El universo jurídico se expande: la abogacía como pilar esencial para el futuro del derecho espacial
La evolución del sector espacial exige una arquitectura legal internacional y especializada que garantice seguridad jurídica, sostenibilidad y gobernanza en la nueva era del New Space.

(Imagen: Infoespacial)
El universo jurídico se expande: la abogacía como pilar esencial para el futuro del derecho espacial
La evolución del sector espacial exige una arquitectura legal internacional y especializada que garantice seguridad jurídica, sostenibilidad y gobernanza en la nueva era del New Space.

(Imagen: Infoespacial)
El sector espacial, que hasta hace pocos años fue dominio exclusivo de las administraciones públicas y grandes corporaciones, ha experimentado un desarrollo tecnológico y una evolución operativa sin precedentes y ha dado paso a una nueva era conocida como “New Space”.
Este crecimiento exponencial, impulsado por la miniaturización tecnológica, la reducción de costes de lanzamiento y la proliferación de actores privados, ha transformado el espacio ultraterrestre en un entorno de primer orden con profundas implicaciones geopolíticas, comerciales y ambientales. Esta realidad emergente ha puesto de manifiesto una necesidad imperiosa: la de un marco jurídico claro, armonizado e internacional que acompañe la complejidad y los desafíos de las retadoras actividades espaciales.
Para los que somos profesionales del Derecho, esta expansión representa una ineludible exigencia de participación activa y aportación de valor añadido en un campo que demanda una seguridad jurídica robusta y anticipatoria. Somos conscientes de que la incertidumbre y el riesgo multinivel inherentes a toda actividad espacial hacen que el Derecho asuma el reto de anticipar cautelas, ofrecer salvaguardas y garantizar responsabilidades, siendo la abogacía el actor clave en esta labor.
1. La imperiosa necesidad de actualización normativa
El marco jurídico internacional que rige las actividades espaciales se fundamenta en los Tratados y Principios de las Naciones Unidas del siglo XX, cuyo contenido apenas ha variado sustancialmente desde el primer tratado internacional promulgado en 1967. Si bien estos tratados fundamentales (como el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, el Acuerdo sobre el Salvamento de Astronautas de 1968, o el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de 1972) han permitido abordar una amplia casuística, sus conceptos y formulaciones, a pesar de su evolución en su momento, a mi juicio presentan hoy lagunas significativas y no siempre resultan idóneos o suficientes ante las “buenas prácticas” y estándares de una industria en constante disrupción. Es evidente la necesidad de una regulación legal más moderna que brinde seguridad a todos los intervinientes.
Ante esta fragmentación normativa y la creciente participación del sector privado, varios países han comenzado a promulgar sus propias leyes espaciales. Estados Unidos fue pionero con la “Ley de Exploración y Utilización de Recursos Espaciales de 2015”, que reconoce el derecho de los ciudadanos estadounidenses a poseer, transportar, utilizar y vender recursos extraídos del espacio. Le siguió Luxemburgo con su Ley de 20 de julio de 2017, la primera en la Unión Europea sobre la materia, que expresamente declara que “Los recursos espaciales pueden ser propiedad”.
Estas leyes buscan atraer inversiones y proporcionar seguridad jurídica, aunque plantean un debate crucial sobre la distinción entre la apropiación de recursos y la prohibición de apropiación y ocupación nacional de cuerpos celestes establecida en el Tratado del Espacio Exterior de 1967. Más recientemente, Japón (Ley de Actividades Espaciales de 2018) y Emiratos Árabes Unidos (Ley de Regulación de las Actividades Espaciales de 2019) también han avanzado en marcos regulatorios que promueven la minería espacial mediante estrictos sistemas de licencias.
En el contexto español, 2023 marcó un hito con la creación de la Agencia Espacial Española (AEE). Entre sus competencias clave, la AEE tiene el mandato de “proponer (…) un marco regulatorio adecuado para la actividad espacial en su conjunto, y en particular, elaborar una propuesta de anteproyecto de Ley del Espacio”. Esto subraya la conciencia a nivel nacional de la necesidad de una regulación adaptada a los nuevos tiempos y el año 2025 puede ser histórico si se publicara la Política, la Estrategia Nacional y la Ley de actividades espaciales de España.
2. La EU Space Act de 2025: hacia una gobernanza espacial europea unificada
La Unión Europea, consciente de la fragmentación de las legislaciones nacionales entre sus Estados miembros y la necesidad de armonización, ha propuesto la EU Space Act 2025 (Propuesta para una Regulación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad, resiliencia y sostenibilidad de las actividades espaciales en la Unión Europea). Esta iniciativa de gran calado busca establecer un marco regulatorio coherente y uniforme para las actividades espaciales dentro de la Unión.
Los objetivos principales de esta propuesta son ambiciosos y esenciales para el futuro del sector espacial europeo:
1. Fomentar la innovación y la previsibilidad para los operadores, creando un entorno empresarial estable y competitivo.
2. Garantizar la trazabilidad de objetos espaciales y reducir los desechos espaciales, mejorando así la seguridad de las actividades.
3. Desarrollar un marco específico de evaluación de riesgos de ciberseguridad adaptado a la infraestructura espacial.
4. Impulsar una metodología común para la evaluación del impacto ambiental de las actividades espaciales.
La EU Space Act abarca áreas cruciales, busca establecer normas uniformes para la autorización, el registro y la supervisión de actividades espaciales, la gestión del tráfico orbital, y aspectos de gobernanza y ejecución. Un aspecto fundamental es el reconocimiento mutuo de autorizaciones emitidas por los Estados miembros, lo que facilitará las operaciones transfronterizas y reducirá barreras administrativas, previendo ahorros para los operadores de hasta 100 millones de euros anuales.
