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Derecho Civil

Abelardo Moreno Jiménez, director en Neurolegal: «Ningún perito puede valorar una secuela que no aparece en el historial, y ningún juez indemniza lo que no consta»

El abogado de grandes lesionados analiza una sentencia sobre un choque con un coche de la Policía Nacional que cruzó en rojo y explica cómo se cuantifica la indemnización

(Imagen: E&J)

Sergio Muñoz

Director Economist & Jurist




Tiempo de lectura: 10 min

Publicado




Derecho Civil

Abelardo Moreno Jiménez, director en Neurolegal: «Ningún perito puede valorar una secuela que no aparece en el historial, y ningún juez indemniza lo que no consta»

El abogado de grandes lesionados analiza una sentencia sobre un choque con un coche de la Policía Nacional que cruzó en rojo y explica cómo se cuantifica la indemnización

(Imagen: E&J)

La reciente reforma del Reglamento General de Circulación ha incluido expresamente a los conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores entre los usuarios vulnerables de la vía. Ese reconocimiento sitúa en primer plano una cuestión de interés jurídico y social: cómo proteger a quienes tienen mayor riesgo de sufrir lesiones graves cuando se produce un accidente. 

Un caso defendido por Abelardo Moreno Jiménez, director de Neurolegal, permite llevar ese debate a una situación concreta. En marzo de 2019, un motorista que circulaba con el semáforo en verde por la M-406, entre Alcorcón y Leganés, colisionó con un vehículo de la Policía Nacional que atravesaba el cruce en rojo con las señales luminosas y acústicas activadas. Pese a la atribución inicial de responsabilidad compartida recogida en el atestado y a la reducción del 25% pretendida por el Consorcio de Compensación de Seguros, la defensa consiguió que una sentencia de primera instancia dictada en julio de 2026 no apreciara contribución culposa del motorista. La resolución condenó al Consorcio a abonar 148.555,17 euros adicionales a los 92.010,71 euros ya pagados. 

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Aunque la sentencia resuelve hechos de 2019 y no aplica la reforma posterior, el caso resulta especialmente relevante para analizar la protección de los motoristas vulnerables, los límites de la prioridad de los vehículos de emergencia y la prueba necesaria para atribuir responsabilidad al lesionado.

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Fotografía editorial de una intersección urbana con destellos de luces de emergencia sobre el asfalto.

(Imagen: E&J)

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Economist & Jurist (E&J).– La reforma del Reglamento de Circulación reconoce expresamente a los motoristas como usuarios vulnerables. ¿Qué relevancia tiene ese reconocimiento y cómo conecta con el caso que ha defendido?

Abelardo Moreno Jiménez (A. M. J.).- La reforma reconoce expresamente que quienes circulan en motocicleta tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones y de que estas sean graves. Su exposición de motivos refleja un cambio de enfoque: la seguridad vial debe situar a las personas y su protección en el centro.

Esa condición no exime al motorista de cumplir las normas ni determina automáticamente quién tiene la culpa. Pero permite poner el foco en la importancia de las precauciones exigibles a los demás conductores, especialmente cuando realizan una maniobra excepcional, como atravesar un semáforo en rojo por tratarse de un vehículo prioritario.

El caso que hemos defendido permite explicar esa cuestión. La sentencia no aplica la reforma de 2026 a un accidente ocurrido en 2019. Lo que demuestra es que las obligaciones de precaución ya existentes tienen consecuencias jurídicas concretas: la prioridad no elimina el deber de comprobar que se puede cruzar con seguridad, y llevar activadas las señales no acredita por sí solo que el motorista las percibiera con tiempo suficiente para reaccionar.

E&J.-¿Cuáles fueron los hechos determinantes del accidente y qué elementos resultaron decisivos para plantear la reclamación?

A. M. J..- En marzo de 2019 mi cliente circulaba en moto por la M-406, entre Alcorcón y Leganés. Iba por el carril izquierdo, en un tramo recto y bien iluminado, y tenía el semáforo en verde. Por la vía transversal llegó un coche de la Policía Nacional en servicio de urgencia, con las luces y la sirena encendidas. Su semáforo estaba en rojo.

