El «efecto mariposa» con Junts y los fondos europeos para España

En el delicado equilibrio de la gobernabilidad parlamentaria, un gesto de ruptura puede desencadenar consecuencias imprevisibles, reminiscentes de aquel concepto del caos donde el aleteo de una mariposa en Brasil precipita un huracán en Texas. Así, la decisión de Junts per Catalunya de bloquear una serie de iniciativas legislativas esenciales no solo complica el itinerario presupuestario del Gobierno, sino que amenaza con truncar el flujo de fondos europeos pendientes, superiores a 90.000 millones de euros de los 163.000 millones totales del Plan de Recuperación.

Esta maniobra, confirmada en los últimos días, ilustra cómo la fragmentación política interna puede erosionar compromisos supranacionales, recordándonos que la estabilidad institucional es el sustrato indispensable para honrar obligaciones contraídas ante la Unión Europea. Lo anterior me sugiere que, en un contexto de minoría parlamentaria, el veto selectivo a reformas operacionales no es mera táctica coyuntural, sino un factor que podría alterar el rumbo económico del país de manera profunda y duradera.

El compromiso español con el mecanismo de recuperación y resiliencia, aprobado en 2021, se erige sobre hitos legislativos que garantizan su ejecución, desde la reforma laboral hasta ajustes en pensiones que ya han desbloqueado pagos iniciales. Sin embargo, la fase final exige el cumplimiento de una quincena de medidas pendientes, vinculadas a pagos que representan la mayor parte de los recursos restantes. La ruptura con Junts, que hasta ahora había sido socio clave en la investidura, introduce un elemento de imprevisibilidad: el partido independentista anuncia su oposición a, al menos, seis leyes en tramitación, todas ellas pactadas con la Comisión Europea como condiciones para desbloquear desembolsos. Esta postura no solo afecta el plan B del Ejecutivo, que apostaba por avanzar sin presupuestos mediante la inyección europea, sino que pone en jaque la credibilidad de España como socio fiable en el marco comunitario.

(Imagen: CaixaBank Research)

El veto selectivo y sus mecanismos

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha sido explícita: el grupo votará en contra de cualquier nuevo proyecto que remita el Consejo de Ministros, extendiendo el bloqueo a iniciativas que, aunque técnicas, encarnan el núcleo de los acuerdos operacionales con Bruselas. Entre ellas, la Ley de Industria, destinada a fomentar la transición ecológica; la Ley de Familias, que busca reforzar la protección social; o la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, esencial para alinear el sector público con los objetivos de sostenibilidad. No se detiene ahí: la Ley para el control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima, vital para la gestión de recursos comunes en el ámbito mediterráneo, también figura en la lista de vetos, al igual que la reforma de la Ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que fortalece la supervisión de mercados. Incluso la llamada Ley de lobbies, que regula la transparencia en los grupos de interés, pende de un hilo, pese a su arraigo en principios de buen gobierno.

Estas leyes no son meras formalidades; representan hitos concretos que el Gobierno se obligó a cumplir para acreditar avances ante la Comisión. En un ejemplo práctico, la Ley de Industria implica incentivos fiscales para sectores verdes, cuya demora podría retrasar no solo pagos directos, sino también inversiones privadas alineadas con el plan. Analogías con precedentes europeos, como el caso de Polonia bajo el anterior Gobierno, donde vetos ideológicos congelaron fondos por años, ilustran el riesgo: un incumplimiento puntual genera un efecto dominó, con inspecciones comunitarias que cuestionan la ejecución global.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, minimiza el impacto al calificar estas reformas de «flecos» frente a logros previos, pero su admisión de que restan «importantes reformas» revela la fragilidad subyacente.

Excepciones y tensiones en el Parlamento

Curiosamente, Junts salva de su quema dos iniciativas ya acordadas, como la Ley del Cine y la de Atención al Cliente, que incorporan reivindicaciones lingüísticas en catalán, demostrando que el bloqueo es selectivo y negociable en ciertos flancos. Más decisiva resulta su disposición a aprobar la Ley de Movilidad Sostenible, clave para un próximo desembolso, aunque con reservas ante enmiendas del Partido Popular en el Senado, como la que retira el calendario de cierre de centrales nucleares no solo de Almaraz, sino también de Ascó. Esta modificación, criticada por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, como irresponsable al prescindir del dictamen técnico del Consejo de Seguridad Nuclear, ilustra cómo la oposición conservadora amplifica el «efecto mariposa»: una enmienda puntual puede desvirtuar un texto entero, complicando su alineación con los hitos europeos.

