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Artículos jurídicos

El brexit y sus efectos en la imposición directa para el inversor español

AUTOR
Redacción editorial
Tiempo de lectura: 10 min

Publicado

Por Alejandro Fernández Zugazabeitia. Socio de Ramón y Cajal Abogados
 
En breve:
Desde que el 23 de junio de 2016, por una exigua mayoría (el 52% frente al 48%), el Reino Unido se decantase por la opción del brexit, la preocupación de los distintos operadores económicos sobre los efectos del mismo en su actividad no ha hecho sino agravarse. A día de hoy y en virtud de la decisión adoptada por el Consejo Europeo de 11 de abril de 2019, la salida efectiva del Reino Unido de la UE ha vuelto a prorrogarse hasta el 31 de octubre. Transcurridos tres meses desde que el Reino Unido notificase al Consejo Europeo su intención de retirarse de la UE y de la CEEA (el 29 de marzo de 2017), conforme preceptúa el art. 50 del TFUE, se iniciaron las correspondientes negociaciones, que culminaron el 13 de noviembre de 2018, con un acuerdo aprobado por el Consejo Europeo en su reunión extraordinaria del 25 de noviembre. El citado acuerdo de salida de la UE del Reino Unido contenía un período de transición hasta diciembre de 2020. Durante dicho período, el Reino Unido mantendría el acceso al mercado único y estaría obligado al cumplimiento de la normativa comunitaria, viéndose sin embargo excluido de los órganos decisorios de la UE. El rechazo por el parlamento británico, el 15 de enero de 2019, del citado acuerdo y la reciente sustitución en el Gobierno del Reino Unido –son ya dos los primeros ministros que han presentado su dimisión tras el referéndum de junio de 2016- han originado un período de incertidumbre sin precedentes en la historia de la UE, teniendo cada vez una mayor consideración la eventualidad de que la salida del Reino Unido se produzca sin acuerdo y de forma abrupta (de hecho, la opción actual por defecto).
Sumario: 

Las estrechas relaciones comerciales hispano-británicas
Salvo acuerdo de retirada en contrario, todo el Derecho primario y el Derecho derivado de la Unión dejarán de aplicarse al Reino Unido
Inversores personas jurídicas: especial atención a reestructuraciones empresariales con socios, sociedades o activos localizados en el Reino Unido
Inversores personas físicas: especial atención al traslado de residencia (exit tax) y perjuicios en las operaciones con valores y diversas formas de ahorro
El análisis y la planificación como mejor herramienta para limitar los efectos adversos
Conclusiones

