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Artículos jurídicos

¿Cuándo puede un abogado renunciar a la defensa de su cliente?

AUTOR
Eduardo García
Tiempo de lectura: 13 min

Publicado

       I.        Introducción: Derecho de Defensa. Tratados Internacionales y Legislación española.

No debemos olvidar que el derecho de defensa se incardina de forma global en el art. 24 de la Constitución, pero no sólo en ésta, también los Convenios Internacionales suscritos por España imponen garantizar el Derecho de defensa del enjuiciado, así el art. 6.3 c) del Convenio de Roma de 1950, recoge que “todo acusado tiene como mínimo, derecho a defenderse por sí mismo, o solicitar la asistencia de un defensor de su elección y, si no tiene los medios para remunerarlo, poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio cuando los intereses de la justicia los exijan”, como lo reconoce el art. 14.3 d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 diciembre 1966, en cuanto a que todo aquel acusado de un delito tendrá derecho “a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección, a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciese de los medios suficientes para pagarlo”.

Principios éstos, que han sido redefinidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la Sentencia del caso “Ártico”, (13/02/80), como “derecho a la defensa adecuada”, consagrando la preferencia de otorgar la defensa técnica al letrado de libre elección por el propio defendido frente a la designación de oficio, que entrará en juego en tanto en cuanto éste no puede acceder a la primera, y en cualquier caso, no siendo suficiente con la mera designación, sino con la efectiva asistencia Letrada en su más amplio abanico, tal y como nuestro propio Tribunal Constitucional define en su Sentencia de 1999 (nº 162/1999), quien al respecto del derecho de defensa del enjuiciado abarcaría desde defenderse por sí mismo, a hacerlo mediante asistencia letrada de su elección y, en determinadas condiciones, a recibir asistencia letrada gratuita, pero todas ellas sujetas a una limitación, como es que el enjuiciado no disponga a su voluntad y antojo del desarrollo propio del procedimiento, a saber, renunciando a su Letrado, o al revés, que sea el propio Letrado el que con su renuncia pueda entorpecer la continuación de dicho proceso, lo que impone la necesidad de llevar a cabo ésta en base a unas causas que la pudieran legitimar, y obviamente conforme al seguimiento de un procedimiento, y respetando los tiempos.

Así en la STS de 25 enero 2009 (nº 1394/2009), reiterando la doctrina de la STS 816/2008 de 2 diciembre, el derecho a la libre designación del Letrado constituye uno de los signos que identifican a un sistema procesal respetuoso con los principios constitucionales que definen la noción de un proceso justo. Sin embargo, ese derecho no puede considerarse ilimitado, encontrándose limitado, entre otros supuestos, por la obligación legal del Tribunal a rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal según el art. 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.





Por ello, causa, procedimiento, y momento temporal, imponen la necesidad de un juicio crítico de ponderación de intereses eventualmente en conflicto, ya que el ejercicio del derecho a una asistencia letrada podría en ocasiones entrar en conflicto con los intereses de su defendido, amparado éste por el derecho fundamental que prescribe el consabido art. 24.2 de nuestra Constitución, de modo tal, que en el derecho de defensa y al de asistencia de Letrado se encuentra amparado el derecho a cambiar de letrado, sustituyendo al de oficio por otro de libre designación, o supliendo al abogado de confianza por otro, lo que sin lugar a dudas adquiere mayor importancia por el ámbito en que nos encontramos, tal y como reconoce el propio preámbulo del Código Deontológico (CD de ahora en adelante) aprobado en el Pleno de 27/11/02, adaptado al nuevo Estatuto General de la Abogacía Española.





Parte el meritado preámbulo, encarnando el derecho de defensa del cliente en el abogado, y como tal labor, una función social, y que determinará sin lugar a dudas las relaciones entre ellos a la hora de componer la relación abogado- defendido/cliente, pues el primero como tal, y así recoge el meritado, la independencia del abogado está íntimamente ligada al principio de libertad de elección, libertad ésta que preside la relación de ambos antes, durante, y después del servicio, de tal manera que no sólo el letrado podrá asumir dicha defensa, sino renunciar a ella posteriormente cuando tenga razones para ello, personales o profesionales como veremos más adelante, pero siempre con estricto cumplimiento a las normas deontológicas y procedimentales que regulan éstas, lo que será ponderado por la Administración de Justicia en aras de evitar crear indefensión al defendido, así como impedir el indebido uso de dicha renuncia para obstruir u obstaculizar el desarrollo del procedimiento en que se esté incurso.