En este tablero, la ausencia de mayorías absolutas transforma cada votación en un ejercicio de equilibrios precarios. La Ley del Suelo, pendiente de reforma para facilitar urbanismos sostenibles, se suma a la quincena de medidas en el aire, recordando que el Gobierno carece de margen para el plan A de presupuestos ni para el B de fondos puros.

Fuentes de Junts confirman a medios que el veto se extiende a la totalidad de proyectos ministeriales, un portazo que evoca rupturas pasadas, como la del 2023 que paralizó cuentas públicas. No obstante, la promesa de Cuerpo de una nueva adenda al Plan de Recuperación, para flexibilizar los cuatro pagos restantes, abre una ventana: renegociar con Bruselas podría rebajar exigencias, pero exige consenso interno que hoy parece evaporado.

(Imagen: RTVE)

Implicaciones europeas y la estabilidad institucional

Desde la perspectiva comunitaria, la estabilidad política emerge como condición sine qua non para el flujo de recursos, como subrayó el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en un foro reciente. Al evocar España como ejemplo, donde el déficit ronda el 3% pero la parálisis presupuestaria persiste desde 2023 por falta de mayorías, De Guindos vincula la gobernabilidad a la salud de la Eurozona. Esta observación no es casual; los fondos del Next Generation EU, diseñados como vacuna contra la crisis post-pandemia, condicionan su entrega a reformas verificables, y un bloqueo prolongado podría invitar a sanciones implícitas, como la reasignación de partidas a otros Estados miembros.

Considero que ello obliga a deducir que el «efecto mariposa» trasciende lo nacional: un veto en el Congreso de Madrid reverbera en las salas de Bruselas, donde la Comisión evalúa no solo el cumplimiento formal, sino la voluntad política subyacente. En analogía con el Derecho de la Unión, donde el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento exige coordinación económica, la demora en leyes como la de pesca marítima podría tensionar relaciones con vecinos como Francia o Italia, compartiendo caladeros. Aagesen apela a la «responsabilidad» de los grupos, un llamado que resuena en el principio de lealtad institucional, pero en un Parlamento fragmentado, la retórica ceden ante la aritmética de los escaños.

Escenarios posibles y lecciones estructurales

Frente a esta encrucijada, el Ejecutivo contempla la adenda como salvavidas, un instrumento que ya utilizó en 2023 para ajustar el plan y desbloquear fondos. Sin embargo, su éxito depende de negociaciones con la Comisión, que podría exigir contrapartidas como plazos más estrictos o auditorías adicionales. Alternativas como pactos puntuales con otros grupos, como el Partido Nacionalista Vasco o incluso el Partido Popular en temas transversales, podrían mitigar el bloqueo, pero exigen concesiones que diluyen la agenda progresista. En un ejemplo hipotético, aprobar la Ley de Familias con apoyos alternos preservaría el pilar social del plan, pero a costa de dilaciones que acumulan intereses implícitos en la deuda europea.

La situación también invita a reflexionar sobre reformas estructurales: la rigidez de los hitos europeos, pensados para un consenso amplio, choca con realidades parlamentarias volátiles. Asociaciones como la de Letrados de la Administración de Justicia, en debates paralelos, han advertido sobre la necesidad de mecanismos de flexibilidad que no comprometan la accountability, un equilibrio que España debe forjar para evitar que tensiones territoriales como la catalana conviertan oportunidades en riesgos sistémicos.

(Imagen: E&J)

Hacia un horizonte de contención

El portazo de Junts no cierra todas las puertas, pero acelera un reloj que el Gobierno no puede detener. Nogueras deja entrever valoraciones futuras, sugiriendo que el veto es táctico más que absoluto, pero en el ínterin, la inyección europea de 2026 pende de hilos finos. De Guindos lo resume con crudeza: la estabilidad es clave, y su ausencia multiplica déficits más allá de las cuentas públicas.

Asumo que, para conjurar el huracán, el Parlamento debe priorizar consensos mínimos en las reformas pendientes, honrando no solo compromisos europeos, sino la confianza en un Estado que navega entre divisiones internas y ambiciones colectivas. Solo así, el aleteo inicial se transforma en brisa controlada, preservando el rumbo hacia una recuperación inclusiva.