De «chistorras» y otras jergas en contextos criminales

En el contexto de las investigaciones por corrupción que han sacudido España en los últimos años, el uso de términos codificados para referirse a transacciones financieras se ha convertido en un aspecto central para entender cómo los implicados intentan eludir la detección de actividades sospechosas. Este fenómeno, que transforma conversaciones aparentemente triviales en mensajes encriptados, plantea un desafío significativo para los investigadores, quienes deben descifrar el significado real detrás de palabras comunes. El caso en curso, centrado en figuras como José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ilustra cómo expresiones como “txistorras” o “chistorras” se utilizan para ocultar el manejo de dinero en efectivo, complicando la trazabilidad de los fondos.

El empleo de palabras sustitutivas para hablar de dinero no es un fenómeno nuevo, sino una táctica recurrente en contextos donde se busca mantener el secreto. En conversaciones que pueden ser interceptadas, los participantes suelen recurrir a metáforas o términos cotidianos para evitar mencionar sumas específicas o nombres propios, haciendo que las charlas parezcan inofensivas a primera vista. Este enfoque permite a quienes están involucrados en actividades cuestionables mantener un velo de normalidad, dificultando que las autoridades identifiquen rápidamente el propósito real de sus diálogos. En el caso de 2025, esta práctica se observa en una serie de comunicaciones que los investigadores han analizado minuciosamente, revelando un sistema de códigos que incluye términos como “chistorras” para billetes de 500 euros, “soles” para los de 200 euros y “lechugas” para los de 100 euros. Este vocabulario, lejos de ser casual, sugiere una intención deliberada de ocultar movimientos financieros, especialmente cuando se vincula con hechos concretos, como reuniones o entregas de fondos.

Un ejemplo ilustrativo surge de una conversación registrada en marzo de 2019, cuando Koldo García habló con su esposa, Patricia Úriz, sobre “2.000 chistorras”, interpretado por los agentes como una referencia a un millón de euros, según la UCO. Esta charla ocurrió apenas dos días después de que Koldo se reuniera con un empresario constructor valenciano en el Ministerio de Transportes, un encuentro que marcó el inicio de una serie de contactos clave. Los investigadores notaron que el lenguaje no se limitaba a “chistorras”; también se usaban “cafeteras” para referirse a teléfonos seguros y “café” como sinónimo de dinero. Estas expresiones formaban un código estructurado que permitía discutir transacciones sensibles sin aludir directamente a ellas. Por ejemplo, en otro intercambio, Patricia expresa preocupación por transportar “40 chistorras” (20.000 euros) en su vehículo, lo que podría indicar que el término no era una simple broma, sino parte de un sistema para manejar sumas considerables de forma discreta.

El informe de la UCO, remitido al Tribunal Supremo, profundiza en estas dinámicas al analizar el patrimonio de los implicados, revelando entregas de dinero en efectivo que no siempre coinciden con registros oficiales. Entre 2017 y 2021, se documentaron pagos en metálico a Koldo (12.744 euros) y a Ábalos (19.638 euros), a menudo entregados en sobres en distintos contextos. Algunos de estos sobres, intervenidos mediante fotografías, muestran cantidades específicas, como 2.928 euros para Koldo o 826,73 euros para Ábalos, mientras que otros, como un retiro de 505 euros en 2019, carecen de respaldo documental. En total, el informe señala un descuadre de más de 95.000 euros en el patrimonio de Ábalos, lo que sugiere flujos de fondos opacos. Aunque parte de estos pagos se relaciona con actividades políticas, como gastos de representación, el análisis se centra aquí en cómo el lenguaje codificado facilitó estas transacciones, más que en las implicaciones partidistas.

(Imagen: El Mundo)

Las explicaciones ofrecidas por los involucrados han añadido confusión al caso, mostrando versiones que cambian con el tiempo. Inicialmente, se negaba el uso de dinero en efectivo para gastos de representación, pero el informe de la UCO llevó a admitir que esta práctica era común, con sobres preparados para cubrir necesidades operativas. Sin embargo, la defensa de Koldo García introduce un giro peculiar: su abogada argumenta que “chistorra” no era un código para dinero, sino una referencia literal al embutido navarro, sugiriendo que las conversaciones sobre “chistorras” aludían a preparativos para eventos como la noche electoral. Esta interpretación contrasta con los mensajes interceptados, donde términos como “chistorras” aparecen ligados a sumas específicas.

El uso de este lenguaje no se limitaba al dinero; también abarcaba personas y roles. Por ejemplo, un empresario clave era referido como “pitbull” o “niño”, mientras que otros términos, como “cafeteras”, aludían a dispositivos seguros usados para evitar interceptaciones. Estas expresiones no solo ocultaban identidades, sino que organizaban las dinámicas internas de la red, permitiendo a los implicados coordinarse sin exponerse. En una conversación de 2019, Koldo ordena que un “sobre de Víctor” (un empresario vinculado) se deje en su mesa, mientras que otro “de Ferraz” va al ministro, mostrando cómo los códigos diferenciaban fuentes de fondos. Este sistema lingüístico, según la UCO, evidencia un esfuerzo por mantener las operaciones en la sombra, especialmente cuando se trataba de cantidades que excedían los límites legales para transacciones en efectivo (2.500 euros por operación).

Descifrar estas palabras representa un reto significativo para los investigadores, quienes deben conectarlas con hechos concretos, como reuniones, entregas o movimientos financieros. En este caso, los mensajes interceptados, combinados con pruebas físicas como sobres y memorias USB, han permitido a la UCO trazar un mapa de las transacciones. Sin embargo, la defensa podría argumentar que términos como “chistorra” son ambiguos, lo que obliga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a presentar evidencias sólidas, como grabaciones o documentos, para probar su significado. Este proceso me lleva a pensar que, aunque el lenguaje codificado complica la investigación, también ofrece pistas valiosas cuando se analiza en contexto, ya que los patrones repetitivos —como el uso constante de “chistorras” para sumas grandes— revelan una intención clara de ocultar.

La tecnología, como los teléfonos encriptados apodados “cafeteras”, ha amplificado la capacidad de los implicados para mantener estas comunicaciones privadas, forzando a los investigadores a emplear métodos avanzados, como análisis de datos o lingüística, para desentrañar los códigos. Este desafío no es solo técnico, sino también ético, ya que las autoridades deben equilibrar la necesidad de descubrir la verdad con el respeto a derechos como la privacidad. En el caso, la UCO ha utilizado grabaciones y mensajes para correlacionar términos con hechos, como pagos mensuales que podrían estar vinculados a la pensión de un hijo de Ábalos o a compras en efectivo, como una vivienda. Estas conexiones muestran cómo el lenguaje, lejos de ser un detalle menor, es una herramienta central para coordinar actividades que buscan permanecer ocultas.

En resumidas cuentas, el caso de las “chistorras” ilustra cómo el lenguaje puede actuar como un escudo para quienes manejan fondos de manera cuestionable, pero también como una ventana para los investigadores que logran descifrarlo. Aunque las explicaciones de los implicados, como la insistencia en que “chistorra” se refiere a un embutido, intentan restar importancia al código, los patrones en las comunicaciones sugieren un propósito más serio. Al analizar estas palabras, se revela no solo el intento de ocultar transacciones, sino también la complejidad de redes que operan al margen de la transparencia. Este fenómeno nos invita a reflexionar sobre cómo el lenguaje cotidiano puede transformarse en una herramienta de disimulo, desafiando a las autoridades a mantenerse un paso adelante para proteger el interés público.