En este sentido, sin lugar a dudas es clarificador el art. 26 del Estatuto del Abogado, aprobado por el RD 658/2001 de 22 junio, en tanto en cuanto “Los abogados tendrán plena libertad de aceptar o rechazar la dirección del asunto, así como de renunciar al mismo en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se produzca indefensión al cliente”, libertad que también remarca el art. 13.3 del CD, si bien distingue entre designación oficial y privada, así en cuanto a ésta última, El abogado tendrá plena libertad para aceptar o rechazar el asunto en que se solicite su intervención, sin necesidad de justificar su decisión. Así mismo el abogado podrá abstenerse o cesar en la intervención cuando surjan discrepancias con el cliente. Deberá hacerlo siempre que concurran circunstancias que puedan afectar a su plena libertad e independencia en la defensa o la obligación de secreto profesional. El abogado que renuncie a la dirección Letrada de un asunto habrá de realizar los actos necesarios para evitar la indefensión de su cliente”, no así cuando dicha intervención venga impuesta por un servicio público, así “Cuando se trate de defensa asumida por designación colegial, la aceptación, rechazo, abstención o cese habrá de acomodarse a las normas sobre justicia gratuita y sobre este tipo de designaciones”.

Aun así, no debemos olvidar que la profesión de abogado es como la de cualquier profesional que desarrolla un trabajo en atención a un contrato de arrendamiento de servicios, (con independencia de quien le abone sus honorarios), si bien su importancia radica en que su actuación tendrá consecuencias tanto en el ámbito privado (relación con su cliente), como en el público (consecuencias de su actuación), lo que obliga a un especial control no sólo en su actuar, sino en su abandono, bien por parte de la Administración, bien por los propios Colegios de Abogados, y en ocasiones

   II.        El principio de confianza en la relación abogado/cliente.

a)    Introducción.

Sin lugar a dudas, para entender la relación entre abogado y cliente se hace preciso traer el art. 4 del CD de la Abogacía Española, en cuanto configura el principio básico que marcará ésta, como cualquier otra relación contractual, pero que adquiere mayor importancia sí cabe en este ámbito, la confianza, que según dicho artículo, “se fundamenta en la confianza y exige de éste una conducta profesional íntegra, que sea honrada, leal, veraz y diligente”. Estando obligado a “no defraudar la confianza de su cliente y a no defender intereses en conflicto con los de aquel”.

Esto es, podríamos decir que la confianza cliente/abogado es el pilar sobre el que se asienta la relación contractual entre ambos, tal es así que nuevamente se habla de ésta en el art. 13, apartado 1 del citado CD, “La relación entre el abogado y el cliente debe fundarse en la recíproca confianza”, tal y como el Tribunal Supremo en su Sentencia de 03/04/90 consideró, “la relación del cliente con el abogado está basada en la confianza, de suerte que desaparecida ésta, debe cesar dicha relación”, y en igual sentido  en su Sentencia de 03/11/04, estimamos que hay razones para entender que esta tensa relación del acusado con su abogado, que queda de manifiesto en los 2 escritos referidos, existía desde antes de la iniciación del juicio oral, de modo que éste se celebró encontrándose ya enfrentados el abogado defensor y su cliente, enfrentamiento que no es, desde luego, un clima adecuado para la defensa de nadie, y que adquiere mayor relevancia en un caso tan grave como el aquí examinado en el que repetimos, el Ministerio Fiscal, única parte acusadora, había solicitado penas por un total de 14 años de prisión, 10 por el delito de violación y 4 más por el de lesiones (folios 43 y 99 vto del rollo de la audiencia).”

a)    Cusas de la extinción de la relación abogado/cliente. Asistencia letrada de oficio y designación particular.

Expuesto lo anterior, se podría concluir que una vez quebrada la confianza entre ambos sujetos, la relación deviene imposible y por tanto debe extinguirse,  si bien, la posibilidad de dar por concluía esa relación mixta de mandato/arrendamiento de servicios por “falta de confianza”, ¿se configura como un derecho absoluto?, ¿está sujeta sólo a limitaciones legales o también de otro tipo?

