Alejandra Jacinto, socia en CAES, habla de «situaciones de exclusión residencial sobrevenida y violencia inmobiliaria»
La abogada especialista en derecho a la vivienda analiza los mecanismos de protección frente al desahucio y las dificultades para acreditar la vulnerabilidad
(Imagen: E&J)
Alejandra Jacinto, socia en CAES, habla de «situaciones de exclusión residencial sobrevenida y violencia inmobiliaria»
La abogada especialista en derecho a la vivienda analiza los mecanismos de protección frente al desahucio y las dificultades para acreditar la vulnerabilidad
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Los procedimientos de desahucio siguen en el centro del debate sobre el acceso a la vivienda en España. La sucesión de reales decretos-leyes, desde el 11/2020 hasta el 29/2026, de 6 de octubre, ha configurado un entramado de suspensiones y moratorias que obliga a jueces, abogados y servicios sociales a comprobar de forma constante qué norma se aplica, a quién y durante cuánto tiempo. A ello se suman la presencia de fondos de inversión que adquieren inmuebles y carteras de créditos impagados con fuertes descuentos y la tensión entre el derecho de propiedad, del artículo 33 de la Constitución, y el derecho a una vivienda digna, del artículo 47.
Para analizar este escenario, Economist & Jurist conversa con Alejandra Jacinto, abogada especializada en derecho a la vivienda y defensora de los derechos humanos. Es socia del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), cooperativa de abogados que combina la defensa de los derechos humanos con la participación en los movimientos sociales, y miembro de ALA. Formó parte de la Comisión Jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y actualmente integra la del Sindicato de Inquilinas. Su trayectoria une la defensa de personas vulnerables frente a desahucios y abusos inmobiliarios con la intervención política y social en favor de la vivienda como derecho fundamental.
En la entrevista, Jacinto repasa los mecanismos de protección vigentes y las dificultades para acreditar la vulnerabilidad, desde la saturación de los servicios sociales hasta la carga de probar que el demandante es un gran tenedor con fines especulativos. Subraya que la responsabilidad de ofrecer alternativas habitacionales corresponde a las comunidades autónomas y no a los servicios sociales municipales, valora las moratorias como un dique de contención necesario y critica la inseguridad jurídica que generan las prórrogas sucesivas. También propone crear un parque público de vivienda social permanente, unificar los incidentes de suspensión en la Ley de Enjuiciamiento Civil y obligar a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social antes de demandar, y deja recomendaciones prácticas para los profesionales que intervienen en estos procedimientos.

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Economist & Jurist (E&J).- ¿Cuáles son actualmente los principales problemas jurídicos y sociales que se plantean en los procedimientos de desahucio?
Alejandra Jacinto (A. J.).- Desde la perspectiva procesal y sustantiva de la práctica letrada en el contexto normativo actual, los principales problemas se articulan en torno a tres ejes fundamentales:
1) Tensión constitucional entre el derecho de propiedad y la función social de la vivienda. Se observa un choque estructural entre el derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 33 de la Constitución Española, y el mandato dirigido a los poderes públicos para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución.
En el plano procesal, esta tensión se proyecta en el debate sobre si la vulnerabilidad socioeconómica puede esgrimirse como motivo de oposición en la fase declarativa o si debe encauzarse exclusivamente en la fase ejecutiva, a través de incidentes de suspensión. En todo caso, parece claro que, siempre que los mecanismos de suspensión sean temporales y compensatorios, la suspensión estaría justificada.
2) Proliferación de fondos de inversión y prácticas de flipping inmobiliario. Un problema de primer orden es la adquisición masiva de inmuebles y carteras de créditos impagados con abultados descuentos. Estas entidades operan en el mercado adquiriendo activos a precios sustancialmente inferiores a su valor de tasación.
Con frecuencia, eluden los mecanismos vinculados a la función social de la vivienda, acudiendo a empresas de desocupación extrajudicial o promoviendo acciones de desahucio por precario para sortear moratorias hipotecarias vigentes, prorrogadas por la Ley 1/2013 y el Real Decreto-ley 1/2024, tal y como se ha acreditado en la práctica letrada actual.
3) Inseguridad jurídica por sucesivas prórrogas y reformas imperativas. La concatenación de reales decretos-leyes urgentes, desde el Real Decreto-ley 11/2020 hasta el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, exige una verificación constante de los presupuestos de aplicabilidad temporal, del régimen del ejecutante y de los condicionantes procesales, como la conciliación previa o el intento de solución extrajudicial.
