El petaqueo como delito autónomo. Comentario al Auto de la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 7ª) de 27 de marzo de 2025

I. Introducción a un giro paradigmático en la persecución del crimen organizado

En el vasto e intrincado laberinto del derecho penal, donde las normas legales se entrelazan con las complejidades de la realidad social y las dinámicas en constante mutación del crimen organizado, el Auto de la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 7ª) de 27 de marzo de 2025, se erige como un faro luminoso que podría redibujar los contornos de la lucha contra las mafias del narcotráfico y el contrabando en el litoral andaluz. Este pronunciamiento, que revoca la libertad provisional concedida a un detenido por la posesión y transporte de más de 5.000 litros de gasolina, no solo desafía las prácticas judiciales tradicionales que han prevalecido durante décadas, sino que también abre una vía revolucionaria para considerar el denominado “petaqueo” no como una mera infracción administrativa o un acto accesorio al narcotráfico, sino como un delito autónomo con entidad propia, desvinculado de la necesidad de demostrar un propósito delictivo específico relacionado con el tráfico de drogas o el contrabando de tabaco. Lo anterior me sugiere que nos encontramos ante un momento de inflexión histórica, en el que el ordenamiento jurídico español podría estar al borde de una transformación profunda, no solo en su enfoque hacia las actividades auxiliares del crimen organizado, sino también en su capacidad para responder a las demandas de seguridad colectiva en un contexto marcado por la sofisticación de las redes delictivas.

La resolución, cuya redacción estuvo a cargo del magistrado sustituto Juan Carlos Velasco Perdigones –un jurista de 37 años, doctorado cum laude y profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de Algeciras, de la Universidad de Cádiz–, cuenta con el respaldo unánime de las magistradas Aránzazu Guerra y Paloma Gálvez, quienes integran la Sección 7ª. Este equipo judicial ha optado por anclar su razonamiento en el artículo 568 del Código Penal, un precepto que hasta ahora había sido relegado a un segundo plano en el combate contra las mafias, pero que ahora se revela como una herramienta potentísima para sancionar la tenencia, transporte y suministro no autorizado de sustancias inflamables como la gasolina. Este enfoque no solo representa una respuesta ingeniosa a la inacción legislativa frente a un fenómeno que ha crecido exponencialmente en el Estrecho de Gibraltar, sino también un ejercicio de creatividad jurídica que desafía los límites interpretativos de las normas penales en blanco, obligando a reconsiderar cómo el derecho puede adaptarse a las realidades emergentes sin esperar una reforma legislativa que, en muchos casos, llega tarde o nunca llega. Entiendo que este auto no solo tiene implicaciones prácticas inmediatas para la persecución penal, sino que también invita a una reflexión más amplia sobre la interacción entre el riesgo, la intención y la responsabilidad en el ámbito del derecho penal moderno.

II. El marco normativo con una relectura innovadora del artículo 568 del Código Penal

Para comprender la trascendencia del Auto de la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 7ª) de 27 de marzo de 2025, es imprescindible detenerse en el artículo 568 del Código Penal, que establece que la tenencia, depósito, fabricación, tráfico, transporte o suministro no autorizado de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, será castigado con penas de prisión que oscilan entre cuatro y ocho años para los promotores y organizadores, y entre tres y cinco años para quienes cooperen en su formación. Este precepto, instaurado en 1995, marcó un punto de inflexión en la legislación penal al eliminar la exigencia de que la tenencia ilícita de sustancias peligrosas estuviera acompañada de un propósito delictivo concreto, como podría ser su uso en atentados terroristas o actividades criminales específicas. Desde entonces, la simple posesión o transporte fuera de los cauces legales basta para configurar un tipo penal, siempre y cuando se demuestre que tal conducta genera un riesgo objetivo para la seguridad colectiva. Ello me obliga a deducir que estamos ante una norma de carácter preventivo, diseñada para proteger a la sociedad de los peligros inherentes a ciertas sustancias, más allá de su eventual uso en la comisión de otros delitos.

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala II) 175/2013, de 12 de marzo, afirma lo siguiente:

(Imagen: E&J)

«Conforme hemos dicho en STS. 304/2012 de 24.4, el tipo penal del art. 568 CP. contempla dentro de su ámbito tanto el depósito como la tenencia de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, así como de sus componentes. El bien jurídico, según la doctrina, dada la ubicación del precepto genérico, lo constituye la seguridad pública, en cuanto se proyecta sobre los riesgos para los bienes, vida e integridad personal, el patrimonio y el orden público, consistiendo el elemento subjetivo en que el autor haya tenido conocimiento de que la tenencia de las sustancias descritas en el tipo penal suponga un riesgo prohibido ( STS 601/2002, de 8.3 ). Se trata, por tanto, de un delito formal o de simple actividad, de peligro abstracto y de comisión únicamente dolosa, y que no requiere para existir que se produzca un resultado dañoso para esa pública seguridad, ya que es de peligro abstracto, siendo erróneo vincular el delito al hecho de que los explosivos lleguen a explosionar, cuando lo cierto es que para la consumación del delito basta la simple posesión de los explosivos.»

