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Cómo se computa el plazo de caducidad de la acción de despido: criterios jurisprudenciales

Doctrina del TS sobre cómo se cuentan los 20 días hábiles para demandar por despido

Reloj de arena y balanza de justicia

(Imagen: E&J)

Pedro Tuset del Pino

Magistrado-juez de lo Social de Barcelona




Tiempo de lectura: 19 min

Publicado




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Cómo se computa el plazo de caducidad de la acción de despido: criterios jurisprudenciales

Doctrina del TS sobre cómo se cuentan los 20 días hábiles para demandar por despido

Reloj de arena y balanza de justicia

(Imagen: E&J)

I. Normativa de aplicación

Debemos recordar con carácter previo que la presentación de la demanda de despido está sujeta a un plazo de caducidad de 20 días hábiles, que arranca desde el preciso instante en que se registra la papeleta de conciliación ante los órganos administrativos habilitados al efecto y como paso previo para la posterior presentación de la demanda en los juzgados territorial y funcionalmente competentes de la jurisdicción social.

De este modo, los preceptos sustantivos y adjetivos a tener en cuenta para dicho plazo de caducidad son los siguientes:

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  1. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

– Art. 59.3:

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“El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos.

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El plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud de conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente”.

  1. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

– Artículo 133:

“1. Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo, y se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas.

No obstante, cuando la Ley señale un plazo que comience a correr desde la finalización de otro, aquél se computará, sin necesidad de nueva notificación, desde el día siguiente al del vencimiento de éste.

2. En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles.

Para los plazos que se hubiesen señalado en las actuaciones urgentes a que se refiere el apartado 2 del artículo 131 no se considerarán inhábiles los días del mes de agosto y sólo se excluirán del cómputo los sábados, domingos y festivos”.

– Art. 135.5:

“La presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo.

En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitirá la presentación de escritos en el juzgado que preste el servicio de guardia”.

  1. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

– Art. 44:

“1. Las partes habrán de presentar todos los escritos y documentos en los Registros de la oficina judicial adscrita a los Juzgados y Salas de lo Social.

2.Cuando las oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios técnicos que permitan el envío y la normal recepción de escritos iniciadores y demás escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y de su fecha, los escritos y documentos podrán enviarse y recibirse por aquellos medios, con plenos efectos procesales, con el resguardo acreditativo que proceda de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

– Art. 45:

“1. Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo en el servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir éste, en la sede del órgano judicial.

2. En ningún caso se admitirá la presentación de escritos dirigidos al orden social en el juzgado que preste el servicio de guardia”.

– Art. 63:

“Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones que podrá constituirse mediante los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos a los que se refiere el artículo 83 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como mediante los acuerdos de interés profesional a los que se refieren el artículo 13 y el apartado 1 del artículo 18 de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo”.

– Art. 65, apartados 1, 2 y 3:

“1. La presentación de la solicitud de conciliación o de mediación suspenderá los plazos de caducidad e interrumpirá los de prescripción. El cómputo de la caducidad se reanudará al día siguiente de intentada la conciliación o mediación o transcurridos quince días hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, desde su presentación sin que se haya celebrado.

2. En todo caso, transcurridos treinta días, computados en la forma indicada en el número anterior, sin haberse celebrado el acto de conciliación o sin haberse iniciado mediación o alcanzado acuerdo en la misma se tendrá por terminado el procedimiento y cumplido el trámite.

3. También se suspenderán los plazos de caducidad y se interrumpirán los de prescripción por la suscripción de un compromiso arbitral, celebrado en virtud de los acuerdos interprofesionales y los convenios colectivos a que se refiere el artículo 83 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de los derivados de los acuerdos de interés profesional conforme al apartado 4 del artículo 18 de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo.

En estos casos el cómputo de la caducidad se reanudará al día siguiente de que adquiera firmeza el laudo arbitral; de interponerse un recurso judicial de anulación del laudo, la reanudación tendrá lugar desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia que se dicte.

Igual efecto se producirá aun cuando en el procedimiento arbitral se apreciase la incompetencia, reanudándose el cómputo de la caducidad desde la firmeza de la resolución que pusiera fin al arbitraje”.