 
LAS ESTRECHAS RELACIONES COMERCIALES HISPANO-BRITÁNICAS
Recientemente el Banco de España ha vuelto a recordar[1] la importancia que el Reino Unido tiene para la economía española, siendo relevante nuestra exposición comercial y financiera frente al mismo. Para el caso de exportaciones de bienes, el Reino Unido es nuestro quinto socio comercial. Desde una perspectiva financiera, los activos y pasivos exteriores españoles frente al Reino Unido ascendían en septiembre de 2018 al 17% y al 20% del PIB, respectivamente. Por último, la exposición española al Reino Unido supera a la de los principales socios de la UE en el ámbito de los servicios.
Qué duda cabe, un brexit abrupto o un brexit ordenado, pero sin acuerdo comercial tendría especial incidencia para los operadores intracomunitarios españoles estrechamente vinculados al Reino Unido. El Banco de España ha llegado a estimar en este segundo escenario un impacto acumulado en las exportaciones de alrededor de -2,6 pp para este componente del PIB a cinco años vista, siendo el efecto sobre las importaciones igualmente de «una reducción significativa de las mismas», con la consiguiente disrupción en la cadena de suministros. En esta estimación, y junto con la fluctuación del tipo de cambio, la reducción de la demanda y la inflación debe hacerse especial mención a los aspectos aduaneros y tributarios, tanto materiales como formales -imposición de aranceles en ausencia de un acuerdo comercial-. Muestra de ello es la preocupación que la Agencia Tributaria ha trasladado a los contribuyentes conforme se acercaba el 29 de marzo de 2019 y se acrecentaba el riesgo de un brexit abrupto, con el envío de correspondencia informativa a operadores intracomunitarios, dejando constancia frente a los mismos que un brexit sin acuerdo, aunque fuese ordenado, implicaría la consideración del Reino Unido como «tercer país», con todos los inconvenientes de naturaleza aduanera e imposición indirecta que ello conllevaría: desaparición de operaciones intracomunitarias para pasar a estar sujetas a formalidades aduaneras, obtención del número EROI, controles incrementados sobre determinados productos, el devengo del IVA a la importación, etc. En definitiva, muestra de la relevancia que un brexit sin acuerdo tendría para la imposición indirecta y aduanera es el hecho de que todas las Comunicaciones preparatorias sectoriales hasta hoy emitidas por la Comisión Europea sobre la retirada del Reino Unido y normas sobre la Unión (conocidas como Comunicaciones de preparación del brexit) en materia fiscal hacen exclusiva referencia a los regímenes aduaneros y a la imposición indirecta.
Ello, no obstante, el Reino Unido sobresale también como destinatario de nuestras inversiones directas (10% del PIB), siendo el primer destino de nuestra inversión extranjera directa, seguido por EE.UU. y Brasil. Especialmente llamativo resulta el sistema bancario, en donde la exposición crediticia de las entidades españolas al Reino Unido es la segunda más relevante de la UE, muy por encima de la banca alemana, francesa o italiana; exposición muy concentrada en un pequeño grupo de entidades. Siendo este el escenario, conviene analizar también los efectos en lo que a la tributación directa se refiere (Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) ante el evento de un brexit abrupto o un brexit ordenado, pero sin acuerdo.
SALVO ACUERDO DE RETIRADA EN CONTRARIO, TODO EL DERECHO PRIMARIO Y EL DERECHO DERIVADO DE LA UNIÓN DEJARÁN DE APLICARSE AL REINO UNIDO
Un brexit sin acuerdo implicaría que, con carácter inmediato, desde el 1 de noviembre de 2019 o, el primer día del mes siguiente a la finalización de los procedimientos de ratificación, si el Reino Unido ratificase el acuerdo de retirada en cualquier fecha anterior al 31 de octubre de 2019, el Derecho de la UE dejará de aplicarse al y en el Reino Unido. Con ello, desaparecerá en las relaciones con dicho Estado toda la construcción por la UE realizada y tendente a la armonización en materia de tributación directa en persecución del efectivo cumplimiento de las principales libertades garantes del mercado único (libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales): Directivas matriz-filial, del ahorro, sobre el régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones, anti-elusión, etc. Tanto estas Directivas como las normas internas adoptadas con el propósito de su trasposición e implementación dejarán de ser aplicables respecto al Reino Unido. Por tanto, en un primer momento resultará determinante el Convenio para evitar la doble imposición suscrito entre España y el Reino Unido, a la espera de posibles futuros acuerdos sobre esta materia a los que el Reino Unido pudiese llegar con la Unión Europea o directamente con España. Se expone someramente a continuación aquellos efectos sobre tributación directa más relevantes desde la perspectiva del inversor español:
INVERSORES PERSONAS JURÍDICAS: ESPECIAL ATENCIÓN A REESTRUCTURACIONES EMPRESARIALES CON SOCIOS, SOCIEDADES O ACTIVOS LOCALIZADOS EN EL REINO UNIDO
