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El TS se pronuncia sobre la aplicación a los portales de vivienda del concepto «dependencia de casa habitada»

Interpretación del artículo 241 del Código Penal en la reciente sentencia del Tribunal Supremo

(Foto: E&J)

Magistrada Suplente de la Audiencia Provincial de Valencia.

Tiempo de lectura: 5 min



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El TS se pronuncia sobre la aplicación a los portales de vivienda del concepto «dependencia de casa habitada»

Interpretación del artículo 241 del Código Penal en la reciente sentencia del Tribunal Supremo

(Foto: E&J)



En la original promulgación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el delito del artículo 241 del Código Penal de robo en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias -y la agravación del artículo 242.2 del Código Penal en caso de violencia o intimidación-, enmarcado en el Capítulo II (“De los robos”), del Título XIII (“Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”), de Libro II del Código Penal, tipificaba literalmente, en su apartado 1, la perpetración “en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias”, al cual la reforma operada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, añadió la perpetración “en un establecimiento abierto al público, o en cualquiera de sus dependencias, fuera de las horas de apertura”.

Los conceptos “casa habitada” y “dependencias de casa habitada o de edificio o local abierto al público” se contienen, en interpretación auténtica del legislador, en los siguientes apartados del citado precepto. Así, el apartado 2 señala que: “Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar.” y el apartado 3 señala que: “Se consideran dependencias de casa habitada o de edificio o local abiertos al público, sus patios, garajes y demás departamentos o sitios cercados y contiguos al edificio y en comunicación interior con él, y con el cual formen una unidad física.



En concreto, en lo que se refiere al concepto “dependencias de casa habitada”, dada la notable variedad casuística, hubo pronunciamientos jurisprudenciales no siempre coincidentes, lo que abocó al Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2016, especialmente referido a inmuebles comunitarios, bajo el asunto de “Alcance de la agravación específica que se define en los apartados 1 y 3 del art. 241 del Código Penal, especialmente en cuanto a la unidad de los espacios destinados a garajes comunitarios o espacios de urbanizaciones, esto es, el funcionamiento de tal agravación en los robos en parkings, portales o trasteros de edificios comunitarios contiguos a una escalera de vecinos o ascensores, como elementos comunes que conducen a una o varias viviendas en régimen de propiedad horizontal.” y el siguiente contenido: “Los trasteros y garajes comunes sitos en edificio de propiedad horizontal, donde también se integran viviendas, tendrán la consideración de dependencia de casa habitada, siempre que tengan las características siguientes: a) Contigüidad, es decir, proximidad inmediata o directa con la casa habitada; que obviamente puede ser tanto horizontal como vertical; b) Cerramiento, lo que equivale a que la dependencia esté cerrada, aunque no sea necesario que se halle techada ni siquiera murada; c) Comunicabilidad interior o interna entre la casa habitada y la dependencia; es decir, que medie puerta, pasillo, escalera, ascensor o pasadizo internos que unan la dependencia donde se comete el robo con el resto del edificio como vía de utilizable acceso entre ambos. d) Unidad física, aludiendo al cuerpo de la edificación.”.

«Abocó al Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2016» (Foto: Eduardo Parra)