– Art. 80.3:

“A la demanda se acompañará la documentación justificativa de haber intentado la previa conciliación o mediación, o de haber transcurrido el plazo exigible para su realización sin que se hubiesen celebrado, o del agotamiento de la vía administrativa, cuando proceda, o alegación de no ser necesarias éstas, así como los restantes documentos de aportación preceptiva con la demanda según la modalidad procesal aplicable”.

– Art. 81.3:

“Si a la demanda no se acompañara certificación del acto de conciliación o mediación previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, de no haberse celebrado en plazo legal, el secretario judicial, sin perjuicio de resolver sobre la admisión y proceder al señalamiento, advertirá al demandante que ha de acreditar la celebración o el intento del expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado”.

Carta de despido

(Imagen: E&J)

II. Criterio sostenido por la Sala Social del Tribunal Supremo 

La Sala Social del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas sentencias sobre el cómputo del plazo de caducidad en materia de despido.

Concretamente, la STS 27 de octubre de 2016 (rec. 3754/2015) [siguiendo las SSTS 3 de junio de 2013 (rec. 2301/2012); 26 de mayo de 2015 (rec. 1784/2014); y 26 de enero de 2016 (rec. 2227/2014)] estableció los siguientes parámetros de actuación:

“Primero. «La conciliación previa (…) no es realmente un procedimiento administrativo incrustado en el laboral (…), de perfiles y características típicamente administrativas (…), sino que realmente se trata de una actuación exigible para acceder a la jurisdicción, un trámite profundamente impregnado de principios y valores procesales de características propias».

Segundo. «El término de caducidad previsto en el artículo 59.3 ET para el ejercicio de la acción de despido queda gráficamente ‘congelado’ durante la sustanciación de la conciliación, esto es, desde el día en que se interpone la papeleta de conciliación».

Tercero. «Por ministerio de la ley, la suspensión del cómputo de la caducidad tiene una duración limitada en el tiempo, sometida a dos diferentes parámetros, de tal manera que se tomará como referencia el que primero acontezca de los dos».

Así (resumiendo la parte final de la fundamentación), de acuerdo con el art. 65.1 LRJS, el cómputo de la caducidad se retoma:

– bien el día siguiente a intentada la conciliación. Se trata de un plazo indeterminado, en la medida en que no es posible conocer a priori el día en que la conciliación será intentada.

– bien transcurridos quince días hábiles —concretamente, el día siguiente hábil de estos quince días hábiles— desde la presentación de la solicitud de conciliación si esta no se hubiera intentado con anterioridad.

Se trata, por lo tanto, de un plazo absoluto e inamovible, porque este plazo de quince días no se ampliará ni siquiera en el supuesto de que la solicitud de conciliación requiera de enmienda, para el que se le habrá concedido un plazo al solicitante que, de este modo, se solapa con el de la suspensión de la caducidad de la acción.

Este plazo de quince días hábiles desde la presentación de la papeleta de conciliación, sin que esta se haya celebrado, implica que el cómputo de la caducidad se retoma a partir del siguiente día sin esperar que se celebre el acto conciliatorio y sin que una celebración posterior de este implique la suspensión retroactiva del plazo que ya se retomó”.

Fruto del interés que sigue suscitando esta materia, recientemente se ha vuelto a pronunciar el Tribunal Supremo por medio de su Sentencia núm. 350/2022, de 19 de abril de 2022, dictada por la Sala Social, en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 460/2020, de la que es ponente la Sra. Concepción Rosario Ureste García.

Especial mención merece su Fundamento de Derecho Tercero, que reza del siguiente tenor:

“TERCERO.-1. Las infracciones jurídicas que denuncia el recurso alcanzan a los arts. 59.3 ET en relación con los arts. 63 y 65 LRJS y de la doctrina contenida en la sentencia referencial invocada (de 3 de junio de 2013, rcud 2301/2012).

Esta Sala IV en la referida resolución se hace eco de la especial naturaleza de ese requisito previo al proceso por despido y en relación con la caducidad, y citando la dictada el 6 de febrero de 1970 (en interés de Ley y recordada en la STS de 17 de septiembre de 1992, recurso 1778/1991), reitera que no cabe computar para determinar ese plazo ni el día en que se interpone la conciliación, ni aquél en que se lleva a cabo.

