De los neurotransmisores al tribunal: la neuropsicología aplicada al ámbito jurídico

En los últimos años, la relación entre neurociencia y Derecho ha adquirido una relevancia creciente, configurando un nuevo campo de conocimiento: la neuropsicología jurídica. Esta disciplina, consolidada en países como Estados Unidos, estudia cómo el funcionamiento cerebral influye en la conducta, la toma de decisiones y la responsabilidad personal, proporcionando herramientas objetivas para los tribunales y la práctica jurídica.

El cerebro, con sus miles de millones de neuronas y complejas redes neuroquímicas, no es sólo un órgano biológico: es el sustrato de la conducta humana, de la intencionalidad, del juicio moral y de la capacidad de comprender las consecuencias de los propios actos. Por ello, integrar la perspectiva neuropsicológica en la justicia no supone «biologizar» el Derecho, sino dotarlo de una comprensión más profunda del ser humano que juzga y es juzgado.

¿Qué es la neuropsicología?

La neuropsicología es una rama de la neurociencia que estudia la relación entre los procesos cerebrales y las funciones cognitivas y emocionales. Su objetivo es entender cómo las alteraciones estructurales o funcionales del cerebro afectan al pensamiento, la memoria, la atención, el control de impulsos o la empatía.

Desde un punto de vista técnico, la neuropsicología combina pruebas de evaluación cognitiva con técnicas de neuroimagen estructural (como la resonancia magnética) y funcional (como la fMRI o el PET), junto a análisis neuroquímicos y electrofisiológicos. Este enfoque permite obtener un perfil objetivo de cómo funciona el cerebro de una persona en relación con su conducta observable.

Para el ámbito jurídico, este conocimiento es de enorme utilidad: ayuda a determinar si una determinada conducta puede estar mediada por un daño cerebral, un trastorno neurodegenerativo, una disfunción de neurotransmisores o un déficit de funciones ejecutivas que limite la capacidad de autocontrol o la comprensión de las normas sociales, como veremos más adelante respecto a la conducta humana psicosocial y atribución o falta de ella en el Derecho penal, o Derecho civil, la falta de capacidad.

(Imagen: E&J)

La relación entre los neurotransmisores y comportamiento: la base biológica de la responsabilidad

La conducta humana depende del equilibrio entre diversos neurotransmisores que regulan la comunicación neuronal. La dopamina, relacionada con la motivación y la recompensa, participa en la regulación del impulso y la planificación. Alteraciones en los circuitos dopaminérgicos del sistema mesolímbico pueden favorecer comportamientos compulsivos o impulsivos.

La serotonina, por su parte, se asocia a la estabilidad emocional y la inhibición de la agresión. Niveles reducidos de serotonina se han vinculado a mayor irritabilidad y a una menor capacidad de control emocional, especialmente en individuos con daño en la corteza prefrontal.

Otros neurotransmisores, como el GABA (inhibitorio) y el glutamato (excitatorio), modulan la respuesta al estrés, la ansiedad y el procesamiento del miedo. El equilibrio entre ambos determina en buena medida la regulación de las emociones y la capacidad de diferenciar entre peligro real y amenaza percibida.

Estos conocimientos son fundamentales cuando se analiza la imputabilidad penal o la capacidad de entender y querer de un individuo. Un daño frontal, una alteración en la neurotransmisión dopaminérgica o el consumo de sustancias que interfieren en el equilibrio neuroquímico pueden modificar sustancialmente el comportamiento, sin que ello signifique eliminar la responsabilidad, pero sí comprenderla con mayor precisión.

¿Cuáles son las pruebas neurocientíficas y su admisión en los tribunales?

En el contexto estadounidense, la aplicación de pruebas neurocientíficas ha avanzado notablemente en las últimas tres décadas. Los tribunales han comenzado a admitir evidencias derivadas de neuroimagen y evaluación neuropsicológica para apoyar argumentos de defensa o agravación, siempre bajo criterios de validez científica (como los establecidos en el Daubert Standard).

Entre las pruebas más utilizadas se incluyen:

• Resonancia Magnética Funcional (fMRI): permite visualizar qué áreas cerebrales se activan durante tareas específicas, siendo útil para valorar control inhibitorio o reconocimiento de emociones.
• Tomografía por Emisión de Positrones (PET) y SPECT: miden la actividad metabólica cerebral, ayudando a detectar lesiones o disfunciones no visibles en la neuroimagen estructural.
• Electroencefalografía (EEG) y potenciales evocados: permiten analizar la actividad eléctrica del cerebro ante estímulos, útil para estudiar atención, memoria o percepción.
• Pruebas neuropsicológicas estandarizadas: evalúan funciones ejecutivas, lenguaje, memoria, velocidad de procesamiento y control inhibitorio.