A mayor abundamiento, la incorporación del juicio de proporcionalidad a la hora de ponderar los intereses en juego, si bien supone a priori un avance, en muchos casos otorga un margen de discrecionalidad considerable al juzgador, que puede no reconocer situaciones de vulnerabilidad incluso cuando están acreditadas mediante informe de los servicios sociales.

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E&J.- ¿Qué mecanismos legales existen para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad frente a un desahucio?
A. J.- El ordenamiento jurídico español contempla un abanico de instrumentos de paralización o moratoria, que se distinguen según la causa de origen del desahucio y el título del demandante.
Suspensión extraordinaria conforme al RDL 29/2026, de 6 de octubre
- Artículo 2.1 del RDL 29/2026: dispone la suspensión del proceso mediante auto hasta el 31 de diciembre de 2030 cuando el demandante sea una entidad dedicada a adquirir inmuebles o préstamos impagados a un precio claramente inferior al valor de mercado (por ejemplo, por debajo del 70% del valor de tasación de referencia) para maximizar la rentabilidad mediante la reventa, el alquiler vacacional o la elusión de la función social de la vivienda, siempre que la persona demandada se encuentre en situación de vulnerabilidad acreditada mediante informe social o por aplicación del artículo 441.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
- Artículo 2.2 del RDL 29/2026: para el resto de los demandantes, prevé la suspensión previa solicitud de un informe a la Administración competente en materia de vivienda sobre la disponibilidad de recursos habitacionales, y exige que la vulnerabilidad quede acreditada mediante informe social o por aplicación del artículo 441.7 de la LEC. Si no se ofrece una alternativa habitacional, la suspensión se revisará cada doce meses, con un límite máximo de tres años.
Moratoria de lanzamientos en ejecuciones hipotecarias (Ley 1/2013)
Mantiene la suspensión de los lanzamientos sobre la vivienda habitual de deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad. Este régimen ha sido objeto de sucesivas prórrogas, la última mediante el Real Decreto-ley 1/2024, que amplía la moratoria hasta mayo de 2028.
Mecanismo de intervención de los servicios sociales (artículos 441.5 a 441.7 de la LEC)
Introducido por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, obliga al órgano judicial a requerir un informe a los servicios sociales competentes para apreciar la vulnerabilidad y determinar la suspensión del lanzamiento: un mes para personas físicas y dos meses para personas jurídicas, ampliables hasta cuatro meses en supuestos específicos.
Incidentes de suspensión del Real Decreto-ley 11/2020
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19, articuló, en su artículo 1 y sus sucesivas modificaciones, el incidente de suspensión extraordinaria de desahucios derivados de contratos de arrendamiento y de juicios de precario para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
En la actualidad, este mecanismo no está en vigor.
E&J.- ¿Qué requisitos deben cumplirse para que una persona pueda acogerse a las medidas de protección previstas en la normativa?
A. J.- Para que prosperen las solicitudes de suspensión cautelar o de fondo, se exige el cumplimiento concurrente de requisitos sustantivos y procesales.
Requisitos sustantivos
- Acreditación de la vulnerabilidad económica: evaluación conforme a los umbrales fijados legalmente, atendiendo a los ingresos de la unidad familiar ponderados según el IPREM e incrementados en función del número de hijos, de la presencia de personas mayores de 65 años, de personas con discapacidad o de situaciones de dependencia reconocida.
- Vulnerabilidad social y residencial: informe favorable expedido por los servicios sociales municipales de la localidad en la que se encuentra el inmueble.
- Ausencia de alternativa habitacional: demostración de que las personas ocupantes no ostentan la titularidad dominical ni el usufructo de ninguna otra vivienda adecuada en el territorio nacional. Esta circunstancia se acredita mediante certificaciones catastrales negativas expedidas por la Dirección General del Catastro.
- Condición del inmueble: debe acreditarse fehacientemente que se trata de la vivienda habitual y permanente de las personas demandadas.
Requisitos procesales
Es necesario formular en tiempo y forma el escrito de solicitud por medio de procurador y abogado, acreditando la representación mediante apud acta o poder notarial e invocando expresamente el precepto legal aplicable, como la disposición transitoria segunda del RDL 29/2026, el artículo 441.7 de la LEC o la Ley 1/2013.
E&J.- ¿Qué dificultades encuentra en la práctica para acreditar la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas?