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Constitucional 24/2004, de 24 de febrero, recoge, hablando del artículo 563 del Código Penal, un interesante planteamiento sobre el tema de los tipos penales concernientes a armas prohibidas, combustible, explosivos y otros elementos peligrosos:

«Dado que el tipo se configura esencialmente en torno a un elemento normativo, por definición ello implica la referencia a normas cuyo posible conocimiento resulta indispensable para poder precisar el significado y alcance de dicho elemento y cuyo contenido pasa a integrar el tipo penal, contribuyendo a la configuración del hecho punible. Ahora bien, para que la utilización de elementos de tal índole sea constitucionalmente admisible las normas extrapenales han de ser fácilmente identificables de acuerdo con los criterios de integración del propio Ordenamiento jurídico. En el presente supuesto, puede afirmarse que la definición de la conducta típica se complementa, como ha sido tradicional en nuestro ordenamiento, con la normativa extrapenal contenida en el Reglamento de armas que define cuáles son las armas prohibidas, lo cual colma la exigencia de predeterminación normativa.

Por otra parte, esa llamada a la normativa extrapenal está justificada en atención al bien jurídico protegido por la norma penal -que, conforme a la interpretación doctrinal y jurisprudencialmente más extendida es la seguridad ciudadana (y, mediatamente, la vida y la integridad física de las personas), ante el peligro que para la misma representa la tenencia incontrolada de armasy parece necesaria a la vista del objeto de la prohibición, dada la complejidad técnica y la evolución del mercado de las armas, al que se incorporan sin cesar nuevos tipos y modelos o se perfeccionan los existentes, lo que hace imprescindible la adecuación de la normativa a esa evolución y justifica la remisión a la legislación administrativa, para delimitar lo que en cada momento se considera prohibido, sin necesidad de una constante actualización de la norma penal, que tiene una pretensión de relativa permanencia en el tiempo (STC 120/1998, de 15 de junio, FJ 5).»

En el caso del petaqueo, la Sección 7ª ha llevado a cabo un análisis exhaustivo para determinar si la gasolina puede ser clasificada como una sustancia inflamable o explosiva en los términos del artículo 568 del Código Penal. La resolución cita una batería de informes técnicos, normativas sectoriales y sentencias previas del Tribunal Supremo para argumentar que la gasolina, incluso a temperaturas extremas como -40 grados centígrados, posee propiedades intrínsecamente peligrosas que la convierten en un riesgo potencial para la seguridad pública. Además, se remite a la legislación específica sobre hidrocarburos, que limita el transporte y suministro de gasolina por particulares a un máximo de 60 litros –ampliable a 240 litros en el caso del gasóleo–, para destacar que la posesión de más de 5.000 litros, como ocurrió en el caso del investigado Manuel B.V., no solo excede con creces estos límites, sino que evidencia una clara voluntad de eludir los controles legales diseñados para mitigar los riesgos asociados. Considero que este razonamiento no solo es jurídicamente sólido, sino que también pone de manifiesto la necesidad de una interpretación teleológica del derecho penal, que priorice la protección de bienes jurídicos fundamentales, como la seguridad colectiva, sobre consideraciones estrictamente literalistas o formalistas.

III. La novedad jurídica con el riesgo penal como eje de la responsabilidad

Hasta el momento, el petaqueo había sido abordado desde una perspectiva predominantemente administrativa, tratándose como una infracción menor sancionable con multas cuya eficacia disuasoria era, en el mejor de los casos, cuestionable. Solo en situaciones excepcionales, cuando las fuerzas de seguridad lograban obtener pruebas irrefutables –como interceptaciones telefónicas, grabaciones de vídeo o testimonios directos– que establecieran un vínculo claro entre el transporte de gasolina y actividades delictivas como el narcotráfico o el contrabando de tabaco desde Gibraltar, se llegaba a una calificación penal. Sin embargo, el Auto de la Sección 7ª rompe con esta tendencia al sostener que el mero hecho de acumular, transportar o suministrar gasolina en cantidades desproporcionadas, sin las autorizaciones legales requeridas, constituye por sí mismo un delito que pone en riesgo la seguridad colectiva de manera consciente y voluntaria, independientemente de su destino final. Esta postura no solo amplía el alcance del artículo 568, sino que también desafía las categorías tradicionales del derecho penal, que suelen exigir un nexo causal directo entre la conducta y un resultado lesivo concreto.

