines: garantizar la protección de las personas informantes y ser un pilar institucional en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, desde su entrada en vigor el 31 de octubre de 2024, la autoridad ha sufrido retrasos significativos en su despliegue efectivo. El presidente, Manuel Villoria Mendieta, no tomó posesión hasta el 9 de mayo de 2025, casi 7 meses después de la aprobación del estatuto.

Este retraso no es anecdótico. Es una muestra más de la falta de coordinación entre las distintas administraciones públicas. La consecuencia directa es que, mientras tanto, miles de empleados siguen expuestos a represalias, acoso laboral, despidos improcedentes o incluso acciones judiciales por cumplir con su deber cívico de denunciar irregularidades.

Manuel Villoria Mendieta, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos y presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. (Imagen: CUMPLEN)

Desprotección real: el riesgo de denunciar

Denunciar desde dentro sigue siendo un deporte de alto riesgo en España. La protección real y efectiva del informante solo puede garantizarse mediante la existencia de un organismo independiente, dotado de medios, competencias y autoridad suficiente para actuar con rapidez y eficacia. Actualmente, la falta de un sistema nacional unificado deja a los empleados en una situación de incertidumbre, dependiendo de la mayor o menor diligencia y recursos de su comunidad autónoma.

Mientras la A.A.I. no esté plenamente operativa, quien denuncia se enfrenta a un vacío legal y administrativo. Esto supone vulnerar la propia Directiva Europea y la ley estatal, que ya prevén sanciones importantes tanto para las empresas como para las administraciones que no dispongan de estos sistemas. Las consecuencias pueden ser especialmente graves en el sector público, donde la corrupción y las malas prácticas afectan al interés general.

España, a dos velocidades: desigualdad territorial

La fotografía autonómica es desoladora. Solo 9 comunidades autónomas han asumido la responsabilidad de proteger informantes, y muchas lo han hecho asignando esta función a organismos ya existentes, como oficinas antifraude o consejos de transparencia. Son Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Esta disparidad territorial es, en sí misma, una fuente de inseguridad jurídica. Un trabajador que denuncia en Cataluña o Valencia goza de canales y protocolos específicos, mientras que en Extremadura o Canarias no existe ninguna protección institucional. Todo este retraso es un claro ejemplo de la falta de cobertura adecuada para algunos territorios, así como la existencia de tensiones sobre las competencias estatales y autonómicas respecto a este tema.

El riesgo de sanciones: Europa vigila

No activar la A.A.I. y sus homólogas autonómicas sale caro. La Directiva Europea es clara: la protección del informante es obligatoria en todos los Estados miembros, y su incumplimiento puede conllevar la imposición de multas millonarias y la apertura de procedimientos de infracción contra España. Además, las empresas y administraciones públicas que no dispongan de canales internos o externos de denuncia se exponen a sanciones directas, tanto a nivel nacional como europeo.

(Imagen: E&J)

¿Qué haría falta para poner en marcha la A.A.I.?

1. Dotarla de medios y personal suficientes.
   No basta con crear la estructura legal y nombrar un presidente. Es imprescindible dotar a la A.A.I. de recursos humanos, técnicos y presupuestarios con los que pueda tramitar denuncias, investigar casos y proteger a los denunciantes de manera efectiva y ágil.
2. Asegurar su independencia real.
   La A.A.I. debe ser, como su nombre indica, verdaderamente independiente del poder político y de intereses corporativos. Su órgano de gobierno y sus procedimientos deben estar blindados frente a injerencias, garantizando transparencia y objetividad.
3. Coordinar con las CC.AA. y evitar “zonas grises”.
   Es urgente establecer un marco de cooperación y coordinación con los organismos autonómicos ya existentes, para evitar solapamientos, vacíos y conflictos de competencias. Debe garantizarse que, en todo el territorio, cualquier informante tenga acceso a la misma protección, sin importar su lugar de residencia o trabajo.
4. Campañas de información y formación.
   El desconocimiento de los derechos y vías de protección es uno de los principales frenos a la denuncia. Es imprescindible lanzar campañas de sensibilización dirigidas tanto a empleados como a empresas, así como a responsables públicos, para fomentar una cultura de integridad y protección.
5. Implantación de canales de denuncias seguros y confidenciales.
   La protección del informante pasa por asegurar la confidencialidad y anonimato de las denuncias. La A.A.I. debe implantar y supervisar sistemas digitales seguros, accesibles y eficaces. Para ello, tecnologías desarrolladas por empresas especializadas como Grupo Logalty garantizan la trazabilidad, la integridad probatoria y la seguridad de los procesos, aspectos clave para la confianza de los denunciantes.
6. Supervisión y sanción efectiva.
   La autoridad debe tener capacidad real para sancionar a quienes tomen represalias contra los informantes, así como a quienes dificulten o impidan el funcionamiento de los canales de denuncia.

Una cuestión de calidad democrática

La puesta en marcha efectiva de la Autoridad Independiente de Protección del Informante no es solo una exigencia legal, sino una cuestión de calidad democrática y de confianza institucional. No podemos seguir permitiendo que los empleados que deciden dar un paso al frente, por responsabilidad y ética, se conviertan en mártires de un sistema que debería protegerles.

La A.A.I. debe ponerse en marcha con todos los medios y competencias necesarias, y garantizar que ningún territorio quede fuera del paraguas de protección. Solo así podremos dar el salto de calidad que exige Europa y, sobre todo, que exigen los propios ciudadanos.