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el abogado solo podrá encargarse de un asunto por mandato de su cliente, encargo de otro abogado que represente al cliente o por designación colegial. Lo que nos lleva a distinguir 2 situaciones distintas según se trate de un abogado designado de manera particular por el cliente o el mismo haya sido designado a través de la Asistencia Jurídica Gratuita o Turno de Oficio.

En el caso de un Letrado designado de manera particular por un cliente al que encarga un asunto, el abogado tendrá plena libertad para aceptar o rechazar el asunto en que se solicite su intervención, sin necesidad de justificar su decisión. El abogado también podrá abstenerse o cesar en la intervención cuando surjan discrepancias con el cliente.

Deberá hacerlo siempre que concurran circunstancias que puedan afectar a su plena libertad e independencia en la defensa o en la obligación de secreto profesional cuidando siempre, y aquí se encuentra el primer límite, que efectúe los actos necesarios para evitar la indefensión de su cliente.

Un segundo límite, viene determinado por lo establecido en el art. 553.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que estable la corrección disciplinaria a los abogados, “cuando renuncien injustificadamente a la defensa o representación que ejerzan en un proceso, dentro de los 7 días anteriores a la celebración del juicio o vistas señaladas”.

Con relación al justiciable, el Tribunal Constitucional declara (STS 1989/2000 de 3 marzo y 1732/2000 de 10 noviembre), que si bien la facultad de libre designación de letrado por parte del acusado implica, a su vez, la de cambiar de Letrado cuando lo considere oportuno en defensa de sus intereses, este derecho ”no es ilimitado pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación legal del tribunal de rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho, fraude de la ley o procesal”. A lo que habría que añadir también que la citada libertad de designación se halla sujeta a condiciones cuando el nombramiento de nuevo letrado implique la suspensión del juicio.    

Por tanto, el abogado no podrá aceptar la defensa de intereses contrapuestos con otros que esté defendiendo o con los del propio abogado. Caso de conflicto de intereses entre dos clientes del mismo abogado, deberá renunciar a la defensa de ambos, salvo autorización expresa de los dos para intervenir en defensa de uno de ellos. Tampoco puede el abogado aceptar encargos profesionales que impliquen actuaciones contra un anterior cliente, cuando exista riesgo de que el secreto de las informaciones obtenidas en la relación con el antiguo cliente pueda ser violado, o que de ellas pudiera resulta beneficio para el nuevo cliente, y en cualquier caso, deberá abstenerse de ocuparse de los asuntos de un conjunto de clientes afectados por una misma situación, cuando surja un conflicto de intereses entre ellos, exista riesgo de violación del secreto profesional, o pueda estar afectada su libertad e independencia.

En el caso de la Asistencia Letrada de Oficio, hay que partir que la misma no deriva de la exclusiva voluntad de las partes para contratar, sino del mandato jurídico del art. 119 de la Constitución Española y que desarrolla la Ley 1/1996 de 10 enero de Asistencia Jurídica Gratuita, en trámites de ser modificada, y que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la Justicia a todas aquellas personas que carecen de recursos económicos suficientes, siempre y cuando se les haya reconocido el citado derecho.

El carácter jurídico público de la designación efectuada y el control administrativo de la misma, configuran de manera muy diferente la relación abogado- cliente, quebrando el principio de la autonomía de la voluntad, puesto que el Letrado de oficio queda constreñido al contenido de la designa, no pudiendo modificar el contenido de la misma, ya sea unilateralmente o por medio de acuerdo con su defendido administrativo de la designación efectuada. La única posibilidad de que el abogado designado ejercite una acción distinta a la que le han asignado es que ambos renuncien a la designación de oficio y contraten de manera privada, con libertad de pactos y asesoramiento entre las partes.

Existen 2 casos en los cuáles el abogado de Oficio puede solicitar la renuncia a ejercitar la defensa que le ha sido asignada:

En el orden penal, podrán los abogados designados excusarse de la defensa siempre que concurra un motivo “personal y justo”, que deberá ser apreciado por los Decanos de los Colegios (art. 31 de la LAJG).

Insostenibilidad de la pretensión (arts. 32 y siguientes de la LAJG).