Correlativamente argumenta que: «el plazo de caducidad previsto en el artículo 59.3 ET para el ejercicio de la acción de despido queda gráficamente «congelado» durante la sustanciación de la conciliación, esto es, desde el día en que se interpone la papeleta de conciliación hasta aquél en que se lleva a cabo la misma.

Por tanto, teniendo cuenta esa naturaleza de la conciliación, tal y como hemos razonado, en absoluto desvinculada del proceso, no hay motivo para la no aplicación del artículo 135.1 de la LEC y, por el contrario, cabe en consecuencia entender que si la conciliación no ha «consumido» ningún día del plazo de caducidad, deberá hacerse un paréntesis con ese tiempo, de manera que cuando el día 20 es el inmediatamente anterior a la demanda de conciliación, ésta podría interponerse —como podría haberse hecho con la demanda por despido— hasta las 15 horas del día siguiente a la finalización de tal plazo, esto es, hasta las quince horas del día número 21, puesto que en la fase final, la demanda procesal realmente se interpuso el mismo día de la conciliación celebrada sin avenencia, por lo que ningún día se consumió con ello del repetido plazo.

Que el plazo de caducidad previsto en el artículo 59.3 ET para el ejercicio de la acción de despido queda gráficamente «congelado» durante la sustanciación de la conciliación, esto es, desde el día en que se interpone la papeleta de conciliación hasta aquél en que se lleva a cabo la misma.

Por tanto, teniendo cuenta esa naturaleza de la conciliación, tal y como hemos razonado, en absoluto desvinculada del proceso, no hay motivo para la no aplicación del artículo 135.1 de la LEC y, por el contrario, cabe en consecuencia entender que si la conciliación no ha «consumido» ningún día del plazo de caducidad, deberá hacerse un paréntesis con ese tiempo, de manera que cuando el día 20 es el inmediatamente anterior a la demanda de conciliación, ésta podría interponerse —como podría haberse hecho con la demanda por despido— hasta las 15 horas del día siguiente a la finalización de tal plazo, esto es, hasta las quince horas del día número 21, puesto que en la fase final, la demanda procesal realmente se interpuso el mismo día de la conciliación celebrada sin avenencia, por lo que ningún día se consumió con ello del repetido plazo».

2. La doctrina transcrita la hemos aplicado en posteriores litigios, así los enjuiciados en SSTS de 26 de mayo de 2015, rec. 1784/2014, de 26 de enero de 2016, rec. 2227/2014 o 27 de octubre de 2016, rcud 3754/2015, adicionando en esta última que por ministerio de la ley la suspensión del cómputo de la caducidad «tiene una duración limitada en el tiempo, sometida a dos diferentes parámetros, de tal manera que se tomará como referencia el que primero acontezca de los dos.

Así, de acuerdo con el art. 65.1 LRJS el cómputo de la caducidad se reanuda bien al día siguiente de intentada la conciliación, bien transcurridos quince días hábiles —concretamente, al día siguiente hábil de esos quince días hábiles— desde la presentación de la solicitud de conciliación si ésta no se hubiera intentado con anterioridad.

El primero constituye un plazo indeterminado, en la medida en que no es posible conocer a priori el día en que la conciliación será intentada, mientras que el segundo es un plazo absoluto e inamovible, pues este plazo de quince días no se ampliará ni siquiera en el caso de que la solicitud de conciliación requiera de subsanación, para lo que se le habrá concedido un plazo al solicitante que, de esta manera, se solapa con el de la suspensión de la caducidad de la acción».

Afirmamos que, en ambos casos, no habrá de computarse en el plazo el mismo día de la presentación de la demanda. «Este plazo de quince días hábiles desde la presentación de la papeleta de conciliación, sin que ésta se haya celebrado, implica que el cómputo de la caducidad se reanuda a partir del siguiente día sin esperar a que se celebre el acto conciliatorio y sin que una celebración posterior de éste implique la suspensión retroactiva del plazo que ya se reanudó».

