El principio jurídico de actos propios puede operar tanto en beneficio de la administración pública como del administrado
El Supremo consolida el uso del principio de actos propios para proteger los derechos de los ciudadanos frente a cambios sorpresivos en la actuación administrativa
(Imagen: E&J)
El principio jurídico de actos propios puede operar tanto en beneficio de la administración pública como del administrado
El Supremo consolida el uso del principio de actos propios para proteger los derechos de los ciudadanos frente a cambios sorpresivos en la actuación administrativa
(Imagen: E&J)
En el presente artículo vamos a resaltar la virtualidad práctica que un principio jurídico tradicional y transversal, como el de actos propios, tiene en el ámbito del derecho administrativo actual y, particularmente, en las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos, contribuyendo a resolver las diversas controversias que se pueden suscitar entre ambos.
Si bien el principio jurídico de actos propios puede operar tanto en beneficio de la administración pública como del administrado nos vamos a centrar, principalmente, en aquellos supuestos o circunstancias que pueden propiciar su invocación a favor del administrado basándonos, principalmente, en la jurisprudencia actual.
Se trata de un principio jurídico estrechamente vinculado a otros principios jurídicos relevantes a los que debe ajustarse la actuación de la administración pública, especialmente, al principio de buena fe y confianza legítima (Artículo 3.1.e) de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público) o al de seguridad jurídica (Artículo 9.3 Constitución Española), pero también al principio de buena administración. A diferencia de estos principios jurídicos, la doctrina de los actos propios no se encuentra expresamente prevista en la legislación básica de las administraciones públicas.
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