Casos emblemáticos como People v. Weinstein (1992), en el que se presentó una resonancia magnética para justificar un tumor cerebral asociado a conducta violenta; o United States v. Hinckley (1982), donde se evaluó la imputabilidad por enfermedad mental, abrieron el debate sobre la incorporación de la neurociencia en los juicios.

Más recientemente, en Roper v. Simmons (2005) y Miller v. Alabama (2012), la Corte Suprema de EE. UU. se basó parcialmente en evidencias neurocientíficas sobre la maduración tardía de la corteza prefrontal para eliminar la pena de muerte y la cadena perpetua automática para menores de edad. Estas decisiones reflejan cómo el conocimiento neuropsicológico puede tener impacto directo en la configuración del derecho penal.

Asimismo, las pruebas neuropsicológicas se utilizan de forma rutinaria en peritajes civiles (por ejemplo, para evaluar daño cerebral tras accidentes de tráfico o negligencias médicas), en casos de simulación o malingering, y en procesos de capacidad civil y tutela.

(Imagen: E&J)

¿Y cuáles son las aplicaciones prácticas en el ámbito jurídico español?

En España, la neuropsicología forense comienza a consolidarse en peritajes relacionados con el daño cerebral adquirido, las secuelas cognitivas tras trauma craneoencefálico, los trastornos neurodegenerativos o las adicciones. Sin embargo, su potencial es mucho más amplio.

Determinación de la imputabilidad penal. Las evaluaciones neuropsicológicas pueden clarificar si el acusado poseía plena capacidad de comprensión y control de sus actos. Esto resulta crucial en casos con antecedentes de traumatismo craneal, epilepsia del lóbulo temporal, esquizofrenia o consumo de drogas.

Valoración del daño neurocognitivo en víctimas. La objetivación del daño cerebral y sus consecuencias en memoria, atención o juicio permite cuantificar la indemnización y establecer la repercusión real en la calidad de vida.

Evaluación de la credibilidad del testimonio. El estudio de la memoria y los sesgos cognitivos puede aportar elementos objetivos sobre la fiabilidad del testimonio de víctimas y testigos, especialmente en casos de abuso o violencia de género.

Prevención de errores judiciales. El conocimiento de los sesgos cognitivos que afectan también a jueces y jurados —como el sesgo de confirmación o la heurística de disponibilidad—, estudiados desde la neuropsicología, puede contribuir a diseñar procedimientos más equitativos y racionales.

Ventajas para el sistema jurídico español

Incorporar la neuropsicología al sistema jurídico español aportaría múltiples ventajas:

• Rigor científico en la evaluación pericial. Las pruebas neuropsicológicas, al ser objetivas y estandarizadas, reducen la subjetividad en la valoración del daño o la imputabilidad.
• Humanización de la justicia. Conocer las limitaciones cognitivas y emocionales del individuo permite emitir sentencias más proporcionales y rehabilitadoras.
• Prevención y reinserción. La identificación de disfunciones cerebrales en reclusos puede orientar intervenciones terapéuticas y programas de reinserción más eficaces.
• Modernización del sistema pericial. La incorporación de técnicas de neuroimagen y evaluación cognitiva situaría a España en la línea de los sistemas judiciales más avanzados.
• Mejor formación para juristas y jueces. Una justicia que comprende cómo el cerebro toma decisiones es una justicia más consciente de sus propios sesgos y limitaciones.

(Imagen: E&J)

Conclusión y reflexiones compartidas con la audiencia

La neuropsicología no pretende sustituir el juicio moral o jurídico, sino complementarlo. Al aportar una visión científica del comportamiento humano, contribuye a que la justicia se base en una comprensión más completa de la realidad psíquica y biológica del individuo.

La experiencia estadounidense demuestra que las pruebas neurocientíficas, cuando se utilizan con rigor y bajo control ético, pueden enriquecer el proceso judicial sin desvirtuar sus principios. España tiene ante sí la oportunidad de incorporar esta perspectiva interdisciplinar, uniendo ciencia y derecho para construir un sistema más justo, informado y humano.

En última instancia, la neuropsicología nos recuerda que la libertad y la responsabilidad son funciones del cerebro, pero también de la sociedad. Comprender cómo pensamos, decidimos y sentimos no resta valor a la justicia; al contrario, la engrandece.