Y, en sentido similar se aplica por las SSTS de 19 de septiembre de 2017, rcud 1223/2015 —»No solo operan respecto de la conciliación los efectos específicamente previstos para ella en las leyes procesales, como la limitación del tiempo durante el cual queda suspendido el plazo de caducidad en la acción de despido, sino que su naturaleza preprocesal inclina a extenderle algunas de las garantías propias del acceso a la jurisdicción, puesto que también está en juego la tutela judicial. Así, cuando nuestra doctrina proyecta la garantía del art. 135 LEC sobre la conciliación no lo hace porque entienda que el trámite ha perdido su carácter administrativo, sino porque, manteniéndolo, estamos ante una cuestión afectante al acceso a la jurisdicción y debe operar la regla específica que lo facilita.

D) Especificidad del trámite.

Por más que ello pueda comportar ciertas dudas (como las resueltas a través de las sentencias de unificación de doctrina examinadas, o la presente) nos encontramos ante una institución híbrida, que obliga a armonizar reglas propias del procedimiento administrativo con previsiones de carácter procesal. Como hemos afirmado, este trámite preprocesal se presenta al intérprete jurídico «profundamente impregnado de principios y valores procesales de características propias»—, y de 11 de enero de 2022, rcud 1597/2019, si bien en esta última se examinaba el dies a quo para el plazo de veinte días del ejercicio de la acción de despido, así como su suspensión, dando noticia de los precedentes relatados.

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3. Su traslación al caso de autos va a determinar la casación de la sentencia recurrida, pues es la de contraste la que contiene la doctrina correcta.

Recordemos que en actual supuesto, frente a la decisión de instancia que no entendió caducada la acción, la resolución dictada en suplicación adopta la solución contraria y partiendo de las fechas que desglosa —despido comunicado el 14 de Enero de 2019 y papeleta de conciliación presentada el 7 de Febrero de 2019; el intento de conciliación de 25 de Febrero de 2019 y presentación de la demanda el 1 de Marzo de 2019— computa 18 días (15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de Enero; 1, 4, 5, 6 y 7 de Febrero, siendo este último día aquel en el que el trabajador interpone papeleta de conciliación, según el ordinal sexto) más otros cuatro (26, 27 y 28 de Febrero y el 1 de Marzo), afirma la caducidad referida, cuando, por el contrario, no cabía computar el día en que se presentó aquella papeleta, atendido el criterio jurisprudencial ya cristalizado, que procede aplicar también en este litigio por mor de los principios de igualdad y seguridad jurídica y no concurrir elementos diferentes que lo enerven.»

Para finalizar esta exposición, la anterior sentencia debe complementarse, necesariamente, con lo resuelto por tres importantes resoluciones, todas ellas de la Sala Social del Tribunal Supremo:

  1. La Sentencia TS núm. 220/2022, de 10 de marzo de 2022, Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, núm. 289/2021, Ponente Sr. Ignacio García-Perrote, al afirmar que el cómputo de los 20 días da inicio con la presentación de la demanda judicial, aun cuando la papeleta de conciliación administrativa se haya presentado posteriormente, resolviendo al respecto su FD Tercero que:

“Debemos reiterar, en consecuencia, el criterio de que, a los efectos que ahora importan, lo relevante es que la demanda por despido se presente dentro del plazo legal y no necesariamente que la conciliación administrativa se intente dentro de dicho plazo.

De conformidad con el artículo 81.3 LRJS (LA LEY 19110/2011), en el caso de que la demanda no se acompañara de certificación del acto de conciliación, o de la papeleta de conciliación de no haberse celebrado el acto, sin perjuicio de resolver sobre la admisión y proceder al señalamiento, se ha de advertir al demandante que ha de acreditar la celebración o el intento del expresado acto en el plazo de quince días, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado.

Estando en juego el derecho de acceso al proceso, que es esencia del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24.1 CE (LA LEY 2500/1978), resulta particularmente imprescindible partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (artículo 123.1 CE (LA LEY 2500/1978)), intérprete supremo de la Constitución (artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LA LEY 2383/1979)).

La STC 185/2013, de 4 de noviembre (LA LEY 182524/2013), resume la jurisprudencia constitucional en un supuesto en que se inadmitió la demanda por entender el órgano jurisdiccional del orden social que no se había celebrado con anterioridad a dicha demanda el preceptivo acto de conciliación preprocesal con la empresa demandada y en el que se denunciaba que aquél órgano jurisdiccional había realizado una interpretación rigorista y desproporcionada del trámite de subsanación previsto entonces en el artículo 81.2 de la Ley de procedimiento laboral (LA LEY 1444/1995) (LPL), y que se regula en la actualidad, con el mismo tratamiento procesal —afirma la STS 185/2013— por el artículo 81.3 LRJS (LA LEY 19110/2011).

