Ataques políticos al Tribunal Supremo en defensa de un fiscal condenado

La reciente condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha desatado una tormenta política que pone en jaque los principios fundamentales de la independencia judicial en España. Esta resolución, que implica la inhabilitación del alto cargo por revelación de secretos en el ejercicio de sus funciones, no solo ha precipitado su dimisión inmediata, sino que ha sido interpretada por amplios sectores del Gobierno de coalición como un acto de interferencia política disfrazado de justicia.

En este contexto, voces gubernamentales han arremetido contra el Tribunal Supremo, cuestionando su legitimidad y llamando a la movilización social, lo que genera una tensión palpable entre los poderes del Estado. Tales reacciones, lejos de limitarse a un debate jurídico sobre la sentencia, han derivado en una ofensiva retórica que, según críticos, amenaza el equilibrio constitucional al equiparar la disconformidad con una decisión judicial a una crisis de la democracia.

La condena al fiscal general Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos, derivado de la filtración de información sensible en un procedimiento judicial, conlleva su inhabilitación para el cargo y una pena que ha forzado su dimisión inmediata, presentada al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Esta resolución, adoptada en un momento de alta polarización política, ha sido recibida en el Gobierno con una mezcla de acatamiento formal y rechazo vehemente, considerándola no como un acto de jurisdicción imparcial, sino como una maniobra política destinada a desestabilizar la legislatura. Fuentes de Moncloa han calificado la decisión como «de índole política y no judicial», subrayando que «no nos chupamos el dedo» ante lo que perciben como un ataque orquestado contra la legitimidad del Ejecutivo. Esta interpretación no solo cuestiona la motivación de los magistrados, sino que eleva el debate a un plano de confrontación institucional, donde la sentencia se convierte en el catalizador de una narrativa que vincula la justicia con intereses partidistas.

La dimisión de García Ortiz, ocurrida en la mañana del 24 de noviembre de 2025, ha acelerado el proceso para designar un sustituto, un nombramiento que pende de la vuelta del presidente Pedro Sánchez desde la cumbre Unión Africana-Unión Europea en Luanda (Angola), prevista para el martes. El Consejo de Ministros podría aprobar la designación el miércoles, aunque Moncloa mantiene reserva sobre las quinielas, priorizando un perfil que garantice estabilidad en el Ministerio Fiscal durante al menos un año y medio. Este interregno, sin embargo, no ha frenado las reacciones: en el ala socialista del Gobierno, el enojo ha sido palpable, con declaraciones que van desde el acatamiento forzado hasta insinuaciones de un complot judicial. El ministro de Transformación Digital, Óscar López —también secretario general del PSOE de Madrid—, ha sido especialmente contundente al afirmar en Antena 3 que «en este país hay jueces, no la Justicia, que atienden a la llamada de Aznar» para derribar a Pedro Sánchez, evocando la frase histórica del expresidente sobre la desobediencia civil y acusando a ciertos sectores de negar la legitimidad del Gobierno actual. Tales afirmaciones, aunque enmarcadas en un contexto de defensa partidista, rozan los límites de la crítica legítima, al personalizar el reproche en figuras judiciales y sugerir una instrumentalización de la toga que el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe expresamente, al obligar a todos a respetar la independencia de los jueces y magistrados.

En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo no solo resuelve un caso concreto de revelación de secretos —un delito tipificado en el Código Penal que protege la confidencialidad de los procedimientos—, sino que reaviva debates sobre la accountability de los altos cargos fiscales, cuya designación política choca con la imparcialidad que exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La condena, al inhabilitar a García Ortiz, subraya que incluso en el vértice del Ministerio Fiscal, la sumisión al imperio de la ley prevalece sobre cualquier lealtad institucional, un principio que la Sentencia del Tribunal Constitucional 128/2023, de 2 de octubre, refuerza al afirmar que la independencia judicial se predica de cada juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, sometidos únicamente al Derecho y no a órdenes de otros poderes. Sin embargo, las reacciones gubernamentales transforman esta garantía en un campo de batalla, donde la defensa del condenado se erige en defensa de la democracia, un giro retórico que merece escrutinio jurídico por su potencial para erosionar la confianza en las instituciones judiciales.