El fundamento de esta innovadora interpretación radica en la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, que, en sentencias como la de 17 de julio de 2008, ha enfatizado que el dolo necesario para integrar el tipo penal del artículo 568 no requiere la demostración de un propósito delictivo ulterior, sino tan solo la conciencia del agente de estar actuando fuera de la legalidad y generando un peligro objetivo para la sociedad. En otras palabras, no es necesario probar que el investigado pretendía utilizar la gasolina para facilitar el narcotráfico o cualquier otro delito; basta con acreditar que, al transportar 164 petacas de combustible en una furgoneta o embarcación, o al acumularlas en una caseta sin las medidas de seguridad exigidas, puso en peligro la vida y los bienes de terceros de manera deliberada y evitable. Asumo que este enfoque no solo refuerza el carácter preventivo del derecho penal, sino que también establece un precedente que podría extenderse a otras conductas similares, como el almacenamiento ilícito de productos químicos o la manipulación no autorizada de materiales peligrosos.

(Imagen: Audiencia Provincial de Cádiz)

IV. Implicaciones y desafíos

La resolución de la Sección 7ª de Cádiz, si bien innovadora, no está exenta de críticas y desafíos. El propio Auto reconoce la existencia de criterios dispares entre las distintas Audiencias Provinciales y, en algunos casos, incluso entre secciones de una misma Audiencia, como ocurre en Cádiz con la Sección 4ª, que podría adoptar una postura más restrictiva. Algunos juristas podrían argumentar que tipificar el petaqueo como delito autónomo bajo el artículo 568 resulta desproporcionado, dado que la gasolina es una sustancia de uso cotidiano con aplicaciones lícitas, como el abastecimiento de vehículos o maquinaria. Desde esta perspectiva, aplicar penas de prisión de hasta ocho años a quienes transporten grandes cantidades de combustible podría ser visto como una respuesta excesiva, especialmente si no se demuestra un vínculo directo con el crimen organizado. Sin embargo, la Sección 7ª rebate esta objeción al señalar que las circunstancias concretas del caso –la cantidad desproporcionada de gasolina, la ausencia de autorizaciones y el contexto geográfico del Estrecho de Gibraltar– dejan poco margen para la duda sobre la naturaleza delictiva de la conducta.

Otro punto de controversia radica en la naturaleza de las normas penales en blanco, como el artículo 568, que requieren de complementos normativos para determinar su ámbito de aplicación. La Sección 7ª sostiene que la gasolina, por sus propiedades inflamables, encaja perfectamente en la descripción legal, pero esta afirmación podría ser cuestionada por quienes argumenten que el precepto fue diseñado originalmente para sustancias más claramente asociadas con el terrorismo o la delincuencia violenta, como explosivos o productos químicos tóxicos. Además, el Auto reconoce que la falta de una regulación específica sobre el petaqueo por parte del legislador obliga a los jueces a llenar este vacío mediante la interpretación, lo que podría generar inseguridad jurídica si las distintas jurisdicciones adoptan enfoques contradictorios. Entiendo que este dilema pone de relieve una tensión inherente al sistema jurídico: por un lado, la necesidad de adaptarse a las nuevas formas de criminalidad; por otro, el riesgo de sobrepasar los límites de la discrecionalidad judicial y caer en decisiones arbitrarias.

V. Reflexiones finales sobre un paso hacia la consolidación de un nuevo paradigma jurídico

El Auto de la Audiencia Provincial de Cádiz del 27 de marzo de 2025 representa un hito en la evolución del derecho penal español, al proponer una relectura audaz y fundamentada del artículo 568 del Código Penal que podría allanar el camino para el reconocimiento del petaqueo como un delito autónomo. Este pronunciamiento no solo refuerza la lucha contra las redes del narcotráfico y el contrabando en el litoral andaluz, sino que también invita a una reflexión más amplia sobre los límites y las posibilidades de la interpretación judicial en un contexto de inacción legislativa.

Si bien los desafíos persisten –desde las discrepancias jurisdiccionales hasta las críticas sobre la proporcionalidad de las penas–, la resolución de la Sección 7ª ofrece un modelo de cómo el derecho puede adaptarse a las realidades emergentes sin sacrificar su rigor técnico ni su compromiso con la seguridad colectiva. La última palabra, en caso de que el caso llegue al Tribunal Supremo, recaerá en este alto tribunal, cuya labor será determinante para consolidar o desestimar esta vía innovadora. En cualquier caso, el eco de Algeciras resuena con fuerza, señalando un horizonte jurídico que, aunque incierto, promete ser transformador.