Reiterando un «consolidado» criterio jurisprudencial (SSTC 69/1997 (LA LEY 5002/1997), de 10 de abril, 199/2001, de 4 de octubre (LA LEY 8259/2001) y 119/2007, de 21 de mayo (LA LEY 26920/2007)), la STC 185/2013 (LA LEY 182524/2013) interpreta, a la luz del artículo 24.1 CE (LA LEY 2500/1978) y del principio pro actione, que el plazo habilitado para la subsanación (en la actualidad, por el artículo 81.3 LRJS (LA LEY 19110/2011)) no lo es tan solo para la simple acreditación formal de que temporáneamente fue cumplido el requisito procesal exigible, sino también para la realización en dicho plazo del acto omitido o la rectificación del defectuosamente practicado, sin que tal conclusión —dice expresamente— quede enervada por el argumento de que la conciliación ha de ser previa a la demanda, pues el plazo legal de quince días del (en la actualidad) artículo 81.3 LRJS (LA LEY 19110/2011) no se constriñe a la acreditación formal consistente en la simple aportación de la certificación del acta de conciliación, sino a que se acredite «la celebración o el intento del expresado acto (de conciliación) en el plazo de quince días».

En suma, de conformidad con la STC 185/2013 (LA LEY 182524/2013), el plazo de subsanación del artículo 81.3 LRJS (LA LEY 19110/2011) «es material, de manera que acoge no sólo la celebración misma del acto de conciliación, sino incluso su intento acreditado mediante la presentación de la correspondiente papeleta ante el órgano de conciliación y ello con independencia del momento en que el acto de conciliación se celebre, ya que esta circunstancia es ajena a la voluntad del demandante», de manera que aquel plazo es hábil, no solo para acreditar que el acto de conciliación se celebró aunque no se haya acompañado a la demanda la certificación correspondiente, sino también para la realización en dicho plazo del acto omitido o la rectificación del defectuosamente practicado”.

  1. La sentencia del TS núm. 499/2023, de 11 de julio, recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, núm. 3255/2020, Ponente Sr. Ángel Antonio Blasco Pellicer, que se opone al archivo de la demanda de despido para el supuesto de que no se haya aportado hasta el día del juicio la acreditación del intento de conciliación administrativa, razonándolo en los siguientes términos:

“La papeleta de conciliación se presentó antes de la demanda, acompañando ésta de la cédula de citación del órgano administrativo que indicaba que el acto se iba a celebrar con posterioridad.

Celebrado el acto de conciliación administrativo, es cierto que la parte actora no aportó al proceso judicial el certificado de haberse celebrado, pese a haber sido requerida a tal efecto en el plazo establecido, tal como figuraba en la providencia de admisión de la demanda; pero lo cierto es que el proceso siguió su curso con citación al acto del juicio para un año después, sin que durante ese tiempo nada se le volviera a requerir ni nadie, el Juzgado o cualquiera de las partes manifestase nada sobre la omisión aludida.

Cosa que sí hicieron las demandadas ya en el acto del juicio oral que se suspendió para reclamar la aportación de la conciliación o su intento, lo que se efectuó de inmediato. En esas condiciones ni se entiende que hubiera existido ningún perjuicio para los demandados, ni tampoco para el «normal» funcionamiento de la administración de justicia. La demandante había acompañado con la demanda la papeleta y la citación a la conciliación (de lo que tenían conocimiento las demandadas).

Es evidente que tal proceder estaba vinculado a los plazos de caducidad y a la fecha tardía que se había dado para la celebración del acto de conciliación”.

  1. La Sentencia TS núm. 40/2020, de 21 de enero, Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, núm. 2435/2017, Ponente Sra. María Luisa Segoviano Astaburuaga, relativa a cuándo comienza el cómputo de la caducidad si se trata de un despido individual derivado de un previo despido colectivo, advirtiendo al efecto su FD VI lo siguiente:

“El plazo para realizar los despidos individuales derivados de un despido colectivo empieza tras la firmeza de la sentencia que los declara ajustados a derecho, revocando la de instancia que los había declarado nulos; y ello aunque haya transcurrido más de un año desde que terminara el plazo para realizar los despidos establecido por la empresa”.