En este sentido, se echa de menos que aludiéndose en el asunto introductorio del acuerdo a “parkings, portales o trasteros”, en el acuerdo mismo la referencia se limite a “trasteros y garajes”, sin mención a los portales. No obstante, esto se ha salvado por la jurisprudencia posterior; en efecto, el Tribunal Supremo señaló, poco después del acuerdo, que “Los elementos comunes de los edificios en propiedad horizontal, integran dependencias de casa habitada, aunque no fueren de uso exclusivo ni tuvieran comunicación directa interior con morada alguna, por accederse a los mismos traspasando la puerta común exterior o a través de las escaleras comunes (azoteas, portal, etc.).” (STS 972/2016, de 21 de diciembre). Es interesante este último apunte, porque en alguna ocasión, en relación con el delito de robo con violencia o intimidación (artículo 242 CP), se ha considerado por las Audiencias Provinciales que el portal no constituye dependencia de casa habitada. El Tribunal Supremo, clarificando la cuestión, ha señalado muy recientemente que “El portal de un bloque de viviendas en régimen de propiedad horizontal debe ser tenido como dependencia de casa habitada a los efectos típicos del artículo 242.2º CP.”, y que: “carece de todo sentido sistemático que un patio anexo pueda ser considerado dependencia y no el portal que constituye la zona del inmueble por la que se accede a la vivienda en condiciones de manifiesta contigüidad y comunicabilidad y con la que conforma, además, una misma estructura inmobiliaria y jurídica. El portal, como enfatizó la STS 1883/1987, «más que una dependencia conforma la propia casa habitada», sin perjuicio de que las expectativas de privacidad resulten diferentes y con ello también resulte diversa la protección constitucional que se dispensa a uno u otro espacio domiciliar -el habitacional, en sentido estricto, y el que permite acceder al mismo-.)”.

«Se echa de menos que aludiéndose en el asunto introductorio del acuerdo a “parkings, portales o trasteros”» (Foto: E&J)

En este sentido, el Tribunal Supremo se ha ocupado -en la sentencia que se acaba de citar- de aclarar que el fin de protección al que responde la agravación típica, cuando se trata de robos con violencia o intimidación, “no puede ser el mismo que presta justificación a la agravación en el robo con fuerza -la prevención del riesgo para la vida o la integridad física de los moradores que podrían aparecer por esas dependencias durante la comisión del delito patrimonial- pues en el robo violento o intimidatorio ese riesgo está presente en la ejecución de la propia acción”, si bien, precisando que: “Pero la no comunicabilidad de la protección constitucional a estas dependencias no significa, ni mucho menos, que no puedan identificarse razones también constitucionalmente valiosas que presten fundamento a la mayor protección penal buscada por el legislador cuando el robo se comete en dichos espacios. No cabe duda que el portal del edificio donde se ubica la casa habitada es por sí un espacio significativo para el desarrollo de algunas facetas de la vida privada y que, por ello, genera para el titular determinadas expectativas de privacidad -entre otras, impedir a terceros no legitimados el acceso; salvaguardar del conocimiento de personas extrañas al edificio el concreto lugar donde habita; situarse al abrigo de las miradas u observaciones de terceros etc.- y expectativas, también, de mayor seguridad que el que ofrece el espacio público que deben ser protegidas. Siendo precisamente la lesión de dichas singulares expectativas tanto de privacidad como de seguridad de las que disfruta el titular lo que permite considerar más grave al robo cometido en dichas dependencias.”.

Por último, debe realizarse una breve -pero no por ello menos importante-, precisión en relación con la cuestión objeto de estudio, al objeto de evitar confusiones que pudieran derivarse de la extrapolación del concepto a otros ámbitos, como pudiera ser el ámbito procesal penal en relación con el concepto de domicilio -el artículo 545 LECrim. prohíbe entrar en el domicilio de un español o extranjero residente en España sin su consentimiento excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en las leyes-; en este sentido, resulta sumamente ilustrativa la precisión que al respecto ha efectuado el Tribunal Supremo, al señalar que: “Ahora bien, el ámbito espacial y el fundamento de la agravación del robo (que contempla en el subtipo agravado del art. 241 no solamente a las casas habitadas, sino también a las «dependencias de casa habitada y a edificios o locales abiertos al público») es distinto del ámbito de protección de la entrada al domicilio a que se refiere en el art. 545 LECrim. No todos los lugares comprendidos en el subtipo agravado de robo precisan para la entrada en ellos de autorización judicial, al no hallarse incluidos en el ámbito de protección que dispensan los arts. 18 CE y 545 y ss. LECrim.” (ATS 1387/2017, de 5 de octubre).

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