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Derecho Comunitario

El TJUE invalida una disposición de la Directiva antiblanqueo por su injerencia grave en los derechos fundamentales

Se refiere a la obligación de publicar el nombre de los titulares reales de las empresas

(Foto: TJUE)

Tiempo de lectura: 3 min



Derecho Comunitario

El TJUE invalida una disposición de la Directiva antiblanqueo por su injerencia grave en los derechos fundamentales

Se refiere a la obligación de publicar el nombre de los titulares reales de las empresas

(Foto: TJUE)



El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado inválida la disposición de la Directiva antiblanqueo que establece que los Estados miembros deben garantizar información sobre la titularidad real de sus sociedades, por considerarla una injerencia grave en los derechos fundamentales.

El caso parte de la controversia creada a partir de una ley luxemburguesa de 2019 a través de la cual se establece un Registro de la Titularidad Real. La norma prevé que toda una serie de datos sobre los titulares reales de las entidades registradas deben inscribirse y conservarse en ese registro. Una parte de esa información está a disposición del público en general, en particular a través de Internet. Dicha ley también recoge la posibilidad de que un titular real solicite a Luxembourg Business Registers (LBR), autoridad gestora del Registro, que limite el acceso a esa información en determinados casos.



Una sociedad luxemburguesa y el titular real de la misma solicitaron a LBR que limitara el acceso del público en general a los datos que les afectan. El registro desoyó las peticiones, lo que llevó a los reclamantes a presentar sendas demandas ante el Tribunal de Distrito de Luxemburgo. En los escritos al tribunal se afirma que la divulgación de tales datos podía conllevar un riesgo desproporcionado de violación de los derechos fundamentales de los titulares reales afectados.



Ante la tesitura planteada, la corte luxemburguesa decidió plantear al TJUE una serie de cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de determinadas disposiciones de la Directiva antiblanqueo y sobre la validez de tales disposiciones en relación con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia, reunido en Gran Sala, ha declarado la invalidez, a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales, de la disposición de la Directiva antiblanqueo que establece que los Estados miembros deberán garantizar que la información sobre la titularidad real de las sociedades y otras entidades jurídicas constituidas en su territorio esté en todos los casos a disposición de cualquier miembro del público en general.

Ciudad de Luxemburgo. Foto: Ministerio de AAEE)

Según el TJUE, el acceso del público en general a la información sobre la titularidad real constituye una injerencia grave en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales consagrados, respectivamente, en los artículos 7 y 8 de la citada carta de derechos. En la sentencia se recrimina que la información divulgada permite a un número potencialmente ilimitado de personas informarse sobre la situación material y económica de un titular real. Además, “las consecuencias que para las personas afectadas podrían derivarse de una posible utilización abusiva de sus datos personales se ven agravadas por el hecho de que esos datos, una vez puestos a disposición del público en general, no solo pueden ser libremente consultados, sino también conservados y difundidos”.

Destaca el TJUE que, mediante la Directiva de blanqueo, el legislador de la Unión pretende prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, creando, a través de una mayor transparencia, un entorno menos susceptible de ser utilizado con tales fines. Reconoce el tribunal que con esta medida se persigue un objetivo de interés general “que puede justificar injerencias, incluso graves, en los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales y que el acceso del público en general a la información sobre la titularidad real es idóneo para contribuir a alcanzar ese objetivo”.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia aprecia que “la injerencia que conlleva esta medida no se limita a lo estrictamente necesario ni es proporcionada en relación con el objetivo perseguido”.

A este respecto, señala que “aparte del hecho de que las disposiciones controvertidas autorizan la puesta a disposición del público de datos que no están suficientemente definidos ni son identificables, el régimen introducido por la Directiva antiblanqueo representa un menoscabo considerablemente más grave de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta que el régimen anterior, que establecía, además del acceso de las autoridades competentes y de determinadas entidades, el de toda persona u organización que pudiera demostrar un interés legítimo, sin que esa mayor gravedad se compense con los eventuales beneficios que, en lo que atañe a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, podrían resultar del nuevo régimen en comparación con el antiguo”.

El TJUE subraya que la eventual existencia de dificultades para definir con precisión los supuestos y las condiciones en las que existe tal interés legítimo, invocadas por la Comisión, no puede justificar que el legislador de la Unión prevea el acceso del público en general a la información de que se trata.

El Tribunal de Justicia añade que supeditar la puesta a disposición de la información sobre la titularidad real a una inscripción en línea y prever, en determinadas circunstancias, excepciones al acceso del público, no asegura una ponderación equilibrada entre el objetivo de interés general y los derechos fundamentales.

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