El coche patrulla no se detuvo. Aminoró, vio que los vehículos de la vía que iba a cruzar se habían parado y siguió adelante. Cuando alcanzaba el segundo carril, la moto colisionó en el lateral izquierdo.

Las consecuencias fueron muy serias para el motorista. Fractura del fémur derecho en dos niveles, fractura abierta del radio, lesiones en la mano y en la rótula, tres operaciones y casi dos años y medio hasta que las lesiones se estabilizaron. Hoy tiene reconocida una discapacidad del 49% y no ha podido volver a su oficio de camionero. El INSS le reconoció una situación de incapacidad permanente total.

Fuimos a juicio por dos razones. El Consorcio de Compensación de Seguros pretendía cargar a mi cliente con un 25% de la culpa. Además, lo que había pagado antes del pleito quedaba muy por debajo de lo que le correspondía con arreglo al baremo.

E&J.- ¿Qué obligaciones tienen los conductores de vehículos prioritarios cuando necesitan atravesar una intersección con el semáforo en rojo?

A. M. J.- El Reglamento General de Circulación les concede prioridad y les exime de cumplir otras normas o señales, pero solo en los casos y con las condiciones que él mismo fija. El artículo 67.2 les obliga a hacer un uso ponderado de ese régimen especial y a cuidar de no saltarse la prioridad en los cruces ni los semáforos «sin antes adoptar extremadas precauciones, hasta cerciorarse de que no existe riesgo de atropello a peatones y de que los conductores de otros vehículos han detenido su marcha o se disponen a facilitar la suya».

El artículo 68 añade que solo pueden dejar de cumplir las normas «a condición de haberse cerciorado de que no ponen en peligro a ningún usuario de la vía» y que lo hacen «bajo su exclusiva responsabilidad«. La propia norma sitúa el riesgo de la maniobra en quien decide cruzar en rojo.

En la práctica, eso obliga a comprobar el cruce carril por carril. Que los coches más próximos se hayan detenido no garantiza que el carril siguiente esté libre. En este caso falló justo eso.

E&J.- ¿Por qué la activación de las señales luminosas y acústicas no elimina el deber de extremar las precauciones?

A. M. J.- Porque la sirena avisa, pero nadie asegura que el aviso llegue a todos. El artículo 68.2 exige al vehículo prioritario que advierta de su presencia con la señal luminosa y la acústica a la vez, y el artículo 69 obliga a los demás conductores a facilitarle el paso «tan pronto perciban» esas señales, «según las circunstancias del momento y lugar».

El artículo 69 vincula el deber de facilitar el paso a la percepción de las señales y a las circunstancias del momento y lugar. Por eso hay que distinguir entre que las señales estuvieran activadas y que el motorista las hubiera percibido con antelación suficiente para reaccionar. En este caso no se acreditó esa percepción ni una conducta negligente del lesionado que justificara reducir su indemnización.

El casco, el ruido del motor y del viento, así como la presencia de vehículos que puedan obstaculizar la visión, son circunstancias relevantes para valorar si el motorista pudo percibir las señales a tiempo. No constituyen una imposibilidad automática de oírlas o verlas, pero tampoco permiten dar por supuesto que las percibió.

Por eso el artículo 67 pide al vehículo de emergencia algo más que encender las señales: tiene que comprobar que han surtido efecto, que los demás se han detenido o se disponen a hacerlo.

La sentencia lo expresa con claridad cuando afirma que el vehículo policial, «aunque llevara activadas las señales acústicas y luminosas, no se cercioró que por el segundo carril del cruce que estaba rebasando en fase roja, no circulaba ningún otro vehículo».

(Imagen: E&J)

E&J.- ¿Qué pruebas permitieron cuestionar la atribución inicial de responsabilidad al motorista?

A. M. J.- La más relevante vino de los propios agentes. El conductor del coche patrulla y su copiloto declararon que los vehículos de la izquierda y de la derecha se habían detenido, pero no supieron precisar en qué carriles estaban. Nadie miró el carril por el que venía mi cliente.