Álvaro García Ortiz ha sido condenado por revelación de secretos en el ejercicio de sus funciones. (Imagen: RTVE)

La llamada a la movilización social desde el Gobierno

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sido la figura más explícita en esta ofensiva, al convocar directamente a la sociedad española a manifestarse en defensa de la democracia y del respeto institucional. En una intervención en TVE el 24 de noviembre de 2025, Díaz declaró: «Creo que ha llegado la hora de dar un paso adelante y le pido a los españoles que se movilicen en defensa de la democracia y del respeto institucional en nuestro país». Esta apelación, proveniente de un partido de Estado como Sumar, marca un punto de inflexión al trascender la crítica interna y fomentar protestas callejeras, que ya se han materializado en concentraciones en Madrid y podrían replicarse en otras ciudades. Fuentes del PSOE, aunque niegan orquestación oficial, admiten que se ha planteado impulsar estas movilizaciones en varias federaciones, viendo en la inhabilitación de García Ortiz un acicate para galvanizar a la izquierda ante lo que perciben como un asedio judicial al Gobierno.

Esta estrategia de movilización social no es aislada, sino que responde a una indignación creciente entre la militancia de los partidos de izquierda, alimentada por la percepción de que el Tribunal Supremo actúa como ariete político. En los grupos de WhatsApp de cargos socialistas circula un argumentario que califica el proceso judicial como una «maquinaria empeñada en fabricar un culpable para sostener un relato político», sosteniendo que «hay sectores políticos dispuestos a usar a la Justicia como arma, cuando la verdad no sirve a sus fines». Este documento interno, que amenaza el Estado de Derecho al insinuar la ausencia de pruebas, filtración o secreto en el caso, representa una forma de narrativa alternativa que deslegitima la sentencia sin recurrir a vías jurídicas como el recurso de casación o la revisión. Jurídicamente, tales argumentarios rozan la línea del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite a los jueces poner en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial cualquier inquietud por perturbaciones a su independencia, promoviendo el Ministerio Fiscal acciones en defensa de ella. Irónicamente, al tratarse de un fiscal condenado, esta disposición adquiere un matiz paradójico, ya que el propio Ministerio Fiscal podría verse compelido a actuar si las críticas escalan a amenazas veladas contra la jurisdicción.

La pretensión gubernamental, según Moncloa, es hacer «consciente» a la ciudadanía de lo que ocurre para influir en el voto, sin cargar directamente contra el Tribunal Supremo ni incitar protestas, a diferencia de la postura más frontal de Díaz. No obstante, esta distinción es tenue: al acatar «aunque no compartir» la decisión, el Ejecutivo mantiene una dualidad que, en la práctica, legitima la desobediencia civil implícita en las manifestaciones. Este enfoque invita a una reflexión sobre los límites de la disidencia política en un Estado constitucional: mientras la crítica constructiva fortalece la democracia, la movilización contra una sentencia firme puede interpretarse como un desafío al monopolio de la jurisdicción, un principio que la sentencia del Tribunal Constitucional 128/2023 del Tribunal Constitucional vincula a la inamovilidad judicial como garantía esencial, contrapesada solo por la responsabilidad de los magistrados en su función.

Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, junto a Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, y el rey Felipe VI. (Imagen: Poder Judicial)

Las críticas socialistas y el relato de la crisis institucional

En el ala socialista del Gobierno, el enojo con el Tribunal Supremo ha alcanzado cotas de intensidad superior, manifestándose en declaraciones que personalizan el conflicto y lo elevan a una supuesta crisis de la patria. Óscar López, en su intervención televisiva, no solo ha acusado a «jueces» específicos de atender llamadas de la oposición para derribar a Sánchez, sino que ha invocado un escenario apocalíptico donde el Estado «está en riesgo» y el país «se cae», posicionando al Gobierno como salvador único. Esta retórica, que niega la legitimidad del Tribunal Supremo al diferenciarlo de «la Justicia», representa un ataque frontal que trasciende la mera disconformidad y roza la incitación a la desconfianza institucional, un fenómeno que doctrinarios como Javier Pérez Royo han calificado de «lawfare inverso», donde el Ejecutivo invierte los roles para victimizarse.

El argumentario circulante en los chats del PSOE profundiza esta narrativa al afirmar que el juicio carece de «pruebas, ni filtración, ni secreto», describiéndolo como un proceso fabricado para fines políticos que amenaza el Estado de Derecho. Esta lectura alternativa, aunque destinada a la militancia, filtra a la opinión pública un escepticismo que socava la presunción de veracidad de las resoluciones judiciales, un pilar del artículo 117 de la Constitución Española. Jurídicamente, tales afirmaciones podrían ser contraproducentes: el artículo 14.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta al Ministerio Fiscal a promover acciones en defensa de la independencia judicial, lo que, en un contexto de críticas generalizadas, podría derivar en procedimientos por enaltecimiento de la desobediencia o injurias a la Administración de Justicia. La sentencia del Tribunal Constitucional 128/2023, al enfatizar que la independencia judicial implica sumisión exclusiva al imperio de la ley —sin ligazón a instrucciones de otros poderes—, proporciona un marco para evaluar estas críticas: no como expresión libre, sino como potencial perturbación que requiere respuesta institucional.