Con respecto a la tributación de los dividendos distribuidos por filiales británicas a matrices españolas, la inaplicación de la Directiva matriz-filial (2011/96/UE) no debería diferir de la situación actual, toda vez que la normativa interna del Reino Unido, con independencia de la identidad del Estado destinatario del dividendo distribuido, no prevé retención en la fuente para los mismos. En similar sentido se puede concluir respecto a la percepción de intereses o cánones generados en el Reino Unido, en donde la inaplicación de la Directiva relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones (2003/49/CE) no perjudicará al perceptor español, pues la ausencia de retención en la fuente está igualmente prevista en el Convenio hispano-británico.
Por el contrario, la inaplicación de la Directiva relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro (2009/133/CE), que tiene como propósito eliminar los obstáculos fiscales a las reorganizaciones empresariales transfronterizas, sí que afectará a cualquier operación de reestructuración empresarial en la que se comprometan activos localizados en el Reino Unido o con destino a dicho Estado, por lo que resultará muy conveniente un pormenorizado análisis de este tipo de operaciones cuando en ellas puedan participar entidades residentes en el Reino Unido o activos localizados en dicho país. Por supuesto tampoco resultará de aplicación este régimen de neutralidad fiscal ante el traslado de sociedades europeas y sociedades cooperativas europeas desde España al Reino unido.
Igualmente, y para el supuesto de cambio de residencia al Reino Unido de una entidad española, no resultará posible aplazar el pago de la deuda tributaria asociada a la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales de su propiedad, cuando éstos no queden afectos a un establecimiento permanente español.
Asimismo, el Reino Unido quedará al margen del camino por la UE andado para una mayor armonización de la imposición directa (Directiva 2016/1164 por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior), esto es, la iniciativa contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (la denominada “BEPS”, por sus siglas en inglés), pero la suscripción e impulso del Proyecto BEPS de la OCDE por parte del Reino Unido permiten anticipar una política por su parte sustancialmente idéntica a la mantenida por la UE.
Por último, el desarrollo en el Reino Unido de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica impedirá que las mismas sean objeto de deducción en el cálculo de la cuota del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, el Reino Unido no se encontrará ya exceptuado del régimen de transparencia fiscal internacional (imputación de rentas positivas obtenidas por una entidad residente en el Reino Unido cuando ésta carezca de medios materiales y personales y su carga fiscal directa sea inferior al 75% de la que hubiese soportado en España).
INVERSORES PERSONAS FÍSICAS: ESPECIAL ATENCIÓN AL TRASLADO DE RESIDENCIA (EXIT TAX) Y PERJUICIOS EN LAS OPERACIONES CON VALORES Y DIVERSAS FORMAS DE AHORRO
En primer lugar, y en lo que a la imposición directa sobre la transmisión de acciones de sociedades cotizadas en el Reino Unido respecta, el límite de dos meses, como plazo mínimo relevante para poder integrar las pérdidas patrimoniales por reinversión en valores homogéneos, pasará a ser de un año. Por consiguiente, la venta a pérdidas y posterior adquisición de valores homogéneos impedirá la integración en el IRPF de dicha pérdida, si la reinversión tiene lugar dentro del año. Igualmente, no resultarán de aplicación las normas específicas de valoración de la ganancia o pérdida patrimonial que la Ley del IRPF preceptúa para la transmisión de valores de sociedades cotizadas en la UE.
La inaplicación de determinadas Directivas sobre el ahorro (2016/2341 y 2009/65/CE) penalizará fiscalmente a la persona física inversora en el Reino Unido, ya que las aportaciones a planes de pensiones británicos no darán derecho a la reducción en la base imponible del IRPF, ni podrá el ahorrador acogerse al diferimiento por reinversión previsto para las participaciones en instituciones de inversión colectiva, si dichas instituciones están domiciliadas en el Reino Unido.
El traslado de un residente fiscal español al Reino Unido deberá analizarse con especial precaución, puesto que éste no podrá ya optar por la regla de imputación temporal conforme a cobros de las rentas pendientes de integrar en el momento del traslado, debiendo declarar las mismas en su totalidad en el período impositivo en el que pierda la residencia. Especialmente relevante resultará la plena aplicación del denominado exit tax como consecuencia del traslado al Reino Unido, que no podrá ser ya objeto de modulación conforme se preceptúa para el caso de que el traslado fuese a otro Estado Miembro de la UE.

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