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Derecho a indemnización del funcionario interino

"El mero hecho de haber sido personal interino durante un tiempo más o menos largo no implica automáticamente que haya habido un daño económico o incluso moral"

(Foto: E&J)


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Derecho a indemnización del funcionario interino

"El mero hecho de haber sido personal interino durante un tiempo más o menos largo no implica automáticamente que haya habido un daño económico o incluso moral"

(Foto: E&J)



En nuestro Ordenamiento Jurídico y dentro de él, el Derecho Administrativo, es bien sabido como la interinidad es un sistema excepcional de provisión de puestos de trabajo, que se lleva a cabo de forma no permanente y en atención a razones de urgencia. La interinidad no supone nunca permanencia, sino provisionalidad o temporalidad en el desempeño de una determinada función, en atención a las circunstancias objetivas que pueden concurrir. Cuando es necesaria su provisión, la Administración Pública debe acudir a la interinidad, hasta que se cubra la plaza por el procedimiento de provisión que corresponda por funcionarios de carrera.[1] Por lo tanto, la situación de interinidad, provisional por su propia naturaleza, puede cesar en cualquier momento, sin que existan garantías ni compromiso alguno por parte de la Administración Pública de su prolongación en el tiempo. Entender lo contrario sería desvirtuar la propia esencia conceptual de la figura del interino en la función pública.

En el mismo sentido, se puede afirmar que el funcionario interino ha tenido su razón de ser en la frecuente incapacidad de la propia Administración Pública en cubrir todas las vacantes que se producen. Como es difícil de poder prever de antemano, el personal no permanente de carácter interino suple a los titulares de los puestos de trabajo vacante, con la finalidad de que el interés público no quede afectado, mientras se produce la convocatoria de provisión normal de dichos puestos de trabajo.



La interinidad no supone más que una situación intermedia o un intervalo, hasta que ocupa la plaza vacante el nuevo funcionario público de carrera, nombrado para el puesto de trabajo, que, en ese momento, desempeña un funcionario interino. Por ello, un funcionario interino, a diferencia del funcionario de carrera carece de fijeza y seguridad en el puesto de trabajo.

Esta característica del funcionario interino delata, por un lado, su naturaleza jurídica temporal y precaria. En otro aspecto y por conexión con dicho rasgo esencial, su diferenciado régimen jurídico con el funcionario de carrera, pues el artículo 10.3 de la Ley 7/2007 dispone que su cese se producirá, además de las causas previstas en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.

«La interinidad no supone más que una situación intermedia o un intervalo» (Foto: Oxfam Intermon)

Pero poco a poco y de ello se ha hecho bien reflejo en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y en numerosas sentencias dictadas por otros órganos jurisdiccionales, se ha equiparado el funcionario interino al funcionario de carrera. Ello no deja de ser una consecuencia legal de lo que se dispone en el artículo 10.5 del Estatuto Básico del Empleado Público, que fue aprobado por el RD Legislativo 5/2015, de 30 octubre y que dispone lo siguiente: A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

El abuso que se ha llevado a cabo de esta previsión legislativa ha sido considerable. El funcionario interino no es un funcionario de carrera y por lo tanto, la equiparación no puede ni debe superar los conceptos retributivos y del propio desempeño de funciones en su puesto de trabajo. La temporalidad de la interinidad es lo que distingue e impide, a su vez, la equiparación total con el funcionario de carrera, así como los requisitos de su nombramiento. Es inadmisible pretender que, por superar el límite de la temporalidad, se intente conceder una indemnización pública al funcionario interino cesado, cuando en el Derecho Administrativo, es decir, en la función pública no existe ese concepto de indemnización que sí es propio de la relación jurídica laboral, pero nunca en la funcionarial.

Además, como principio general, es obvio, que el Derecho español no reconoce a los funcionarios de carrera un derecho a percibir, al extinguirse su relación de servicio, una indemnización económica, como si que se reconoce en la relación laboral. Pero también es cierto que los funcionarios interinos no reciben un trato menos favorable que los funcionarios de carrera, ni se ven privados de un derecho que se confiera a estos, ya que ni los funcionarios interinos ni los funcionarios de carrera tienen derecho a percibir la indicada indemnización, con motivo de su cese.