Cuando el abogado de Oficio designado para un proceso considere insostenible la pretensión que pretende hacerse valer, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dentro de los 15 días siguientes a su designación con explicación de los motivos que fundamentan su decisión, recabándose del Colegio de Abogados un dictamen sobre su viabilidad en el plazo de 15 días, así será necesario recabar un dictamen del Colegio de Abogados sobre su viabilidad que deberá emitirse en el plazo de 15 días, solicitándose asimismo, informe del Ministerio Fiscal cuando el dictamen del Colegio de Abogados coincida con el del abogado designado, de tal modo, que para el caso de que el Colegio de Abogados y/o el Ministerio fiscal considerasen defendible la pretensión, se procederá al nombramiento de un segundo abogado.

Es importante señalar, que en vía de recurso, en el orden penal y respecto de los condenados no cabrá formular insostenibilidad de la pretensión.

Dado el carácter legal de designación del Letrado por parte del Turno de Oficio, el solicitante de la asistencia jurídica gratuita, no puede renunciar a la defensa del citado letrado, alegando la existencia de “falta de confianza”. Dicha posibilidad no está contemplada legalmente, si bien con carácter excepcional, por parte del propio Turno de Oficio, puede ser concedida, estando sometida al principio de la buena fe procesal al que hace referencia el art. 247.1 de la LEC, que debe presidir toda clase de procesos y que faculta a los tribunales a rechazar fundadamente las peticiones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley procesal.

   III.        Revocación del mandato al abogado. Causas y procedimiento a seguir.

a)    Introducción

Una vez sentadas las distintas razones por las que un abogado puede resolver su relación contractual con su cliente y por las que no, tanto sea de oficio como particular, hay que determinar con claridad el cauce adecuado para garantizar que dicha revocación del mandato reúna las debidas garantías para salvaguardar en tiempo y forma los intereses del cliente.

Ya hemos dicho que nuestra Carta Magna en su art 24.2 preceptúa el derecho de defensa y asistencia letrada, obligando a los abogados a proporcionar esta defensa de la manera más diligente posible, desde el momento en el que acepten el encargo hasta su finalización. Sin embargo, pueden darse casos, en los que el abogado renuncie a la defensa de sus clientes.

b)    Causas

Aunque no es habitual que los abogados efectúen esta renuncia a la defensa de sus clientes, en cualquier caso, ésta debe estar siempre fundada en causas justificadas, de lo contrario, el abogado podría ser sancionado, según lo dispuesto en el art. 553.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “Los abogados y procuradores serán también corregidos disciplinariamente por su actuación ante los juzgados y tribunales: 4.  Cuando renuncien injustificadamente a la defensa o representación que ejerzan en un proceso, dentro de los 7 días anteriores a la celebración del juicio o vistas señaladas.”

Por ello, si la relación de confianza entre abogado y cliente no existe, es lógico que se permita a cualquiera de las partes poner fin a su relación profesional. Sin embargo, pese a la renuncia de la defensa, los letrados están obligados a llevar a cabo todas aquellas labores de asistencia jurídica necesarias para evitar la indefensión de su cliente, hasta que éste designe libremente nuevo abogado o le sea designado abogado de oficio.

c)    Procedimiento

El cauce adecuado para que esta renuncia se lleve a cabo, viene amparado de manera fundamental, tanto para los abogados de oficio como para los particulares, en el CD de la Abogacía (RD 658/2011), en el CD del Consejo de los Colegios de Abogados de la Comunidad Europea y las Normas Reguladoras del Turno de Oficio.

De tal forma se prevé la posibilidad de la extinción sobrevenida del contrato en cualquier tiempo, tanto por revocación del encargo concedido por el cliente como por renuncia del abogado (art. 26.1 Estatuto General de la Abogacía, art 13.3.2 CD), y por ende se produce la liberación del compromiso sin perjuicio de la percepción de honorarios por parte del abogado.

Sin embargo, cuando la relación se ha desarrollado dentro del marco de un proceso, la extinción de la relación contractual está sujeta a plazos cuyo transcurso podría provocar la caducidad o extinción de la acción ejercitada o la pérdida de un trámite procesal. A estos efectos se refiere el art 13.3 CD “el abogado que renuncie a la dirección letrada de un asunto habrá de realizar los trámites necesarios para evitar la indefensión del cliente”, no dejando de ser curiosa la previsión contenida en el CD de la Comunidad Europea que en su norma 3.1.4 determina que el abogado que haga uso de abandonar un asunto deberá asegurarse de que el cliente podrá encontrar la asistencia de un colega a tiempo para evitar sufrir un perjuicio”.

