El Tribunal investiga al eurodiputado “Alvise” por sospechas de financiación ilícita en su campaña

El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por Álvaro R., empresario investigado en la supuesta estafa piramidal relacionada con Madeira Invest, contra el eurodiputado Luis P.F., también conocido como «Alvise«. La denuncia acusa a Alvise de haber recibido 100.000 euros en efectivo, presuntamente para financiar su campaña al Parlamento Europeo, lo cual podría constituir un delito de financiación ilegal de partidos políticos.

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Este caso ha sido separado de la investigación principal sobre la plataforma de inversiones Madeira Invest, en la que se examinan posibles estafas y en la cual Alvise es señalado como presunto colaborador en la promoción de actividades ilícitas de la firma, pudiendo ser considerado cooperador necesario en el delito de estafa agravada.

El auto del juez Calama ofrece a Luis P.F., dada su condición de eurodiputado y aforado, la oportunidad de personarse voluntariamente en el juzgado el próximo 20 de noviembre para declarar. También se le permite presentar documentación, proponer diligencias de investigación y participar activamente en la instrucción del caso.

La denuncia incluye como pruebas una serie de comunicaciones entre Álvaro R. y el eurodiputado, donde se sugiere que el empresario habría proporcionado la suma para asegurar el éxito de la campaña electoral de Luis P.F. sin intervención o control estatal. En una de las conversaciones, se menciona que el eurodiputado agradece la entrega del dinero con expresiones de aprobación, confirmando haber recibido los fondos.

El juez Calama subraya que la admisión de la denuncia no implica una imputación judicial inmediata, pero abre la vía para la investigación formal de los hechos relatados en la misma. En su resolución, el juez menciona que los documentos aportados le otorgan cierta credibilidad, permitiendo que se inicien diligencias para verificar su contenido y proceder, en caso de hallarse indicios claros de ilegalidad.

La apertura de esta investigación responde también al marco establecido en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que permite al denunciado iniciar su defensa en el proceso desde las primeras fases.

Además, el juez analiza el delito de financiación ilegal de partidos políticos, el cual considera que se consuma con la mera entrega o recepción de la cantidad, sin que se requieran actos adicionales. Expone que, de acuerdo con la legislación, cualquier contribución que infrinja las prohibiciones sobre financiamiento debe ser considerada delictiva, sin importar si hubo aceptación o trámite formal posterior.

Por otro lado, Calama observa que la denuncia coloca también a Álvaro R. en una posición de responsabilidad penal, dado que esta figura contempla también a quienes ofrecen o facilitan dichas donaciones. Por ello, el juez ha modificado el estatus de Álvaro R., quien inicialmente figuraba como testigo, y ahora será investigado en calidad de coimplicado en los hechos, con su declaración prevista para el mismo 20 de noviembre.