A. J.- En el ejercicio de la defensa letrada se detectan tres obstáculos de especial relevancia técnica:
Saturación y demora de los servicios sociales municipales. Los informes sociales requeridos judicialmente sufren dilaciones considerables. Frecuentemente, se emiten certificados en los que consta la «imposibilidad de contacto» por simples intentos de llamada no atendidos o visitas sin previo aviso. En personas mayores o traumatizadas por la intervención de empresas de desocupación extrajudicial, el temor provoca que no abran la puerta a desconocidos, circunstancia que puede interpretarse indebidamente como una «falta de colaboración».
Prueba de los ingresos en la economía informal o sobrevenida. Las familias que subsisten en sectores de economía informal o mediante apoyos familiares no pueden aportar nóminas o certificados de desempleo ordinarios. Esto requiere un esfuerzo probatorio complejo mediante certificados de no percepción de prestaciones y valoraciones del trabajador social.
A mayor abundamiento, hay juzgados que, incluso contando con un informe social que determina la existencia de vulnerabilidad, no la consideran suficientemente acreditada por tratarse de informes de referencia.
Carga probatoria sobre la naturaleza del demandante. En las solicitudes fundadas en el artículo 2.1 del RDL 29/2026, corresponde a la defensa acreditar que la parte ejecutante o demandante es una entidad dedicada a adquirir activos con descuento para especular mediante prácticas de flipping. Ello exige aportar búsquedas registrales complejas, notas de localización del Servicio de Índices del Registro de la Propiedad, escrituras notariales de compraventa en bloque y actas de navegación certificada de la publicidad del grupo inmobiliario.

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E&J.- ¿Cómo se coordinan los órganos judiciales y los servicios sociales en estos procedimientos?
A. J.- La coordinación se rige por el canal de comunicación telemático y de oficio establecido en los artículos 150.4 y 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notificación y traslado del requerimiento. Admitida la demanda o presentada la solicitud de suspensión, el letrado de la Administración de Justicia (LAJ) traslada la documentación correspondiente a los servicios sociales competentes y solicita la emisión de un informe urgente en el plazo de diez a quince días.
Efecto de la solicitud de la parte. La presentación del escrito en el que se expresa la situación de vulnerabilidad lleva implícito el consentimiento de las personas afectadas para que el órgano judicial comparta sus datos personales con las administraciones competentes en materia de vivienda y servicios sociales, de acuerdo con el artículo 150.4 de la LEC.
Deficiencias del sistema. En la práctica, existe una brecha importante entre los tiempos judiciales y los administrativos. Si los servicios sociales informan de que no disponen de una alternativa habitacional, el juzgado se ve abocado a decidir sobre el levantamiento o el mantenimiento de la suspensión, trasladando nuevamente la carga de la exclusión social a la esfera de los particulares o al proceso de ejecución.
En la práctica, muchos informes indican que, ante la falta de una solución habitacional, se activará el protocolo del SAMUR Social. En algunos casos, los juzgados consideran que esta medida es suficiente como alternativa habitacional, contraviniendo la Observación general n.º 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
Existe un problema de concepción errónea al entender que los servicios sociales municipales son proveedores de vivienda alternativa, cuando esta función excede sus competencias. La responsabilidad en esta materia corresponde a las comunidades autónomas, que en muchas ocasiones ni siquiera son requeridas.
E&J.- ¿Qué valoración hace de las medidas de suspensión de los desahucios y de sus sucesivas modificaciones normativas?
A. J.- Valoración positiva: protección de los derechos fundamentales. Las moratorias y suspensiones extraordinarias constituyen un dique de contención imprescindible frente a situaciones de exclusión residencial sobrevenida y violencia inmobiliaria. Evitan la consolidación de perjuicios irreparables para la salud y la integridad moral de colectivos vulnerables, como niños, personas mayores o personas dependientes.
Valoración crítica: técnica legislativa e inseguridad jurídica. La profusión de decretos-leyes aprobados con plazos de vigencia temporales y prorrogados sucesivamente (por ejemplo, el RDL 11/2020, el RDL 8/2023, el RDL 1/2024 y el RDL 29/2026) genera un escenario procesal fragmentado.
La falta de estabilidad normativa dificulta la labor de los operadores jurídicos y sitúa sobre el propio proceso de ejecución judicial la carga derivada de la inacción administrativa.
E&J.- ¿Qué problemas pueden surgir cuando las medidas de protección entran en conflicto con los derechos de los propietarios?