Asimismo en relación con lo anterior, todo abogado puede renunciar a la defensa, comunicándola fehacientemente al cliente y al Tribunal donde se sigue el asunto, para su conocimiento a los efectos de que se proceda a la sustitución por nuevo abogado, y siempre dentro de los límites previstos en el art. 553 LOPJ (con antelación mínima de 7 días al señalamiento), de forma que en ningún caso se cause indefensión al cliente.

Dentro del marco del ejercicio de la abogacía en el Turno de Oficio, la regulación de las renuncias y venias, vienen establecidas en las Normas reguladoras del Turno de Oficio (en este caso del ICAM) que en su art. 24, prevé que  la sustitución de un abogado de oficio por otro de libre elección se encuentre supeditada a la preceptiva venia profesional sin que la renuncia al cobro de honorarios por parte del letrado particular entrante impida al letrado de oficio saliente la reclamación al justiciable de los que le correspondan por las actuaciones realizadas hasta el momento en que reciba la petición de venia.

Se contempla la previsión de que se creará un servicio de reclamación de honorarios profesionales para que los abogados de oficio puedan exigir sus honorarios a los clientes a quienes se haya denegado, archivado o revocado el derecho de asistencia jurídica gratuita, así como en los casos en los que el justiciable renuncie posteriormente a la asistencia letrada de oficio, designando letrado particular.

En lo que se refiere a la renuncia de Letrado de Oficio, tanto en las causas como el cauce para ejercitarla, se acomoda de igual forma que la aplicable a los Letrados particulares con las salvedades reseñadas, pues las garantías de defensa abarcan al ejercicio de ambos con independencia de la forma en que se produce su designación.

  1. Conclusión

Nuestra experiencia personal, y en relación con los casos más sonados de nuestra actualidad judicial, hemos de mencionar que si bien en alguna ocasiones hemos renunciado a la defensa de algún cliente, nunca lo hemos efectuado sin las prevenciones contenidas en el art. 553.4 LOPJ (7 días antes de la vista), pues ha sido público y notorio el caso de la renuncia de la defensa Letrada del Juez Elpidio Silva, con el Juicio ya iniciado y de manera sorpresiva, alegando falta de confianza, lo que implicaría la suspensión automática del juicio, no obstante el Tribunal deberá rechazar expresamente dicha solicitud, fundamentada en el art. 11 de la LOPJ, que establece el principio de la buena fe procesal imponiendo a los Tribunales la obligación de rechazar aquellas peticiones que se formulen con abuso de derecho o entrañen fraude de Ley, pues resulta evidente que la renuncia a la defensa realizada el propio día del juicio, siempre se va a entender como una maniobra dilatoria para retrasar la vista, así se contempla en numerosas Sentencias dictadas al respecto, que exige que para suspender la vista por cambio de letrado, exista una causa muy justificada, de ahí la necesidad de llevar a cabo el adecuado juicio de ponderación que haga presumir, al menos, con una mínima base razonable los motivos por los cuales el acusado ha demorado su decisión para cambiar de letrado hasta el mismo comienzo de las sesiones de juicio oral, pudiendo haberlo hecho con anterioridad (con cita de las SSTS de 23/12/96; 23/03, 10/11 y 01/12/00 y 05/02/02, entre otras).

CUADRO RESUMEN

Por todo ello, y a modo de conclusión, podemos afirmar sin reserva alguna, que constando la existencia de motivos por los que el letrado pueda renunciar a la defensa de su cliente, éste, al igual que cualquier otro profesional podrá negarse a aceptar el encargo de una defensa, o bien de continuar con ésta, en tanto en cuanto se someta al estricto cumplimiento de las normas deontológicas y procedimentales que regulan ésta, ello en aras de evitar la indefensión a su cliente, y siempre que dicha renuncia, no obstruya u obstaculice el correcto desarrollo del procedimiento en que se esté incurso, lo contrario, obviamente, vulneraría el principio rector del art. 24 de la Constitución.