El impacto de la IA en las relaciones laborales en España

La Inteligencia Artificial (IA) ha irrumpido con fuerza en el mercado laboral español, transformando profundamente las dinámicas tradicionales del trabajo. Lo que hace unos años parecía un horizonte futurista, hoy es una realidad presente que plantea retos jurídicos, éticos y sociales de gran calado.

Esta transformación afecta a sectores tecnológicos, pero también a la industria, la logística y los servicios. Partimos de la hipótesis de que la expansión no regulada de la IA amenaza con erosionar los fundamentos del Derecho Laboral español si no se adoptan medidas inmediatas y eficaces.

Uno de los primeros efectos visibles ha sido el reemplazo progresivo de determinados puestos de trabajo por sistemas automatizados. Los algoritmos ya no se limitan a ejecutar tareas mecánicas, sino que participan activamente en procesos de evaluación, selección de personal o gestión operativa. Esta sustitución amenaza especialmente a los empleos más rutinarios, generando nuevas formas de precariedad en un contexto económico que ya presenta alta rotación y fragmentación del empleo.

Más allá del desempleo tecnológico, emergen fenómenos como la deshumanización del entorno laboral. Algunas empresas, especialmente vinculadas a plataformas digitales o centros logísticos, han implementado sistemas de vigilancia algorítmica que monitorizan a los trabajadores en tiempo real, erosionando principios fundamentales como la dignidad, la privacidad o la salud psicosocial. Esta situación cuestiona derechos constitucionales como el artículo 18 CE, que protege la intimidad personal, y exige límites más claros frente al poder tecnológico empresarial.

Frente a esta realidad, el ordenamiento jurídico español avanza con lentitud. El artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores reconoce ciertos derechos digitales, pero no impone obligaciones efectivas a las empresas ni establece mecanismos concretos de control sobre los algoritmos. Muchos empleados ni siquiera saben que están siendo evaluados automáticamente, y carecen de vías claras para impugnar decisiones automatizadas.

Los desafíos éticos y jurídicos son evidentes. La opacidad algorítmica impide ejercer con normalidad derechos como la tutela judicial efectiva, la transparencia en los procedimientos y la no discriminación, todos ellos protegidos tanto por la Constitución como por la normativa europea en materia de protección de datos. La IA introduce un nuevo tipo de desigualdad, no solo laboral, sino también informativa y procedimental.

(Imagen: E&J)

Uso de la IA cada vez más frecuente

Según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), en 2024, el 11,4% de las empresas españolas de más de 10 empleados utilizaban tecnologías de IA, mientras que el 42,1% de la población adulta afirmaba haberlas usado alguna vez. Estos datos muestran que la adopción tecnológica avanza más rápido que la legislación, y exponen la urgencia de establecer un marco que impida abusos y garantice derechos en entornos digitales.

Ejemplos como Amazon o Uber, investigados en Europa por su uso intensivo de algoritmos para supervisar y sancionar trabajadores, revelan una tendencia preocupante. En centros logísticos de Amazon, sistemas monitorean cada movimiento del operario. En España, algunas plataformas digitales usan puntuaciones y penalizaciones automatizadas para gestionar a sus repartidores, replicando estas dinámicas sin suficiente regulación.

Aunque el Tribunal Supremo ha consolidado la laboralidad de los ‘riders’, el marco legal español aún no regula con claridad los algoritmos que estructuran su trabajo. Esto deja zonas grises donde decisiones empresariales automatizadas quedan fuera del control judicial o sindical. Las personas trabajadoras pueden sufrir consecuencias sin que haya responsabilidad legal atribuible de forma clara.

En el contexto europeo, se observan diferencias significativas en la regulación del uso de algoritmos en el ámbito laboral. Francia ha legislado la transparencia algorítmica en el sector público, obligando a las agencias a informar sobre el uso de algoritmos en decisiones administrativas. Alemania, por su parte, requiere la consulta obligatoria de los comités de empresa antes de implementar nuevas tecnologías que puedan afectar a los trabajadores.

En contraste, España cuenta con una Carta de Derechos Digitales que, aunque establece principios orientadores, carece de fuerza vinculante y no impone obligaciones legales específicas a las empresas en cuanto al uso de algoritmos en el entorno laboral.

Esa diferencia con otros países europeos puede generar un retraso normativo que afecte tanto a la protección de los trabajadores como a la competitividad responsable. La ausencia de reglas claras puede derivar en una ‘carrera hacia abajo’, donde las empresas compitan en precariedad tecnológica en lugar de en innovación justa.

(Imagen: E&J)

Ahora bien, la IA no es solo amenaza. Si se usa con responsabilidad, puede liberar a las personas de tareas repetitivas, mejorar la eficiencia y apoyar la toma de decisiones. Muchos despachos y empresas ya aplican herramientas para redactar documentos, analizar jurisprudencia o planificar recursos, como apoyo a la labor humana, no como sustitución.

El enfoque será clave. Si se impone sin diálogo social ni regulación, el resultado será regresivo. Si el Derecho recupera su papel proactivo, puede marcar límites éticos claros para que la tecnología esté al servicio de las personas, y no al revés.

España necesita una Carta de Derechos Digitales Laborales vinculante, con normas claras sobre transparencia algorítmica, información obligatoria y derecho a revisión humana. También es urgente formar a jueces, abogados y sindicatos en el control de estas tecnologías.

En definitiva, la irrupción de la IA en las relaciones laborales no es neutra. Puede ser una oportunidad para humanizar el trabajo o convertirse en un nuevo instrumento de desigualdad y control. Todo dependerá del compromiso político y de la vigilancia crítica de los operadores jurídicos.

Porque si permitimos que la inteligencia artificial regule el trabajo sin alma ni conciencia, corremos el riesgo de desdibujar lo que nos hace humanos. No basta con adaptarnos al cambio tecnológico; es hora de exigir que este cambio respete la dignidad del trabajador. En una sociedad que se mide por cómo trata a quienes la sostienen, renunciar a esa exigencia no sería progreso, sino retroceso.