Esta escalada retórica no es casual: el malestar por la condena ha prendido en el partido, donde se da por hecho que impulsará la movilización de la izquierda, transformando un caso individual en un símbolo de resistencia contra supuestas élites judiciales. Sin embargo, esta instrumentalización política del fiscal condenado ignora el deber de lealtad al cargo, regulado en el Estatuto del Ministerio Fiscal, y podría erosionar la credibilidad del propio Ejecutivo al priorizar la solidaridad partidista sobre el respeto a la separación de poderes.

Sede de la Fiscalía General del Estado. (Imagen: Ministerio Fiscal)

Las protestas y su eco en el panorama político

El domingo 24 de noviembre de 2025 ya se produjeron protestas en Madrid contra la condena del Tribunal Supremo, con concentraciones que denuncian un «golpe blando» a la democracia y podrían extenderse a otras ciudades en los próximos días. Aunque el Gobierno niega estar detrás, fuentes socialistas admiten que se ha planteado su impulso en federaciones provinciales, viendo en la inhabilitación de García Ortiz una oportunidad para cohesionar a la izquierda ante la oposición. Estas manifestaciones, aunque espontáneas en apariencia, responden a la llamada de Díaz y al argumentario interno, creando un ciclo de retroalimentación donde la indignación se amplifica mutuamente.

Desde una perspectiva jurídica, las protestas plantean interrogantes sobre su compatibilidad con el orden público: mientras el derecho de reunión está garantizado por el artículo 21 de la Constitución, su orientación contra un órgano constitucional como el Tribunal Supremo podría interpretarse como una presión indebida, contraria al artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La sentencia del Tribunal Constitucional 128/2023 advierte que la independencia judicial, como anverso de la sumisión al Derecho, exige contrapesos como la responsabilidad de los jueces, pero no tolera perturbaciones externas que alteren su función. En este contexto, las protestas no solo defienden a un fiscal condenado, sino que cuestionan el monopolio jurisdiccional, un equilibrio que doctrinarios como Francisco Rubio Llorente han calificado de esencial para evitar la deriva populista.

El eco de estas acciones se extiende al debate sobre la designación del nuevo fiscal general, un proceso que, al ser político, podría verse teñido por esta polarización, afectando la percepción de imparcialidad del Ministerio Fiscal.

Límites constitucionales a la crítica política

La ofensiva gubernamental contra el Tribunal Supremo, aunque enmarcada en la defensa de la democracia, tropieza con límites constitucionales claros: el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite a los jueces alertar sobre perturbaciones a su independencia, promoviendo acciones fiscales en su defensa. La sentencia del Tribunal Constitucional 128/2023, al precisar que los jueces están sujetos únicamente al imperio de la ley —sin órdenes de otros poderes—, establece que cualquier crítica que sugiera lo contrario amenaza la separación de poderes. En este caso, las declaraciones de López y el argumentario socialista, al insinuar un complot judicial, podrían activar mecanismos de tutela, como quejas ante el Consejo General del Poder Judicial.

Esta tensión revela una asimetría: mientras el Gobierno acata formalmente, su retórica fomenta un clima de desconfianza que podría disuadir futuras designaciones fiscales independientes. Jurídicamente, tales límites protegen no solo al Tribunal Supremo, sino al sistema en su conjunto, evitando que la disconformidad con una sentencia derive en erosión institucional.

(Imagen: Pool Moncloa / Fernando Calvo)

Implicaciones para el Estado de Derecho

Los ataques políticos al Tribunal Supremo en defensa de García Ortiz reabren el debate sobre la instrumentalización de la justicia en España, fortaleciendo la necesidad de reformas que garanticen la neutralidad fiscal. Analogías con casos previos, como las tensiones por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ilustran cómo estas ofensivas priorizan la lealtad partidista sobre la imparcialidad. La sentencia, en suma, consolida la sumisión al Derecho como pilar, pero las reacciones gubernamentales exigen vigilancia para preservar el equilibrio.

Las reflexiones finales sobre este episodio invitan a ponderar el frágil equilibrio entre crítica política y respeto institucional. En un Estado donde la independencia judicial es garantía esencial, los ataques al Tribunal Supremo no solo defienden a un condenado, sino que arriesgan el consenso constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional 128/2023 nos recuerda que jueces y fiscales, sometidos al imperio de la ley, son contrapesados por su responsabilidad, no por presiones externas. Futuras movilizaciones deberían canalizarse en vías democráticas, evitando que la indignación derive en deslegitimación. En última instancia, este caso no solo resuelve una condena, sino que interpela al conjunto de la sociedad a custodiar un Estado de Derecho donde la justicia prevalezca sobre la coyuntura política.