Además, la propuesta aborda requisitos técnicos esenciales en tres pilares:
1. Seguridad espacial: Incluye obligaciones para operadores de lanzadores, coordinación con proveedores de tráfico aéreo, y la obligación de suscribirse a un servicio de evitación de colisiones y garantizar la capacidad de maniobra de los vehículos espaciales. Esto es crucial para abordar la creciente amenaza de los desechos espaciales, que aumentan el riesgo para satélites y misiones en funcionamiento.
2. Ciberresiliencia: Requiere evaluaciones de riesgo para cada misión, implementación de políticas de gestión de seguridad de la información y mecanismos de respuesta ante incidentes. La ciberseguridad es un pilar fundamental para proteger la infraestructura espacial de amenazas cibernéticas.
3. Sostenibilidad ambiental: Impone a los operadores el cálculo de la huella ambiental de la misión y la presentación de una declaración ambiental verificada.
La propuesta también se alinea con el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 y actúa como lex specialis respecto a directivas de ciberseguridad como NIS2 y CER, evitando requisitos duplicativos para operadores espaciales. Además, reconoce la dimensión global del sector al establecer mecanismos para la supervisión de operadores no europeos, requiriendo su registro en la UE y la designación de un representante legal.
3. La Abogacía: pilares legales del futuro espacial y garantes de la seguridad jurídica
La complejidad y transversalidad de las actividades espaciales generan una amplia gama de necesidades legales para las empresas del sector, lo que en nuestra opinión subraya la demanda imperante de una abogacía altamente especializada.
Lejos de ser meros consultores, los profesionales del Derecho son estrategas legales y pilares del desarrollo responsable, diseñan soluciones que garantizan la seguridad jurídica y la viabilidad de la industria espacial, en áreas como:
- Contratos y acuerdos: La abogacía es clave en la estructuración y formalización de contratos y acuerdos de colaboración, desde servicios de lanzamiento hasta la operación satelital, al asegurar marcos de cooperación claros y legalmente vinculantes entre empresas tecnológicas, proveedores y operadores.
- Licencias y permisos: Los abogados desempeñan un papel crítico en la obtención y gestión de licencias y permisos, desde los necesarios para los lanzamientos y operaciones en órbita hasta la crucial adjudicación de espectro radioeléctrico para comunicaciones satelitales. Su expertise asegura el cumplimiento riguroso de las normativas nacionales e internacionales, al habilitar la legalidad y continuidad de los proyectos espaciales.
- Propiedad intelectual e industrial: La protección de la propiedad intelectual e industrial es un área donde la abogacía aporta un valor inestimable. Dada la constante innovación en el sector, los profesionales del derecho son esenciales para salvaguardar patentes, secretos comerciales y diseños industriales, garantizando que los activos intangibles de las empresas estén debidamente protegidos desde el inicio de los proyectos.
- Responsabilidad civil y seguros: La gestión de la responsabilidad por daños derivados de objetos espaciales y la configuración de seguros adecuados son tareas de alta complejidad donde la abogacía es indispensable. Los abogados proveen la seguridad y previsibilidad necesarias para mitigar riesgos y asegurar la cobertura frente a posibles incidentes, incluso aquellos de naturaleza extracontractual.
- Recursos humanos y cumplimiento laboral: En un sector con alta demanda de talento especializado, la abogacía es vital para garantizar el cumplimiento laboral y la correcta gestión de los recursos humanos, especialmente ante la movilidad geográfica de los profesionales y la necesidad de asegurar condiciones de trabajo óptimas.
- Tratamiento de datos personales: La abogacía es fundamental para asegurar el cumplimiento estricto de la normativa de protección de datos personales, como el RGPD y la LOPD y GDD en España, aplicando principios de responsabilidad proactiva y enfoque basado en el riesgo. Es la abogacía quien mapea los complejos flujos de datos en las misiones espaciales y pretende la garantía del respeto a la privacidad.
- Productos y tecnologías de doble uso: La complejidad de los productos y tecnologías de doble uso, que pueden tener aplicaciones tanto civiles como militares o nucleares, exige la aportación especializada de la abogacía. Los profesionales del derecho contribuyen a garantizar el cumplimiento de la estricta normativa de control de exportaciones y la correcta obtención de autorizaciones y registros especiales como el REOCE, asegurando la legalidad de las transferencias tecnológicas.
- Regulación financiera, fiscal y mercantil: Finalmente, la abogacía es esencial para asegurar el cumplimiento riguroso de la regulación financiera, fiscal y comercial en todas las transacciones y operaciones del sector espacial, mediante las restricciones sobre la transferencia de tecnología, y al proporcionar la solidez legal indispensable para la viabilidad económica de los proyectos.
En definitiva, la solidez jurídica y el estricto cumplimiento normativo son pilares irrenunciables para el crecimiento y el éxito del sector espacial. Los profesionales del Derecho, con nuestra capacidad para anticipar cautelas, ofrecer salvaguardas y garantizar responsabilidades, no somos solo asesores, sino socios estratégicos indispensables y arquitectos legales que facilitamos construir el marco de seguridad y confianza necesario para el avance en esta nueva frontera espacial.
En resumen, la convergencia del rápido avance tecnológico y la necesidad de una gobernanza espacial robusta está creando un nuevo y dinámico campo del Derecho. Para los profesionales de la abogacía, esto representa un llamamiento a la acción de valor añadido y a la especialización multidisciplinar y estratégica, consolidándose la profesión como arquitectos legales fundamentales del futuro en el espacio ultraterrestre. El universo jurídico se expande, y con ello, la indispensable contribución de la abogacía para un desarrollo espacial seguro, sostenible y legalmente viable.
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