El guardia civil que instruyó el atestado lo ratificó en el juicio y admitió dos cosas importantes: que lo elaboró cuando la vía ya estaba despejada y que era posible que el casco impidiera a mi cliente oír la sirena. El Consorcio sostenía además que la moto circulaba a gran velocidad, pero no aportó ninguna prueba objetiva.

A todo ello se suma la carga de la prueba. En los daños personales, la ley del seguro de automóviles hace responder al conductor salvo que demuestre que el daño se debió únicamente a la culpa de la víctima. Para repartir responsabilidades hay que acreditar la negligencia del lesionado, y aquí no se acreditó.

E&J.- ¿Qué valor probatorio tiene un atestado y en qué circunstancias puede rebatirse judicialmente?

A. M. J.- En un pleito civil, el atestado se valora junto con el resto de la prueba, sin que vincule al juez. Tiene mucho peso en lo que los agentes observan y miden directamente, como la posición de los vehículos, los daños o el estado de la calzada. Pesa bastante menos cuando entra a valorar quién tuvo la culpa, sobre todo si esa valoración se apoya en suposiciones.

Puede rebatirse cuando se hizo después de los hechos, sin testigos directos o con la vía ya limpia. También cuando sus conclusiones descansan en una presunción que nadie ha comprobado, o cuando los agentes matizan en el juicio lo que firmaron en su día. Una buena reconstrucción pericial ayuda mucho.

Aquí coincidían varias de esas circunstancias. El atestado imputaba al motorista no haber cedido el paso, dando por hecho que había oído la sirena. Esa presunción no resistió la prueba practicada en el juicio.

E&J.- ¿Cómo se determina la responsabilidad cuando intervienen vehículos de emergencia y usuarios especialmente vulnerables?

A. M. J.- Con las reglas generales, aplicadas con mayor exigencia a quien crea el riesgo. El conductor responde de los daños personales que causa y solo queda exonerado si prueba la culpa exclusiva de la víctima. Cuando el vehículo pertenece a la Policía Nacional, como en este caso, responde el Consorcio de Compensación de Seguros.

Sobre esa base operan los artículos 67, 68 y 69 del Reglamento, leídos tal como están escritos.

En este caso, la prueba practicada no acreditó una conducta culposa del motorista que justificara compartir la responsabilidad. Por el contrario, la sentencia apreció que el vehículo policial había atravesado el cruce en rojo sin cerciorarse de que podía hacerlo con seguridad. La conclusión responde a las circunstancias y a la prueba de este accidente, no a una exención general de responsabilidad de los motoristas.

La reforma del Reglamento General de Circulación introducida por el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, incluye expresamente a los conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en la definición de usuarios vulnerables de la vía. La norma reconoce su mayor riesgo de sufrir lesiones o de que estas sean de mayor gravedad.

La sentencia no aplica esa reforma, porque resuelve un accidente ocurrido en 2019. Desde mi perspectiva, sin embargo, el caso conecta con la orientación protectora que la nueva regulación refuerza: la prioridad de un vehículo de emergencia no dispensa de comprobar que su maniobra puede realizarse sin poner en peligro a los demás.

Su interés actual está precisamente ahí. Permite analizar, a través de un resultado judicial concreto, cómo se relacionan la protección del motorista, las precauciones del vehículo prioritario y la prueba de una eventual contribución culposa del lesionado.

La reforma también pide a todos los conductores un esfuerzo mayor para abrir paso a los servicios de urgencia. Me parece razonable. Esta sentencia recuerda que esa prioridad conlleva deberes, y el primero es no llevarse por delante a quien circula correctamente.

(Imagen: E&J)

E&J.– ¿Qué conceptos indemnizatorios deben tenerse en cuenta cuando las lesiones provocan una incapacidad permanente para la profesión habitual?

A. M. J.- Todos los que contempla el baremo de la Ley 35/2015, y conviene no quedarse en las secuelas. En este caso se indemnizaron 889 días de lesiones temporales, 30 puntos de secuelas funcionales y 10 de perjuicio estético, el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida, los gastos ya realizados y los futuros, como la renovación anual de las plantillas ortopédicas, y el lucro cesante.

El lucro cesante merece especial atención. Cuando alguien no puede volver a su profesión, lo que deja de ingresar durante años puede pesar tanto como el resto de la indemnización. Su cálculo depende de los ingresos acreditados, de la edad y de las pensiones públicas que perciba el lesionado, y es frecuente encontrar errores.