En estas circunstancias, la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, que no prevea el pago de indemnización alguna por extinción de la relación de servicio, ni a los funcionarios interinos ni a los funcionarios de carrera. Ello significa, entre otras cosas, que si un Estado miembro de la Unión Europea, en virtud de lo que se dispone en su Ordenamiento Jurídico, reconoce dicha indemnización económica, ello no supone que en todos los demás Estados miembros se deba proceder de igual forma, cuando su legislación no reconoce derecho alguno a percibir esa indemnización por el cese del funcionario interino.

Lo que se pretende indicar con ello, es que no se pueden ni se deben aplicar criterios propios de la legislación laboral, por las diferencias tan abrumadoras que existen entre dicha relación jurídica y la funcionarial. Es perfectamente sabido que la relación estatutaria de servicio se rige por el Derecho Administrativo y consiste, entre otras cosas, en la aceptación por el empleado de una serie de reglas que conforman una situación estatutaria. En este sentido, no hay ninguna identidad de razón con la legislación laboral, por lo que carece de fundamento que los órganos jurisdiccionales la apliquen en este ámbito, ni siquiera como fuente de inspiración.

«El Acuerdo Marco de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional» (Foto: EFEVerde)

A efectos de que pudiese, en un supuesto hipotético, ser procedente la indemnización económica por cese, como si fuese una compensación legal al cese debido a la interinidad del funcionario, se debería acreditar alguna irregularidad grave en el desempeño de las funciones públicas asignadas, por ejemplo, una lesión física o moral, una disminución patrimonial o una pérdida de oportunidad que el empleado público interino no tuviera el deber jurídico de soportar. En este caso, el Tribunal Supremo dispone de una consolidada jurisprudencia, como la sentencia de 26 de septiembre de 2018 (rec. cas. 1305/2017), 4 de marzo de 2021 (rec.cas. 6103/2018) y 22 de diciembre de 2021, en las que se exige presentar una reclamación por daños efectivos e identificados con arreglo a las normas generales en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública[2] y, por supuesto, acreditar tales daños.

En otras palabras, el mero hecho de haber sido personal interino durante un tiempo más o menos largo, incluso si ha habido nombramientos sucesivos no justificados por la Administración Pública, no implica automáticamente que haya habido un daño económico o incluso moral. Se deberá estar, en todo caso, al resultado de la prueba sobre este aspecto, sin que ello suponga derecho alguno a percibir una indemnización económica por el simple hecho de cesar en la función interina.

  • [1] Art 10.1 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
    • a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. b) La sustitución transitoria de los titulares. c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.
  • [2] Artíuclo 106.2 de la Constitución
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Anonymous
1 mes atrás

Es increíble !!.
Un artículo que no tiene en cuenta Ni siquiera cita, ni una de las sentencias del TJUE, por el principio de primacía y que definen lo que es abuso y fraude en la contratación de las administraciones públicas. Y que además niega la Jurisprudencia del TJUE.
No se de dónde salen estos supuestos procurador con un desconocimiento TOTAL del derecho de la Unión y de los principios más elementales del derecho comunitario!!!!!

Madre mía !!!!

Nombre
Lucia agor
Anonymous
1 mes atrás
Reply to  Anonymous

Cree usted que ahora dan indemnización a los interinos aún no habiendo fraude? Un saludo

Nombre
Jose
Suscriptor E&J2(@otrousername)
1 mes atrás
Reply to  Anonymous

La Ley 20/21 de 28 de Diciembre establece el derecho de los Funcionarios interinos a cobrar una indemnización en supuesto de cese, siempre que se hubieran presentado al correspondiente proceso de estabilización y/o consolidación y no lo hubieran aprobado…

Nombre
Leo BR
Anonymous
1 mes atrás

Ya…. Pero se esta aplicando? Saludos

Nombre
Jose
Anonymous
1 mes atrás

en el algo interino es el que sustituye a un funcionario si sustituyas a un laborar tienes más posibilidades de picar billete por amortización de plaza sin indemnización y sin reflejarla en las plazas amortizada sen diciembre se publican si tu plaza no está inmersa vigilo las actuaciones por su hubiera negligencia

Nombre
Lork antonio salamanca