A. J.- El conflicto entre los derechos reconocidos en los artículos 33 de la Constitución Española (propiedad privada) y 47 (vivienda) se traduce en la práctica en las siguientes disfunciones:
Afectación a los pequeños tenedores. Cuando el arrendador o ejecutante es una persona física que depende de las rentas del alquiler para su subsistencia, la suspensión del lanzamiento recae aparentemente sobre el particular. Sin embargo, dado que el arrendamiento es un negocio jurídico que implica un riesgo y que la normativa establece, en el artículo 2.2 del RDL 29/2026 y en el artículo 441 de la LEC, un sistema de compensaciones e incluso la ponderación de la vulnerabilidad del propio arrendador, esa afectación sería solo aparente.
La cuestión de fondo es que se desplaza indebidamente la responsabilidad asistencial del Estado sobre un particular.
Mecanismos de compensación a arrendadores y propietarios. El ordenamiento contempla la posibilidad de solicitar una compensación económica a favor del propietario al amparo de la disposición adicional segunda del RDL 37/2020, extensiva a las reformas posteriores. Esta compensación se calcula según el valor medio de mercado del alquiler en la zona.
Sin embargo, los trámites administrativos autonómicos para percibirla son farragosos y tardíos y, en todo caso, corresponden a las comunidades autónomas.
Diferenciación según el perfil del demandante. El legislador ha optado, acertadamente, por establecer un tratamiento procesal más restrictivo para los grandes tenedores y las entidades especulativas, conforme al artículo 2.1 del RDL 29/2026, denegándoles cualquier compensación y fijando suspensiones de mayor duración cuando adquieren inmuebles ocupados a precio de saldo con el fin implícito de maximizar plusvalías o eludir el alquiler social.

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E&J.- ¿Qué alternativas habitacionales o soluciones jurídicas pueden explorarse antes de llegar al lanzamiento?
A. J.- Medios adecuados de solución de controversias (MASC). Conforme a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del servicio público de justicia, el intento de conciliación o intermediación extrajudicial previa constituye un requisito de procedibilidad. Permite explorar acuerdos, aunque en la práctica estos intentos están funcionando, en ocasiones, como meros trámites de procedibilidad.
Inclusión en programas de realojo y vivienda pública. Puede solicitarse la adscripción prioritaria a los parques públicos de vivienda autonómicos y municipales. El principal problema práctico es la falta de viviendas disponibles, derivada de la inacción de las administraciones públicas autonómicas y locales.
Acuerdos de realojo temporal o condonación de deuda. Es posible negociar entregas de llaves pactadas con la condonación total de la renta o del saldo deudor acumulado, así como la concesión de un margen de tiempo para abandonar el inmueble o la aportación de los gastos de mudanza por parte de la propiedad. Se trata de fórmulas de salida amistosa que pueden evitar llegar al lanzamiento.
E&J.- ¿Qué vías de defensa y recursos tiene una persona afectada por un procedimiento de desahucio?
A. J.- En la fase declarativa: juicio verbal
- Oposición por existencia de justo título. Alegar la vigencia de moratorias hipotecarias previstas en la Ley 1/2013, la vigencia de contratos o la existencia de subrogaciones legales.
- Excepciones procesales. Impugnar la demanda por falta de acreditación de la condición de gran tenedor, ausencia de un intento legítimo de conciliación previa o de un medio adecuado de solución de controversias (conforme a los artículos 2 y 9 de la LO 1/2025), o falta de requerimiento previo fehaciente.
En la fase de ejecución
- Incidente de suspensión del lanzamiento. Presentar un escrito al amparo del artículo 2.1 o 2.2 del RDL 29/2026 o del artículo 441.7 de la LEC, que, según la entrevistada, llevaría aparejada la suspensión provisional inmediata del señalamiento por parte del LAJ hasta que se resuelva mediante auto.
- Incidentes de prejudicialidad civil (artículo 43 de la LEC). Alegar la existencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria en curso, una moratoria pendiente de resolución en otro juzgado o procedimientos ordinarios de nulidad por cláusulas abusivas.
Vías de impugnación y nulidad
- Recursos ordinarios. Interponer recurso de reposición frente a diligencias que señalen fecha de lanzamiento sin respetar los plazos previstos para la emisión del informe de los servicios sociales.
- Incidente excepcional de nulidad de actuaciones (artículo 228 de la LEC y artículo 241 de la LOPJ). Acudir a esta vía ante inadmisiones indebidas de pruebas esenciales sobre vulnerabilidad o denegaciones de vista que generen indefensión material, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española.