Calendario con días tachados

(Imagen: E&J)

Resumiendo, debemos poner de relieve dos cuestiones básicas, una previa y otra derivada.

a) La primera se refiere a que el plazo de caducidad resulta fatal para ejercitar la acción de despido por cuanto que su cómputo arranca necesariamente de la presentación de la previa papeleta o demanda de conciliación administrativa, aunque no necesariamente si antes se ha presentado la demanda judicial, como ha podido comprobarse.

b) La segunda alude a que debe advertirse por el órgano judicial la falta de acompañamiento con la demanda judicial de la certificación del acto de conciliación o mediación previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, lo que debe advertirse por el LAJ concediendo al efecto a la parte actora un plazo de 15 días para su subsanación, de modo que, de no efectuarse, no comporta per se y automáticamente el archivo de la demanda, preservándose el derecho de tutela judicial proclamado por el art. 24 CE, sino que se podrá aportar aquella papeleta o certificación hasta la fecha de celebración del acto de juicio, de suerte que de no comprobarse tal extremo no cabría más que la desestimación de la demanda.

III. El cómputo del plazo para demandar cuando el empresario es la Administración Pública

Otra reciente sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo aborda la cuestión de las particularidades que ofrece el cómputo del plazo para demandar por despido de quien presta servicios laborales a favor de la Administración Pública, cuando esta actúa como empleadora y lleva a cabo la notificación extintiva sin indicar vía y plazo de impugnación.

Se trata de la STS núm. 529/2023, de 19 de julio, dictada en el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, núm. 1769/2022, ponente Sr. Antonio V. Sempere Navarro.

La cuestión debatida se contiene en su FD Tercero, letra a), cuando se remite a la peculiar regulación en los supuestos en que la empleadora es la Administración Pública:

“Ante todo queremos poner de manifiesto que aquí no se está analizando si la comunicación de despido reúne los requisitos de forma y contenido que impone la legislación (art. 55 del ET). Lo que se está examinando es si la notificación del acto extintivo se debía realizar con unos determinados requisitos y, en caso afirmativo, determinar el alcance de tal defecto, todo ello cuando estamos ante un empleador que es Administración Pública.

[…] Pues bien y a la vista de la actual regulación, en orden a si la notificación de la comunicación de despido emitida por una Administración Pública está bajo las previsiones del art. 69.1 párrafo segundo de la LRJS, esta Sala entiende que aquel acto está sometido a dicho régimen de notificaciones y debe contener su condición de decisión impugnable directamente ante la vía judicial laboral en el plazo de veinte días, o la que pudiera proceder, órgano y plazo que esté establecido a tal efecto.

Por un lado, no debemos olvidar que el precepto en cuestión se inicia con el siguiente párrafo «Para poder demandar al Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos será requisito necesario haber agotado la vía administrativa, cuando así proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable».

Esto es, está imponiendo una regla general de agotamiento de la vía previa administrativa —en los casos que proceda— sin distinción alguna en orden la acción que se formula frente a aquellos y, por tanto no podríamos entender excluidas las acciones por despido u otras que se someta a plazo de caducidad, y menos cuando el art. 69.3 se refiere a dichas acciones y a la hora de fijar el plazo de interponer la demanda indica, entre otras situaciones, que comenzará a computar el plazo desde que se entienda agotada la vía administrativa.

Por tanto, podría decirse que este primer párrafo del art. 69.1 no está excluyendo acciones judiciales, sino delimitando el ámbito en el que debe acudirse a una vía previa a la judicial.

El párrafo segundo del art. 69.1 de la LRJS es más rotundo cuando indica que «en todo caso», las notificaciones deben realizarse en la forma que en él se indica, ya sea exigible o no agotar la vía previa administrativa. Dicho mandato, «en todo caso», existía antes y después de la reforma de 2015, ya que en este aspecto no hay nada que se haya alterado por la reforma de la Ley 39/2015, que tan solo ha eliminado la reclamación previa administrativa. Por tanto, el régimen de notificaciones de dicho párrafo no se limita a determinados actos o decisiones de la Administración Pública”.