En conjunto, el Consorcio pagó 92.010,71 euros antes del juicio y la sentencia le condena a abonar 148.555,17 euros más, con el interés legal y las costas. La indemnización total supera los 240.000 euros.

E&J.- ¿Qué papel desempeñan los informes médicos y periciales en la cuantificación de las secuelas y del lucro cesante?

A. M. J.- Una vez resuelta la cuestión de la culpa, son lo que decide la cuantía. Aquí el debate médico se centró en dos puntos. El perito del Consorcio fijaba el periodo de curación en 684 días y nuestra perito en 889. La diferencia estaba en una tercera operación, la retirada del material de osteosíntesis en junio de 2021. Mi cliente ya tenía el alta laboral, pero sus lesiones no estaban estabilizadas hasta esa intervención, y la sentencia computa el periodo completo.

El segundo punto era el dolor de cadera como secuela independiente de la diferencia de longitud de la pierna. El propio perito de la parte contraria reconoció en el juicio que hay dismetrías que no producen dolor, de modo que el dolor debía valorarse aparte.

Para el lucro cesante hacen falta, además del informe médico, pruebas sólidas de los ingresos y de la incapacidad laboral. El certificado de discapacidad del 49%, aportado en la audiencia previa, llevó al Consorcio a consignar 39.000 euros, siete años después del accidente.

E&J.– ¿Qué dificultades suelen encontrar las víctimas de accidentes graves al negociar con las aseguradoras o el Consorcio de Compensación de Seguros?

A. M. J.- Lo más habitual es que se pague una parte y se discuta el resto con argumentos que después no se prueban. En este caso se alegó una velocidad excesiva del motorista sin ninguna prueba objetiva, y se discutieron los días de curación y una de las secuelas.

El atestado se utiliza a menudo como escudo. Si atribuye parte de la culpa a la víctima, la aseguradora se apoya en él aunque se haya elaborado horas después y con evidentes inconsistencias.

Y está el tiempo. Un lesionado grave pasa años sin trabajar, con gastos y con necesidad de cerrar el asunto, y ese desgaste empuja a aceptar lo que se le ofrece. Aquí el accidente ocurrió en 2019 y la sentencia es de julio de 2026.

Hay además una cuestión que no compartimos y que hemos llevado a la Audiencia Provincial. La sentencia no impone al Consorcio los intereses de demora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, porque considera que mostró voluntad de pagar. Nosotros entendemos que pagar una parte de lo debido no libera de esos intereses por la cantidad que quedó sin abonar, y por eso hemos recurrido en apelación.

Se trata de una sentencia de primera instancia. Nuestra representación ha recurrido el pronunciamiento relativo a los intereses de demora, cuya revisión hemos solicitado a la Audiencia Provincial.

(Imagen: E&J)

E&J.- ¿Qué recomendaciones daría a una persona lesionada que considera insuficiente la primera oferta indemnizatoria recibida?

A. M. J.- Ante todo, que no firme ningún documento de saldo y finiquito sin que un abogado especialista en accidentes haya revisado su caso. Puede cobrar la cantidad ofrecida sin renunciar al resto, siempre que no la acepte como pago total.

Que solicite el atestado completo y lo lea con atención. Si le atribuye alguna culpa, conviene saber en qué se basa, porque muchas veces se basa en suposiciones.

Que no confunda el alta laboral con la curación. Mientras haya operaciones o tratamientos pendientes, las lesiones no están estabilizadas y la valoración no debe cerrarse.

Que conserve toda la documentación, y que vigile lo que dicen sus informes médicos. Muchas veces el paciente sale de la consulta sin contar todo lo que le pasa, y el médico anota lo que oye y lo que ve en ese momento. Si tiene dolor, si no puede estar de pie más de una hora, si ya no duerme o si no puede hacer su trabajo, eso tiene que quedar escrito.

Una documentación clínica completa facilita la valoración pericial y la acreditación judicial de las secuelas. Por eso es importante que los informes reflejen los síntomas y las limitaciones que presenta el lesionado

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