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Derecho Comunitario

La justicia europea confirma la histórica multa a Google, que tendrá que pagar 4.125 millones de euros

El Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado en gran parte la decisión de la Comisión

(Foto: Google)

Tiempo de lectura: 3 min



Derecho Comunitario

La justicia europea confirma la histórica multa a Google, que tendrá que pagar 4.125 millones de euros

El Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado en gran parte la decisión de la Comisión

(Foto: Google)



El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha confirmado en gran parte la decisión de la Comisión Europea que declaró que Google había impuesto restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos móviles Android, así como a los operadores de redes móviles, con el propósito de consolidar la posición dominante de su motor de búsqueda.

El TGUE desestima en lo esencial el recurso interpuesto por Google; se limita a anular la decisión solamente en tanto en cuanto esta declara que los acuerdos de reparto de ingresos por cartera mencionados constituyen, en sí mismos, un abuso. A raíz de esta decisión, y “para valorar mejor la gravedad y la duración de la infracción”, el Tribunal General tan sólo ha rebajado la cuantía de la sanción a 4.125 millones de euros desde los 4.343 millones impuestos por la Comisión Europea en 2018. De este modo, la tecnológica estadounidense va a recibir la mayor sanción impuesta por la Comisión Europea a una compañía.



En junio de 2017, la Comisión ya había sancionado a Google con una multa de 2.420 millones de euros por haber abusado de su posición dominante en el mercado de los motores de búsqueda al conferir una ventaja ilegal a su propio servicio de comparación de precios. Esta decisión también fue ratificada, en lo esencial, por el Tribunal General mediante la sentencia de 10 de noviembre de 2021. El recurso de casación interpuesto por Google contra dicha sentencia se encuentra pendiente de resolución ante el Tribunal de Justicia.

Google es un gigante del sector de las tecnologías de la información y de la comunicación que obtiene el grueso de sus ingresos gracias a su producto estrella, el motor de búsqueda Google Search. Su modelo de negocio se basa en la interacción entre, por una parte, un determinado número de productos y servicios, que en su mayoría se ofrecen gratuitamente a los usuarios y, por otra parte, ciertos servicios de publicidad en línea mediante la utilización de los datos que se recaban de esos usuarios. Google ofrece además el sistema operativo Android, con el que estaban equipados alrededor del 80% de los dispositivos móviles inteligentes utilizados en Europa en julio de 2018, según la Comisión Europea.

Denuncias ante la Comisión

Con el tiempo fueron presentadas distintas denuncias ante la Comisión a propósito de ciertas prácticas comerciales de Google en el ámbito del internet móvil, lo que llevó a que esta incoara, el 15 de abril de 2015, un procedimiento contra Google en relación con Android.

Tres años después, el 18 de julio de 2018, la Comisión sancionó a Google por haber abusado de su posición dominante al haber impuesto restricciones contractuales anticompetitivas a los fabricantes de dispositivos móviles y a los operadores de redes móviles, algunas de las cuales se remontaban al 1 de enero de 2011. Las restricciones detectadas por las autoridades europeas objeto de la sanción son de tres tipos.

Google obligaba a los fabricantes de dispositivos móviles a preinstalar las aplicaciones de búsqueda general (Google Search) y de navegación (Chrome). (Foto: E&J)

Por un lado, están las incorporadas en «acuerdos de distribución», que obligan a los fabricantes de dispositivos móviles a preinstalar las aplicaciones de búsqueda general (Google Search) y de navegación (Chrome) para que Google les otorgue una licencia de explotación de su tienda de aplicaciones (Play Store).

En segundo lugar, las agregadas en «acuerdos contra la fragmentación», que condicionan la obtención de las licencias de explotación necesarias para la preinstalación de las aplicaciones Google Search y Play Store por parte de los fabricantes de dispositivos móviles al compromiso de estos de abstenerse de vender dispositivos equipados con versiones del sistema operativo Android no autorizadas por Google.

El último conjunto de restricciones son las incorporadas en “acuerdos de reparto de los ingresos”, que supeditan la retrocesión de una parte de los ingresos publicitarios de Google a los fabricantes de dispositivos móviles y a los operadores de redes móviles en cuestión a que estos se comprometan a renunciar a la preinstalación de un servicio de búsqueda general de la competencia en una cartera de dispositivos predeterminada.

Según la Comisión, todas esas restricciones tenían como objetivo proteger y reforzar la posición dominante de Google en el ámbito de los servicios de búsqueda general y, en consecuencia, los ingresos obtenidos por esta empresa gracias a anuncios publicitarios asociados a tales búsquedas. El objetivo común perseguido con las restricciones controvertidas y su interdependencia llevaron a la Comisión a calificarlas de infracción única y continuada del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y del artículo 54 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE). En consecuencia, la Comisión impuso a Google una multa de cerca de 4 343 millones de euros, que ha sido ratificada en su mayor parte por el TGUE.

La sentencia del TGUE no es firme. Contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

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