Seguidamente, en la letra b) del mismo FD, se refiere a la suspensión del plazo de caducidad del art. 69.1 3.º de la LRJS cuando la notificación extintiva adolece de ciertas omisiones:

“(…) según el párrafo tercero del art. 69.1 de la LRJS el plazo de caducidad queda suspendido ante notificaciones defectuosas u omisivas.

Partiendo de ese efecto suspensivo y siguiendo lo decidido en las sentencias comparadas, el siguiente razonamiento que nos queda es el de determinar hasta donde debemos entender que se mantiene esa suspensión y, en consecuencia, cuándo se reanuda el cómputo del plazo de caducidad si, como aquí sucede —tanto en la recurrida como en la de contraste— el trabajador ha dado el paso de interponer una reclamación previa al no haberse indicado nada en la notificación del despido.

(…) El art. 69.1 párrafo segundo indica que la notificación omisiva «solo surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de notificación o resolución o interponga cualquier recurso que proceda». Y esta previsión debe relacionarse con el art. 69.3 de la LRJS en el que se identifica el día inicial del plazo de caducidad diciendo que es «contado a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido el acto o notificación de la resolución impugnado».

Por tanto, en principio, ante una notificación defectuosa, el plazo de caducidad no se inicia hasta que el trabajador actúa mediante actos que vengan a poner de manifiesto que conoce no solo el contenido de la decisión sino cómo actuar frente a ella que es lo que ha entendido la sentencia de contraste.

Pero ello debe matizarse porque, sin ignorar que al no existir reclamación previa, el efecto suspensivo de la caducidad que llevaba aparejada la reclamación previa ha desaparecido a partir de la Ley 39/2015, a la vista de los preceptos que aquí se están analizando y la doctrina constitucional y jurisprudencial que los ha inspirado el momento final de esa suspensión no se cierra en el momento que indica la sentencia de contraste.

Esto es y en relación con lo que ha sucedido en las presentes actuaciones, el mero hecho de haberse interpuesto una reclamación previa administrativa en modo alguno permite entender que con ella se reanuda el plazo de caducidad. Se trata de una figura ya desaparecida, alegal, y, por eso mismo, inhábil para reanudar el plazo de caducidad, tal y como se desprende del juego concordado de aquellos dos preceptos recién citados. Al no haberse indicado el modo de combatir la decisión de despedir se mantiene suspendido el plazo de caducidad hasta que la persona afectada «interponga cualquier recurso que proceda» y la desaparecida vía de reclamación previa ya no cumple ese requisito”.

La citada resolución, finalmente, se refiere a cuál sea el plazo a tener en cuenta para accionar por despido cuando acontezcan defectos de forma en su notificación, afirmando lo siguiente en su FD Cuarto, apartado 3, letra E):

“El artículo 59.1 ET dispone que «las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescribirán al año de su terminación».

Aunque sería posible remitir a la prudencia judicial la precisión sobre si en cada caso concurre la razonabilidad o proximidad temporal que la sentencia recurrida considera inexistentes, tratándose de accionar frente al despido consideramos que resulta preferible permitir el juego de la regla supletoria contenida en el artículo 59 ET.

De este modo, el transcurso de ese plazo permitirá excepcionar la prescripción a la entidad empleadora. Se trata de una solución flexible, que concede amplio margen de respuesta frente al despido deficientemente notificado por el ente público pero que, a la vez, en tanto el legislador afronta de manera expresa el problema, establece una cláusula de cierre”.

Y lo anterior de modo que, como se recoge en su FD Quinto:

“Aplicando el mismo criterio que en ocasiones precedentes (apartado 2 del Fundamento Cuarto) afirmamos que, en el ordenamiento actual, siendo empleadora una Administración Pública, la notificación del acto de despido sin indicar vía y plazo de impugnación, mantiene suspendido el plazo de caducidad hasta que el trabajador lo impugne por la vía procedente con la interposición de la demanda.

Completando y matizando esa doctrina, ya unificada, añadimos ahora que sí opera, sin embargo, el plazo de prescripción supletoriamente fijado por el artículo 59.1 ET (un año)”.

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