El último repaso de la Comisión de Venecia a la elección de miembros del CGPJ
El modelo español lleva años bajo la lupa de Europa por el riesgo de politización que conlleva
(Imagen: CGPJ)
El último repaso de la Comisión de Venecia a la elección de miembros del CGPJ
El modelo español lleva años bajo la lupa de Europa por el riesgo de politización que conlleva
(Imagen: CGPJ)
Una opinión esperada en un momento crucial
La Comisión de Venecia ha hecho público su esperado dictamen sobre la reforma que ha de cambiar cómo se eligen los miembros judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España. Este documento, fruto de una solicitud formal de su presidenta, llega en un momento de estancamiento prolongado que ha puesto a prueba la credibilidad de nuestra justicia. La Comisión no se limita a un examen técnico; su análisis conecta la tradición constitucional española con los principios de independencia judicial que son pilar de cualquier democracia europea.
Para elaborar su opinión, los expertos designados mantuvieron intensas reuniones en Madrid con todos los actores implicados: desde los máximos representantes del Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia hasta los portavoces de los grupos parlamentarios y las asociaciones de jueces. Este proceso de escucha refleja una comprensión profunda de las dinámicas políticas y sociales que rodean esta reforma. El resultado es una evaluación matizada, que reconoce la diversidad de modelos existentes en Europa pero que no elude señalar con claridad qué caminos garantizan mejor la separación de poderes.
Un órgano en el centro del debate
El Consejo General del Poder Judicial nació con la Constitución de 1978 como garante de la independencia de los jueces. Sin embargo, su método de composición ha sido una fuente de controversia casi permanente. La intervención del Parlamento en la elección de sus miembros, aunque avalada por el Tribunal Constitucional, lleva años bajo la lupa de instancias europeas como la Comisión de Bruselas y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Estas instituciones han alertado repetidamente sobre el riesgo de politización que conlleva el modelo actual.
La situación alcanzó su punto crítico cuando el mandato del Consejo expiró en 2018 y sus miembros permanecieron en funciones durante casi seis años, una anomalía democrática que erosionaba la imagen de la justicia española. El acuerdo de junio de 2024 para renovar finalmente el órgano y reformar su sistema de elección supuso un primer paso para desbloquear la situación. La Ley Orgánica 3/2024 encargó entonces al propio Consejo la elaboración de una propuesta de reforma, que es la que ahora somete a examen la Comisión de Venecia.
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(Imagen: RTVE)
Dos opciones sobre la mesa
El análisis de la Comisión se centra en las dos alternativas planteadas.
La primera establece que los 12 miembros de la carrera judicial sean elegidos directamente por sus pares, sin intervención parlamentaria. La Comisión ve en esta opción la que mejor se alinea con los estándares europeos, al eliminar por completo la influencia política. No obstante, advierte de un riesgo latente: que las poderosas asociaciones judiciales, a menudo vinculadas a sensibilidades políticas, acaparen el proceso en perjuicio de los jueces no asociados. Para evitarlo, sugiere mecanismos que nivelen el terreno de juego, como convocatorias abiertas o normas que garanticen una campaña transparente e igualitaria.
La segunda opción, en cambio, mantiene un pie en el ámbito político. Propone una elección en dos fases: los jueces preseleccionan una terna de candidatos por cada plaza y es el Parlamento quien realiza la elección final. La Comisión es contundente al afirmar que este modelo no cumple con las recomendaciones internacionales. El hecho de que la última palabra recaiga en los grupos políticos, sin criterios vinculantes que guíen su decisión, reproduce el mismo defecto que se pretende superar. Además, no incluye mecanismos claros para resolver un eventual bloqueo, lo que podría devolvernos a la parálisis que hemos padecido.
Más allá del método de elección, el dictamen insiste en la necesidad de que el Consejo refleje la diversidad de la judicatura. Plantea que debe haber un equilibrio entre jueces del Tribunal Supremo, de instancias superiores y de los juzgados, incorporando también criterios de paridad de género y representación territorial. Se trata de que el órgano de gobierno de los jueces sea un espejo fiel de la realidad que gobierna.
Una hoja de ruta para la credibilidad
La opinión de la Comisión de Venecia no es vinculante, pero su peso moral y técnico es inmenso. Sienta un principio claro: la independencia judicial exige que los jueces sean elegidos predominantemente por sus pares. Cualquier reforma que diluya este principio difícilmente recuperará la confianza en nuestro sistema.
El camino que traza es exigente. No se conforma con cambios cosméticos, sino que aboga por una reforma estructural que blinde la autonomía del Poder Judicial. Incluso sugiere que el método de elección debería elevarse a rango constitucional para protegerlo de los vaivenes políticos. Las reacciones posteriores a la publicación del informe muestran que el debate está servido. Corresponde ahora a los legisladores españoles demostrar con hechos que la independencia judicial es una prioridad por encima de intereses partidistas. El futuro de la credibilidad de nuestra justicia depende de esta decisión.