- Acciones penales. Interponer querella o denuncia por posibles delitos de acoso inmobiliario, previsto en el artículo 173.1 del Código Penal, y coacciones, conforme al artículo 172.1 del mismo texto legal, ante prácticas de hostigamiento o cortes de suministros.
E&J.- ¿Cuáles son los errores más frecuentes que conviene evitar al afrontar este tipo de procedimientos?
A. J.- Confundir la fase declarativa con la fase de ejecución. Uno de los errores es alegar la vulnerabilidad social como motivo sustantivo para solicitar la desestimación de la demanda en un juicio declarativo de precario. Según la entrevistada, la jurisprudencia de las audiencias provinciales sostiene que la vulnerabilidad no constituye un título posesorio que revoque el dominio del actor en el pleito principal, sino una circunstancia incidental que puede suspender la medida material del lanzamiento en la fase de ejecución.
Dejar transcurrir el plazo de contestación sin personarse. No solicitar de inmediato la asistencia jurídica gratuita dentro de los tres días siguientes al requerimiento puede provocar la declaración de rebeldía procesal o la emisión automática de un decreto de lanzamiento sin vista, conforme al artículo 438.5 de la LEC.
Aportar documentación incompleta para probar la vulnerabilidad. Presentar alegaciones genéricas sin acompañar certificaciones catastrales negativas, certificados de ingresos de todos los miembros de la unidad familiar e informe actualizado del trabajador social puede debilitar la solicitud.
Consentir resoluciones no definitivas sin formular protesta o recurso. Otro error consiste en no interponer recurso de reposición o formular protesta contra providencias que señalan lanzamientos con una hora inconcreta o sin dar trámite a la evaluación social.

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E&J.- ¿Qué cambios legislativos o medidas públicas considera necesarios para mejorar la protección de las personas vulnerables?
A. J.- Creación de un parque público de vivienda social permanente. La entrevistada propone sustituir el sistema de prórrogas procesales paliativas por una verdadera política de vivienda pública. Plantea incorporar a los activos inmobiliarios en manos de sociedades de gestión de activos y entidades bancarias, por incumplimiento de la función social, a un sistema de alquileres sociales estables. Asimismo, considera que pueden activarse mecanismos de tanteo y retracto para que las administraciones incrementen su parque público.
Unificación y simplificación de los incidentes de suspensión. Propone acometer una reforma unificada de la Ley de Enjuiciamiento Civil que consolide en un único texto procesal los criterios de vulnerabilidad y elimine la dispersión normativa derivada de los reales decretos-leyes extraordinarios.
Sanción procesal efectiva contra la mala fe de las empresas de desocupación extrajudicial. Considera necesario regular expresamente en la ley procesal la nulidad de actuaciones cuando se constate la intervención de empresas de desahucios que empleen coacciones o intromisiones en la intimidad de las personas demandadas para forzar entregas de posesión fuera de los cauces judiciales.
Vinculación obligatoria de los grandes tenedores a ofertas de alquiler social. Propone imponer por ley estatal a los grandes tenedores de vivienda la obligación de formalizar una propuesta de alquiler social antes de interponer cualquier demanda judicial de desahucio por precario o por expiración del plazo contractual.
E&J.– ¿Qué recomendaciones daría a los profesionales jurídicos que intervienen en procedimientos de desahucio?
A. J.- Proactividad en la investigación registral y corporativa de la parte actora. La recomendación es no limitarse a examinar la demanda. Resulta fundamental investigar la estructura societaria de la parte ejecutante (CNAE, notas de localización registral, publicidad corporativa y objeto social) para determinar si la entidad puede encuadrarse en la categoría de inversor especulativo o gran tenedor contemplada en el artículo 2.1 del RDL 29/2026.
Coordinación estrecha con los servicios sociales y la familia. Es importante acompañar a la familia en la tramitación del informe social e indicarle la necesidad de atender las citas con el trabajador social para evitar informes de «no localización» que puedan perjudicar la solicitud de suspensión.
Cumplimiento riguroso de la técnica procesal. La defensa debe prestar especial atención al cumplimiento de los requisitos procesales y a la presentación de las solicitudes y los recursos dentro de los plazos correspondientes.
Documentación escrupulosa de las presiones o situaciones de acoso. Se recomienda al cliente conservar cualquier comunicación, burofax o constancia de visitas de mediadores extrajudiciales. Asimismo, debe valorarse el ejercicio de acciones penales por posibles coacciones para frenar actuaciones abusivas que se produzcan fuera del cauce judicial.


